Por si fuera poco

Lunes, 9 de Abril, 2018 - 00h00
9 Abr 2018
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9 Abr 2018

Señalar que el ejercicio profesional de derecho en Ecuador es cada vez más difícil y precario, no es decir nada nuevo. Tenemos una administración de justicia de la que no se puede hablar sin sentir vergüenza ajena. Jueces con una enorme carga de trabajo, sin pago de horas extras y con formación continua menos que deficiente. Una estructura administrativo-disciplinaria que por la vía de la determinación inconstitucional del “error inexcusable” ha generado tal clima de miedo y persecución entre los operadores de justicia, que ha borrado toda forma de independencia de estos, respecto de la bota política que por diez años ha aplastado su cuello.

Obviamente todo lo descrito genera el peor clima para ejercer la abogacía en el país. La seguridad jurídica está por los suelos, más aún cuando nuestras “altas cortes”, entiéndase como tales a Corte Constitucional y Corte Nacional, han sido por demás reticentes a asumir resoluciones plenarias que unifiquen los criterios jurisprudenciales a seguir por parte de los jueces de nivel inferior. De fiscalía mejor ni hablar, además de la vergonzosa pugna entre el fiscal general y su subrogante, está claro para cualquiera que tenga alguna relación con el sistema penal, que ignorancia y corrupción son pan de todos los días en esos lares.

La forma implacable con la que se ataca a los menos favorecidos se puede demostrar estadísticamente, pues en los últimos siete años la población carcelaria prácticamente se ha cuadriplicado y los destinatarios de esta máquina de picar carne, en que se ha convertido el sistema judicial penal, son siempre miembros del sector socioeconómico más subalterno. Si van a la cárcel van a ver que más del setenta por ciento de los delitos por los cuales se ha procesado y condenado a los que ahí se encuentran son pequeños delitos contra la propiedad o pequeño tráfico de sustancias prohibidas. Delincuencia marginal con la que se satisface las supuestas estadísticas de seguridad ciudadana. Hace menos de una semana, la policía de frontera se ufanaba de haber realizado un operativo por el que se detuvo a una persona que transportaba tres sacos de cebollas ilegalmente introducidos, como si fuera una hazaña digna de contarse por generaciones.

Ante semejante desprotección, lo que nos queda obviamente son los gremios de abogados que, en mayor o menor medida, se han constituido en los espacios en los que los profesionales del derecho encuentran protección y defensa. Muchos colegios de abogados han dejado de ser entes inservibles, encargados de organizar campeonatos de fútbol y algún agasajo por Navidad, para transformarse en generadores de pensamiento jurídico y defensores de derechos. Las viejas dirigencias, que durante décadas se enquistaron en los gremios, han sido enterradas por decisión democrática de los propios agremiados y las nuevas directivas buscan llevar a estas instituciones a niveles superiores de representación y academia.

Estamos claros que si no cambia la justicia, no cambia nada y que el actual Consejo de la Judicatura debe ser cesado cuanto antes, para dar paso a uno nuevo que respete la Constitución y la ley. Solo la forma en que han aplicado el “error inexcusable” es más que suficiente argumento para mandarlos a su casa. El artículo 131.3 del Código Orgánico de la Función Judicial es totalmente claro al establecer que corresponde a los órganos jurisdiccionales la determinación de incorrecciones en la tramitación de los procesos o el error inexcusable y que esto, además, debe realizarse en actos procesales como sentencias o providencias. Durante todo el tiempo en que este Consejo de la Judicatura ha ejercido sus funciones ha asumido ilegal e inconstitucionalmente esta atribución, lo cual debería tomarse en cuenta por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social a la hora de decidir su futuro.

Por si todos los aspectos descritos no fueran suficientes como para complicar la vida de los abogados en este país, la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera expidió en el mes de mayo del año pasado una resolución, la 382-2017-F, en la que establece que los servicios auxiliares del sistema financiero se deben prestar por compañías, que además se sometan a regulación y calificación de la Superintendencia de Bancos y Seguros. Estos “servicios auxiliares” están constituidos por todos aquellos que se prestan a las instituciones del sistema financiero, desde cobranzas judiciales, hasta colocación de ventanas y puertas. En el caso específico de los abogados, muchos de ellos ejercen individualmente desde sus despachos y lo hacen directamente con las entidades. Ahora no podrán hacerlo más, porque deberán constituirse como compañías y además someterse a la calificación del ente de control. En fin, la visión distorsionada por la que el Estado debe regularlo y controlarlo todo, no ha desaparecido y continúa ejerciendo sus efectos negativos en una economía como la nuestra, que lucha día a día por mantener la nariz fuera del agua. (O)

 

Estamos claros que si no cambia la justicia, no cambia nada y que el actual Consejo de la Judicatura debe ser cesado cuanto antes, para dar paso a uno nuevo que respete la Constitución y la Ley.

 

Por si fuera poco
Señalar que el ejercicio profesional de derecho en Ecuador es cada vez más difícil y precario, no es decir nada nuevo.
2018-04-09T00:00:35-05:00
El Universo

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