Ahora que está casi aprobada la nueva ley económica (un nombre imposiblemente largo), se ha abierto un debate de cómo poner más orden en las finanzas públicas y en particular la sensatez de eliminar parcial o totalmente el subsidio a los combustibles.

Primero cifras. El subsidio a los combustibles importados (el más oneroso, porque también hay una pequeña parte adicional relacionada con combustibles producidos en el país) fue de casi 4.000 millones de dólares en 2014 y para 2017 bajó hacia los 1.000 millones, porque el precio mundial del petróleo cayó y paralelamente se hicieron (disimuladamente) ajustes en precios y subsidios internos. En el 2018 estará alrededor de 1.800 millones de los cuales 800 millones corresponderán al diésel, 650 millones a gasolina y 350 millones a gas. ¡Mucho dinero!

Ahora vamos a los conceptos. Mi modesta opinión es: sí se debe eliminar parcialmente ese subsidio, pero hay dos condiciones necesarias que deben acompañarlo.

¿Eliminar? Efectivamente, es un subsidio muy malo, porque usamos la energía más de lo necesario (damos vueltas eternas a la cuadra antes de parquear el vehículo en lugar de caminar), hay contrabando en las fronteras, beneficia proporcionalmente en exceso a los que más tienen (autos demasiado voraces o piscinas calentadas con gas), etcétera. ¿Eliminar con focalización? Sí, por razones políticas que no se pueden desconocer, pero sobre todo porque el impacto sobre la gente de menos recursos (transporte, gas doméstico) no es despreciable y para algunos muy fuerte. Con lo cual la eliminación parcial del subsidio debería aportar al menos unos 1.000 millones adicionales al fisco.

Pero ¿qué condiciones se deben cumplir? Básicamente que estos ingresos adicionales entregados al Gobierno (no olvidemos, son 1.000 millones que saldrían de nuestro bolsillo) no pueden ser un pretexto para evitar el ajuste del gasto en el Estado. Más que el subsidio, lo que hoy más pesa negativamente sobre la economía es ese Estado enorme, costoso, inútil en muchas actividades, peor, no solo inútil sino que frena e impide la actividad de otros. Es doblemente pernicioso. Por eso los recursos que le daríamos al Gobierno deben llevar a dos cosas. Una, que a cambio de esos 1.000 millones se elimine algún impuesto negativo, por ejemplo, el ISD, que más o menos equivale a ese monto (se ha dicho que no se lo elimina en parte por el peso fiscal que representa), lograríamos así un doble resultado positivo: eliminar un mal subsidio (combustibles) y eliminar un mal impuesto (ISD) manteniendo los ingresos fiscales. Dos, que el ajuste del déficit se dé por donde debe darse: eliminación de tanto gasto inútil del Estado (sea corriente o inversión).

Francamente, si me plantean que ese no es el orden correcto, sino que el ajuste en el subsidio debe ayudar directamente a subsanar el déficit sin bajar gasto suficientemente, yo estaría en contra: al menos habría 1.000 millones en el bolsillo de la gente en vez del estatal. La economía necesita todo a la vez: eliminar malos impuestos, eliminar subsidios y eliminar gastos inútiles... para mí, no es una novedad, siempre lo ha planteado así. (O)