Leyendo la Ley Orgánica de Educación Superior da la impresión de que lo más importante no es formar a los mejores profesionales sino evitar que los dueños de universidades particulares ganen dinero.
Yo estoy de acuerdo en que se evite la explotación del estudiante, si se diere el caso, y en contra de que la universidad se vuelva una mina de oro para sus accionistas. Pero me parece una barbaridad lógica y jurídica que se impida que los dueños ganen razonablemente.
La persona que invierte su dinero y su esfuerzo en sacar adelante una universidad que promueva el pluralismo, la tolerancia, la investigación y exija altos estándares académicos, que pague bien al personal, tiene derecho a lucrar razonablemente como cualquier empresario. Esa persona podría no arriesgar e invertir su dinero en un depósito en un banco, con lo cual ganaría intereses. Pero prefiere arriesgar su dinero y dedicar sus esfuerzos a la enseñanza. Y de este modo apoya al Estado en una tarea fundamental, pues le alivia en buena parte esa obligación. Así como los propietarios de clínicas o de funerarias (o de otras empresas de actividades menos sensibles) tienen pleno derecho a ganar pero no a explotar, el accionista de la universidad también lo tiene.
Castigar el esfuerzo es una estupidez y una falta de coherencia, aparte de una ilegalidad, como veremos más adelante. No hay justificación ética para prohibir que los inversionistas en universidades ganen razonablemente; se dirá, con razón, que la educación es un bien fundamental, pero más importante es la alimentación, y a nadie en su sano juicio se le ocurriría que los agricultores que producen arroz, papas o cualquier alimento los regalen, y que las tiendas y supermercados hagan lo propio.
La Constitución de Montecristi establece en el artículo 11 numeral segundo una garantía fundamental, que es la prohibición de que las personas sean discriminadas. No hay excepciones. No hay motivo válido en la ley para discriminar a nadie. ¿No es discriminatorio que se prohíba a los que han invertido en universidades ganar razonablemente dinero por su inversión? Definitivamente esa prohibición es inconstitucional por discriminatoria. Y si a eso añadimos que, de alguna manera, se está dando retroactividad a los efectos de esa ley, nos damos cuenta de que el daño es más grave.
Para colmo de torpeza, como secuela de una serie de leyes mañosas diseñadas contra natura, ahora se va a proceder a cerrar una excelente Universidad, la Santa María, causando un grave daño a estudiantes, profesores y empleados, así como a proveedores. Parecería que en el Ecuador hay abundancia de profesionales bien preparados. Esperamos que las actuales autoridades, que han demostrado una actitud contra el odio (“para odios no me llamen”, dijo el presidente Lenín Moreno), enderecen todo esto y que el buen sentido que reclamaba José Ingenieros se imponga en nuestro país.(O)
Jorge Wright Ycaza, avenida Samborondón
