Lo que está sucediendo con la consulta popular propuesta por el presidente se parece demasiado a lo vivido en los primeros meses del año 2007. En enero de ese año, a pocos días de su posesión, Rafael Correa envió una propuesta de consulta al Congreso Nacional. Esta fue objeto de un peloteo al que, como tercer jugador, se sumó el Tribunal Supremo Electoral. Después de idas y vueltas, de las más variadas interpretaciones jurídicas y de amenazas mutuas, el asunto concluyó con la destitución inconstitucional de más de la mitad de los diputados. Estos fueron sustituidos por sus suplentes, cuyo mejor recurso para protegerse de la acuciosidad de la prensa fue cubrirse con manteles. Una vez que todo estuvo bajo control, la consulta fluyó como por un tubo.

El caso actual ya va por el segundo paso, el del peloteo y la discusión jurídica. La diferencia es que el pedal del freno ya no está bajo el pie del Legislativo, sino de la Corte Constitucional. En el momento de escribir este artículo (viernes en la mañana), falta aún por conocer cuál será la reacción de este organismo ante el envío sorpresivo del documento con las preguntas por parte del presidente al Consejo Electoral, pero se puede suponer que no será la aceptación pasiva de esa decisión. Si fuera así, ayudaría a dilatar el debate y con ello erosionaría las posibilidades de triunfo del Gobierno. Por su parte, las pistas que ha dado el Consejo Electoral indican que no hará honor a la herencia de su antecesor de aquellos años, lo que quiere decir que no actuará como un ente político y dejará que el conflicto se dirima en otros espacios. Sin embargo, esas pistas aún son muy débiles y están cruzadas por la misteriosa renuncia del condecorado presidente.

Como en aquella ocasión, todos los participantes dicen debatir jurídicamente, aunque todo el mundo sabe que el asunto de fondo es estrictamente político. La solución en el 2007 provino de una decisión política que, cabe recalcar, no tuvo nada de jurídica. Por lo que se ha visto en los últimos días, se puede suponer que ahora no será diferente en ese aspecto. Sin embargo, hay una diferencia evidente y otra potencial. La primera radica en que actualmente el juego se disputa en la cancha interna del partido de gobierno y no entre este y la odiada (aunque inexistente) partidocracia. Eso permite al resto de actores sociales y políticos mantenerse como cómodos espectadores y esperar a que los otros definan sus disputas domésticas.

La diferencia potencial es que ahora se ve poco probable una ruptura constitucional como la que se produjo en marzo del 2007. Sin embargo, que sea poco probable no quiere decir que sea imposible. Hasta el momento parece lejana, pero que se produzca o no es algo que dependerá de la posición que tomen la Corte Constitucional y el Consejo Electoral. Ante el bloqueo desde cualquiera de ellos, el presidente podría caer en la tentación de usar nuevos manteles. Sin duda, serían verdes. (O)