Lo que más preocupa, a un sector de azuayos, de la reciente puesta en escena de un impuesto –contribución solidaria– creado por la cámara provincial de Paúl Carrasco es la vehemencia con la que jura y asegura que los dineros que se recauden en el ejercicio fiscal 2018 no serán manejados por él.

Enarbolando su más reciente bandera política: “Mis niños pobres del Azuay”, el fallido mentor de lo que en su momento se denominó la “fanesca de la oposición” (un poco de bacalao Nebot, una pizca de granos Rodas y quesillo con leche Carrasco) ahora carga con tributos a los azuayos: no nos referimos a las ya vigentes Tasa Mi Contribución Mi Vía, Tasa Peaje Solidario o al cobro de permisos y licencias ambientales, sino a una “ordenanza que establece la Política Pública y el Modelo de Régimen de Seguridad y Soberanía Alimentaria; y, el Desarrollo Productivo Local en la Provincia del Azuay”.

La tasa solidaria la pagan los propietarios de los vehículos que ruedan en la provincia del Azuay y supuestamente debían destinarse esos recursos a arreglar las vías interparroquiales. Pero de ellos se echó mano para agasajos y hasta para el pago de viáticos de Carrasco en recorridos de obras ¡dentro de la propia provincia! Y las vías siguen en abandono.

La instalación de peajes en vías intercantonales que, aunque se retiró el ubicado entre Cuenca y Gualaceo, subsisten otros como en la vía Turi-Tarqui o la que lleva al cantón San Fernando, es otro tema recaudatorio que no ha cuajado ni mostrado resultados claros.

Ahora, según la reciente y sorpresiva propuesta de la cámara provincial de Carrasco, en nuestra provincia hay miles de niños desnutridos y sin aseguramiento universal de salud a los que hay que atender con la contribución económica de todos quienes tienen algún tipo de actividad económica en el territorio azuayo. ¿Se percibe el tufo clientelar y asistencialista de la propuesta?

Dice que gracias a esta imposición se entregarán 40.000 litros diarios de leche a niños menores de 6 años. Dice que se dará seguro universal de salud a 96.000 niños. Quince mil niños menores de 6 años y desnutridos recibirán suplementos nutricionales. Dice que entregará a 40.000 familias una canasta de alimentos básicos al mes.

Pero la medida ha desatado más rechazo que apoyo; entre los principales está la recaudación: la contribución obliga a pagar a todos los afiliados al IESS con relación de dependencia dos por ciento del salario básico unificado, SBU. Además, la tasa productiva, en cambio, se aplica a quienes las micro, pequeña, mediana y gran empresa comercialicen sus productos en el Azuay, con una imposición desde el dos y medio por ciento hasta el quinientos por ciento del salario básico unificado.

La medida ha sido calificada de asistencialista, pero sobre todo clientelar porque se teme que, como ya ha ocurrido, se vuelva de aplicación discrecional de Carrasco, que da a quien lo apoya y restringe a quien se le opone.

Uno de los principales opositores a esta medida, calificada de inconstitucional, ha sido el otrora aliado político Marcelo Cabrera: “…se quiere atender a niños afectando a sus padres” fue su evaluación.

Pero mientras se resuelvan los detalles en año electoral, no deja de preocupar esa vehemencia. La vehemencia por alejarse del manejo del dinero recaudado. (O)