Los bolivarianos sostienen que el presidente venezolano debe asistir a la Cumbre de las Américas que se realizará en Lima. Tienen razón, pero no por bolivarianos ni por la obsoleta concepción de soberanía que reivindican, sino por razones totalmente contrarias a lo que ellos pregonan. La principal de estas es que este puede ser el espacio adecuado para aplicar las sanciones contempladas en los artículos 20, 21 y 22 de la Carta Democrática.

Como aspecto formal, se debe considerar que el Gobierno peruano solamente es el anfitrión, el que presta su casa para la reunión, lo que no le faculta a definir la lista de invitados. En realidad, no hay lista de invitados porque todos los países miembros de la OEA tienen derecho a asistir. Se sentaría un grave precedente si se aceptara esa capacidad de veto, ya que ahora es Venezuela, pero más adelante podría quedar excluido otro país porque así lo decidiera el encargado de organizar una reunión.

Reconocer ese derecho no significa ignorar que Venezuela dejó de ser una democracia. Ya no cumple con los estándares mínimos para calificarla como tal. No hay Estado de derecho que garantice las libertades de las personas. Se eliminó la separación y balance de poderes al colocar un mamotreto unipartidista controlado por el Ejecutivo encima de la asamblea legislativa. Se eliminaron las elecciones libres y limpias y se vetó la participación electoral de partidos y dirigentes de la oposición. Es el segundo país latinoamericano (después de Cuba) en número de presos políticos. La represión ha sido la respuesta gubernamental a las protestas ciudadanas, con más de un centenar de muertos. El éxodo de decenas de miles de personas es expresión de la crisis económica, pero también de la asfixia política.

Por tanto, es acertada la posición de los gobiernos –entre los que se cuenta el de Perú– que han calificado al régimen venezolano como una dictadura. Pero esas declaraciones, por más que sean hechas por catorce países, no tienen efecto práctico en términos de incidir sobre la situación de Venezuela, ni son suficientes para excluir a Maduro de la Cumbre. Al contrario, el lugar para tratar el problema venezolano es esa reunión, en cuyo tema central (la gobernabilidad democrática frente a la corrupción) caben perfectamente el análisis y la aplicación de sanciones por la alteración del orden constitucional y democrático. A la OEA le corresponde abordar directa y descarnadamente esa situación y aplicar lo establecido en la Carta Democrática.

Pero sería ingenuo pensar que, pese a la gravedad de la situación venezolana, vaya a producirse fácilmente la condena. Aunque el bloque bolivariano está reducido y va de salida, será muy difícil conseguir la mayoría. Maduro no tiene recursos para alimentar a su pueblo, pero sí para asegurar el voto de varios países. El Gobierno ecuatoriano ha anticipado que mantendrá los principios correístas –propios de las dictaduras de los años setenta– que utilizan a la soberanía como escudo para esconder complicidad. Así, arroja al tacho de basura los derechos humanos, centrales en la doctrina Roldós. (O)