Viendo la noticia de la sentencia –al aún vicepresidente Jorge Glas–, recordé a Carlos Sánchez Verzaín, director del Interamerican Institute for Democracy, quien, en un artículo publicado este año, advirtió que la corrupción estructurada alrededor de las dictaduras en América Latina tiene una grave incidencia: está diseñada para controlar la política en los países y para garantizar impunidad. Para Sánchez, lo que ocurre en Argentina es un ejemplo.

Ecuador estaría en el riesgo señalado y por ello precisamos la ayuda de Naciones Unidas, como la que recibió Guatemala a través de la Comisión Internacional contra la Impunidad (Cicig). Es una de las conclusiones que recogimos en la charla organizada por El Club de EL UNIVERSO, enfocada sobre ‘El costo de la corrupción’.

Este Diario subrayó la revelación del expositor Jorge Rodríguez, presidente de la Comisión Nacional Anticorrupción: En los últimos diez años la corrupción en el país llegó a $ 35.695’874.839, entre coimas, sobreprecios, evasión tributaria, comisiones por petróleo exportado y derivados importados, deuda pública y gasto corriente.

El presidente de la Cámara de la Construcción, Enrique Pita, se refirió al área de la construcción pública: “Si las obras contratadas se estiman en aproximadamente $ 70.000 millones… por lo menos 7.000 millones no han beneficiado a los proyectos o a los contratistas”.

Entre los expositores que participaron me sorprendió la postura del embajador de Guatemala, Luigi Ixcot Rojas, quien ponderó la efectividad de la Cicig. En su país están siendo procesados los capos de la corrupción. Aclaró que la actuación de la Cicig no sacrifica la soberanía guatemalteca.

Y el embajador dijo la verdad, pues la Cicig opera en virtud de un convenio internacional aprobado de acuerdo con la Constitución, el dictamen de su Corte Constitucional y la autorización del Congreso.

La Cicig trabaja conjuntamente con la Fiscalía y bajo el régimen legal guatemalteco. En otras palabras, la Comisión no es dueña de la acción penal, ni ejecuta capturas, ni hace escuchas telefónicas, esa labor la hace el Ministerio Público (Fiscalía). La Comisión depende de la Fiscalía; no obstante, su fuerza y aceptación en Guatemala devienen de su independencia y la capacidad técnica que desarrolla y transfiere a los fiscales.

En Guatemala se recuerda que antes de la Cicig se vivieron circunstancias aterradoras de violencia, cooptación del Estado por grupos delincuenciales integrados por militares, políticos y empresarios. Grupos beneficiados por décadas de la contratación pública, la elusión de tributos y el tráfico de estupefacientes y personas. Todo ese tiempo se procuraron grotesca impunidad. Fueron causas para que las organizaciones ciudadanas, incluidas las indígenas, clamaran por una Comisión Internacional contra la Impunidad, que luego de instalarse en el país realizó un diagnóstico de la violencia, la corrupción y la falencia del sistema judicial.

La Cicig propuso leyes para investigar y sancionar a los miembros de la corrupción organizada, que el Congreso Nacional aprobó. El resultado más visible es que están siendo procesados el expresidente Otto Pérez Molina, su vicepresidenta Roxana Baldetti y más de 200 personas entre ex altos funcionarios y connotados empresarios.

¿Queremos librarnos de los capos en la política? Pidamos la ayuda que recibió Guatemala, que no implicaría el sacrificio de nuestra soberanía. (O)