Una pesadilla de casi cinco años (PARTE I)

27 de Febrero, 2018
27 Feb 2018
27 de Febrero, 2018 - 00h08
27 Feb 2018

Una de las normas deontológicas del periodismo prohíbe a quienes hacemos opinión tratar temas en los que tenemos o hemos tenido intervención o interés personal. Durante todo el tiempo en que he tenido el honor de dirigirme a ustedes desde este espacio he respetado a rajatabla esta prohibición, pero hoy, dadas las circunstancias, me considero dispensado de esta limitación, pues a lo que me voy a referir en este artículo, no es un tema profesional más o uno de los ya miles de procesos en los que he intervenido en mi larga y agitada actividad como litigante. Pues no, hoy creo necesario como columnista, por respecto a la historia y a la memoria, poner en su consideración más que un análisis, un relato de uno de los episodios más graves de criminalización del periodismo, en el que me cupo en suerte ser más que un espectador de primera fila, un protagonista.

Me refiero al proceso penal contra Fernando Villavicencio y Cléver Jiménez, en el que la semana pasada se llevó a cabo la audiencia de juzgamiento y en la que se dictó sentencia ratificatoria de inocencia a favor de los procesados. Todo empezó con la publicación de un artículo de autoría de Fernando Villavicencio, en el portal digital Plan V y en el que además de una entrevista a Cléver Jiménez, se hace referencia a correos electrónicos cursados entre los entonces procurador general del Estado, Diego García Carrión, y el secretario jurídico de la Presidencia de la República, Alexis Mera Giler. En estos correos se analizaba el posible conflicto de interés que podría tener un estudio jurídico que iba a representar judicialmente al Ecuador en un proceso de arbitraje internacional con la compañía Chevron. Es decir, aspectos netamente referidos a contratación pública y en el que no se incluía tema alguno relacionado a la seguridad nacional.

Un aspecto adicional: estos correos electrónicos ya se habían puesto en consideración de la Corte de Nueva York, en el caso que por delincuencia organizada siguió (y ganó) Chevron, contra Steve Dozinger y los demás abogados y jueces que intervinieron en el proceso seguido en su contra en la Corte Provincial de Sucumbíos. El que los correos se encuentren incluidos en un proceso público y que hacían referencia a temas de interés público, no importó en absoluto a la Fiscalía a la hora de ordenar como acto urgente, el allanamiento a la casa de Villavicencio, de la que se llevaron todo documento, computador y dispositivo electrónico disponible. Quien dirigió este operativo fue nada más ni nada menos que el mismo fiscal que procesó y acusó a los 10 de Luluncoto, José Luis Jaramillo, quien posteriormente fue premiado con una notaría que la ejerce hasta la fecha. Era el 27 de diciembre de 2013 a las dos de la mañana y en medio de las celebraciones propias de la fecha, recibí la llamada de un común amigo y concurrí al domicilio del periodista. Una cantidad enorme de miembros del GIR, todos con pasamontañas y armas de alto poder en las manos, se encontraban ahí, como si se tratara de capturar a un capo internacional del narcotráfico o el líder de alguna célula terrorista. El apartamento estaba revuelto y los hijos de la familia Villavicencio se limpiaban las lágrimas. Esta escena la volvería a ver años más tarde, dentro de este mismo affaire.

La maquinaria de picar carne en que se convirtió a la administración de justicia bajo la égida de Jalkh en el Consejo de la Judicatura y de Chiriboga en la Fiscalía, funcionaba a todo vapor y a plena capacidad.

Pese a que se llevaron todo lo que encontraron, les tomó casi tres años iniciar proceso contra Villavicencio y Jiménez, a quienes acusaron de hackear los correos electrónicos de la Procuraduría y la Presidencia de la República. En la audiencia de formulación de cargos llevada a cabo en agosto de 2016, era tal el ambiente de persecución judicial a todo aquel que se opusiera al régimen correísta, que el equipo de defensa celebró como un triunfo el que no se hubiera dictado prisión preventiva en contra de los procesados, pese al pedido realizado por la Fiscalía. Una semana antes se había disuelto la UNE, en esos días debía llevarse a cabo la audiencia preparatoria de juicio contra David Rosero, acusado de “ataque o resistencia”, así como en la ciudad de Macas se procesaba al presidente y vicepresidente de la Conaie y seis dirigentes indígenas más, acusados del delito de “paralización de servicios”. De igual forma, en esa misma semana trece policías fueron acusados de secuestrar al expresidente Correa el 30-S y procesados ante la Corte Nacional de Justicia.

La maquinaria de picar carne en que se convirtió a la administración de justicia bajo la égida de Jalkh en el Consejo de la Judicatura y de Chiriboga en la Fiscalía, funcionaba a todo vapor y a plena capacidad. Era el año 2016, mes de agosto, posiblemente la peor época de la justicia en la historia del Ecuador. (O)

Una pesadilla de casi cinco años (PARTE I)
Una de las normas deontológicas del periodismo prohíbe a quienes hacemos opinión tratar temas en los que tenemos o hemos tenido intervención o interés personal.
2018-02-27T00:08:25-05:00
El Universo

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