Los subsidios del Estado en el año 2016 se determinaron en 3.193 millones de dólares de entre los cuales 621 millones de dólares corresponden a desarrollo social. Esa cifra es importante tenerla presente, ya que al calor de las ofertas electorales, claramente demagógicas, se ofreció no solo triplicar el monto del bono de desarrollo social, sino también incrementar la pensión de los adultos mayores, lo cual supone un esfuerzo presupuestario importante para una economía en recesión y que se halla conectada, como enfermo terminal, a un respirador artificial llamado deuda externa e interna.

En esas difíciles condiciones algunas personas pensarán que es imposible para un profesional de tercer nivel, digamos con grado de licenciatura, idear un mágico bono inteligente que a más de satisfacer las necesidades de los desheredados del sistema, que son por cientos de miles en el Ecuador, pueda a la vez encontrar una milagrosa fuente de financiamiento, logrando con ello multiplicar los panes y los peces…

Igual restricción, probablemente se aplicaría, para quienes deseen entender la llamada revolución de los smartphones, esa revuelta que a decir sarcásticamente de los socialistas del siglo XXI la hacen exclusivamente los ‘pelucones’. Los criterios políticos y sociológicos que se requieren para explicar el fenómeno vinculado con las nuevas tecnologías, el Estado-red, la aldea global, las autopistas de la información y la mente-factura, demandarían de una formación más especializada y aguda.

Y hasta se puede creer que al hablar de la sociedad y su problemática, quizá una licenciatura no bastaría para comprender la complejidad y real dimensión de la crisis económica, así como interpretar los peligros que supone administrar a todo un Estado desde el fundamentalismo ideológico y el hondo resentimiento social.

A lo mejor, habrá quienes sostienen que se requiere de una preparación académica mucho más amplia y sólida para afrontar con solvencia estas realidades que plantea abiertamente la modernidad. No obstante, en la práctica, lo que se ha visto en muchos países es que ni los doctorados, los PhD u honoris causa han ayudado a obtener esa claridad en los administradores de la cosa pública. Los resultados muestran a economías quebradas y sociedades peligrosamente polarizadas. Los cartones y los títulos ciertamente no han ayudado mucho.

Eso nos lleva a pensar que el punto de discusión no gira necesariamente en torno al título que se ostenta e inclusive a veces ni a la propia dignidad a la que se representa. El conducir los destinos de una nación exige al mandatario asumir esa condición especial de líder que le permita actuar con sabiduría, tolerancia y visión de lo que es bueno para el bien común. Hablamos de un auténtico conductor de masas que es suficientemente capaz de unir a un pueblo y encauzar todo ese potencial creador y productivo en función de los grandes objetivos nacionales estratégicos.

Valga decir, eso es lo que esperamos del nuevo presidente de la República, que debe ser un claro ejemplo de hombre sereno, práctico, con conocimientos y liderazgo. Alcanzar eso implica ir por un cambio significativo y esperanzador en el que la palabra clave estadista termina siendo de mayor relevancia y jerarquía que cualquier otro título académico o de representación popular. (O)