Lautaro Ojeda Segovia

En forma dramática el periodista y escritor Roberto Saviano resume la trascendencia que tiene la coca en el mundo contemporáneo al afirmar que “la coca gobierna el mundo, es como Dios porque está en todos lados; es maligna, es una energía devastadora y mortal”. Estas frases dimensionan la trascendencia y actualidad del fenómeno del narcotráfico.

El incremento del narcotráfico y del crimen internacional organizado en América Latina y en el Ecuador está obligando a que las FF.AA. se policialicen, posición que obliga a repensar su papel en el ámbito de la seguridad.

La participación de las FF.AA. en el combate al narcotráfico y al crimen organizado advierte el peligro de mezclarse peligrosamente con una concepción militarizada del “nuevo enemigo interno” que afecta directamente al Estado de derecho. Existen notables ejemplos en América Latina.

Los efectos de la estrategia de debilitamiento de las FF.AA. han ocasionado en la última década pérdida de capacidad operativa.

Si algo positivo ha tenido el brutal estallido de violencia en la frontera norte es haber destapado el conflicto en los ámbitos de seguridad y defensa que permanecían camuflados.

El Ecuador ha comenzado a despertar del letargo o somnolencia en el que vivía en el campo de la seguridad. Vergonzosamente comienza a reconocer su indolencia e irresponsabilidad en el conocimiento y defensa de la frontera norte, en especial por parte del poder ejecutivo.

Los atentados han permitido descubrir la profunda y compleja problemática de inseguridad en la frontera norte y por tanto la importancia y necesidad de conocer su etiología, posibles causas estructurales y coyunturales del problema; y, sobre dicha base diseñar y ejecutar los planes y acciones inmediatas y mediatas.

En este contexto el Gobierno acudió, en primera instancia, a las Fuerzas Armadas, llamadas a proteger la integridad territorial y hacer prevalecer la soberanía nacional; y a la Policía Nacional, responsable del orden interno y la seguridad ciudadana.

La militarización de la zona declarada en emergencia ha comenzado a mostrar las raíces profundas de la región de la frontera norte como la pobreza, la inequidad, corrupción, impunidad e injusticia imperantes, en síntesis el abandono estatal en el ámbito económico y social, pero a la vez la existencia de luchas de poder luego de que las FARC salieron y entregaron las armas por parte de los grupos narcotraficantes colombianos, y su contaminación en la frontera ecuatoriana.

Cada vez se reconoce que la problemática de la seguridad va mucho más allá de las Fuerzas Armadas encargadas de la defensa nacional, y de la seguridad ciudadana a cargo de la Policía Nacional.

En este contexto es fundamental destacar el cambio de mando en el Ministerio de Defensa, con un oficial con conocimiento, experiencia en el ámbito de la seguridad, general (sp) Oswaldo Jarrín, quien luego de visitar las unidades militares en el cantón San Lorenzo ratificó que con Colombia seguirá existiendo cooperación en inteligencia, información, capacitación, pero no en operaciones militares. Destacó además la importancia de la seguridad cooperativa con Colombia.

Hay que tener presente que los artículos 158 y 163 de la Constitución vigente define las misiones de Fuerzas Armadas y Policía Nacional. La primera, la defensa de la soberanía e integridad territorial y en forma complementaria el apoyo a la seguridad integral del Estado; y, la segunda, la atención a la seguridad ciudadana, el orden público y proteger el libre ejercicio de los derechos y seguridad de las personas dentro del territorio nacional.

Uno de los desafíos de mayor complejidad para el Gobierno nacional en el ámbito de la seguridad y defensa es la redefinición o replanteamiento del papel de la seguridad interna y externa. Replanteamiento de leyes como la de Ley de Seguridad Pública y del Estado, en especial las competencias y funciones del Consejo Nacional de Defensa y el servicio de Inteligencia en el marco del respeto a los derechos humanos. (O)