El aumento de los impuestos prediales ha generado un nuevo malestar en contra del alcalde de Quito, Mauricio Rodas, víctima de sistemáticos y duros cuestionamientos en las redes sociales. Nuevamente, una decisión suya pone sobre el debate temas cruciales de gestión de la ciudad y la propia capacidad institucional del Municipio: no hay buenas justificaciones para el aumento, hay problemas técnicos evidentes en el cálculo del valor comercial de los predios, y nada se dice sobre el destino que tendrán los nuevos ingresos, aparte de la defectuosa interacción con la ciudadanía.

Hasta ahora, el principal argumento para justificar un alza promedio del 39% del impuesto predial –altísimo por donde se lo quiera ver– ha sido la exigencia legal fijada por el Cootad a los municipios para que ajusten cada dos años el valor catastral al valor comercial. Pero 39% de ajuste no resulta aceptable cuando el sector de la construcción ha experimentado decrecimientos consecutivos de más del 5% en los últimos dos años. Resulta poco consistente pensar que el valor comercial ha subido tanto en años de profunda crisis inmobiliaria. De los 912.000 predios que tiene la ciudad, 800.000 deberán pagar mayores impuestos este año. El Municipio ha dicho que existía un desfase del 50% entre los valores catastrales y comerciales y que con el ajuste se redujo al 20%. La corrección del 30%, de un solo plumazo, en un momento de crisis, también suena poco aceptable.

Tantas quejas sobre aumentos desmedidos, exorbitantes, del valor a pagar cuestionan la fortaleza técnica del aparato municipal. Siempre saltan errores gruesos de cálculos que llevan a dudar sobre la calidad de la información, de los registros y las metodologías aplicadas. Si antes el Municipio se caracterizaba por su fortaleza institucional, que disimulaba incluso con una cierta inercia las malas gestiones de sus alcaldes o sus pobres visiones de la ciudad, hoy muestra una burocratización enorme y una pérdida de eficiencia técnica. Nadie discute el deterioro burocrático del modelo de gestión municipal en Quito ni el franco deterioro de las administraciones zonales.

Y lo último: ¿en qué se emplearán los recursos generados? El argumento legal exhibido por el alcalde es insuficiente para justificar por sí mismo un alza que generará 42 millones de dólares. Parece evidente que el Municipio requiere ingresos nuevos porque el metro absorbe todo el presupuesto de inversión. El alcalde podría informar a dónde irán los nuevos recursos para justificar el esfuerzo de los ciudadanos. Sería inadmisible, por ejemplo, que se destinaran al fondo de compensación del transporte público, es decir, a seguir subsidiando un servicio cuya tarifa el alcalde no quiere revisar.

La responsabilidad sobre el malestar generado por el nuevo cobro de los impuestos prediales recae principalmente sobre el alcalde, pero no de modo exclusivo. También muestra la pobreza del Concejo municipal, la decadencia política de la ciudad, el deterioro de su aparato de gobierno, de sus administraciones zonales –utilizadas como fuentes de reparto político–, el desgaste de las capacidades institucionales y burocráticas del Municipio, y una interacción con la ciudadanía que se limita a la propaganda y a un espacio radial de 30 minutos semanales concebido para el lucimiento del alcalde. (O)