El debate sobre las disposiciones emitidas por la juez en contra de Rafael Correa en el caso Balda se ha mantenido fundamentalmente en el ámbito jurídico. Era inevitable que fuera así, porque el primer derecho en cualquier proceso es el de pataleo, que se ejerce en el laberinto de los procedimientos. Pero, lo más interesante no ha sido la discusión sobre la legalidad, pertinencia y viabilidad de las órdenes de presentación en la Corte y de prisión preventiva, sino la oportunidad que se abrió para revisar rigurosamente las leyes expedidas en el decenio correísta. Cuando eran aplicadas con padrino propio, no importaban la lógica y la racionalidad de esas leyes. Ahora, cuando están a cargo de jueces que ya no deben obediencia y cuando sirven para juzgar a quienes las hicieron y las concibieron como armas políticas, muestran con toda crudeza su carácter de esperpentos.

Con todo lo importante que es el debate jurídico, es necesario acompañarlo del análisis político, porque, aunque las acciones que se juzgan no tengan nada que envidiar a las de Vito Corleone, de lo que se trata es precisamente de política. Pero, en casos como este, la política suele ser más enredada que de costumbre, no solo porque hay que buscarla en los entreveros del complejo lenguaje jurídico y sus maleables procedimientos, sino sobre todo porque no está claro quiénes pueden ser los beneficiarios de una u otra acción. El más pequeño paso de cada uno de los involucrados puede cambiar drásticamente el escenario y llevar a desenlaces inesperados. Por ello, conviene considerar primero cuáles pueden ser esos pasos, para poder deducir hipotéticamente el punto de llegada.

En lo inmediato, la ratificación de la orden de detención coloca al caso en una vía sin retorno. Esto significa convertirle a Correa en un objetivo de la justicia que, políticamente, es excelente pretexto para presentarse como un perseguido. Con ello, él cosecha puntos a su favor. Sin esa orden, al contrario, se habría podido evitar la contaminación política del proceso judicial. Además, la iniciativa quedó en manos del expresidente, ya que es quien deberá dar el siguiente paso y con ello podrá definir el rumbo general del proceso. La justicia tendrá que acomodarse a lo que él haga, ya sea el pedido de asilo o la apelación a otras instancias. Es decir, entrará en una dinámica reactiva después de haber tenido el control de la situación. Finalmente, cabe recordar que la inclusión de Correa en este proceso es solamente una vinculación y no una acusación. Por tanto, se debe considerar la posibilidad de que la misma jueza u otro tribunal no encuentren sustento para acusarle, con lo que él obtendría una segunda victoria.

Hasta ahora, el triunfador es Correa. Presentarse como perseguido siempre da réditos y más si toda la política nacional vuelve a girar en torno a él. Así, queda claro que la jueza no actuó políticamente, excepto para quien quiera suponer que esto es lo que ella quería. Por salud pública cabe suponer que es un resultado inesperado. (O)