No entiendo el entusiasmo de algunas personas con la consulta popular. Las preguntas están llenas de medias tintas y subterfugios, su aprobación popular podría resultar inútil porque decisiones legislativas o administrativas las interpretarán quitándoles eficacia. Tal acontece con la que versa sobre la Ley de Plusvalía, que en lugar de derogar de una vez ese engendro del correísmo, remite a una nueva ley que algún día dictará el Congreso. Con respecto a la explotación del Yasuní, ¿por qué no se anula la autorización legislativa, en lugar de hacer un recorte medroso? El tema de la explotación minera en zonas protegidas y urbanas, ¿por qué se lo restringe a la minería metálica?, ¿no recuerdan el desastre de la explotación de canteras en Pomasqui y Lulumbamba? Las propuestas de la “muerte civil” para los corruptos y la no prescripción de los delitos contra niños buscan frenar delitos odiosos, pero no conviene ampliar el arsenal punitivo de la ley, sino más bien hacer más efectivo el existente. La introducción de sanciones ajenas a nuestra tradición jurídica puede resultar peligrosa en manos de una justicia poco fiable. Si se aprueban en la consulta los cambios en la conformación del Consejo de “participación ciudadana”, este pasará de ser un organismo embozadamente nombrado por el Ejecutivo a serlo desembozadamente.

La pregunta que más les interesa es la que interroga sobre la prohibición de la reelección indefinida de los mandatarios. Mi opinión es que se debe prohibir toda reelección porque, cuando ha habido la posibilidad, los ecuatorianos hemos electo no al “malo conocido”, sino al “conocido por malo”. Esto ha sido así siempre, no hay excepciones históricas. Pero con esta reforma se pretende cerrarle el paso al mayor enemigo que han tenido las instituciones republicanas en 200 años de existencia del Estado. Esta importante razón me llevará a poner, sin pensar mucho, “Sí” en todas las preguntas, a pesar de sus trampas y aun de sus peligros. Lo haré sin entusiasmo ni convicción... y hasta con miedo.

Sin embargo, incluso este propósito puede resultar fallido. A despecho de los malos resultados que obtendrá en la consulta, a Correa no se le tapará la boca con una reforma legal. Para hacerlo se necesita, primero, devolver los derechos arrebatados en la década robada; segundo, activar y coadyuvar a la justicia para que sancione con todo el peso de la ley a la mar de corruptos que infestó el gobierno dictatorial; y tercero, poner las bases para propiciar una recuperación económica. Nada de eso se está haciendo. Los instrumentos legales para amordazar y entrillar a los ciudadanos permanecen intactos y no parece que quieran cambiarlos. La persecución a los corruptos trastabilla a cada paso. Y, sobre todo, se persiste neciamente en un esquema económico, basado en más deuda y exacción, que nos llevará al desastre. Las puertas que permitirán el retorno de Correa permanecen abiertas y solo se cerrarán con tres condiciones: libertad, justicia y prosperidad. Nada en la consulta o en las actitudes del Gobierno nos llevan en esa dirección. (O)