Un cambio en la cúpula de una de las ramas de las Fuerzas Armadas, que en teoría no debería tener relación alguna con el proceso electoral, se convirtió en factor fundamental dentro de la campaña para la ronda final. Las sospechas sobre posibles irregularidades en el envío de los datos se incrementaron con el relato que hizo el general destituido sobre lo sucedido en la primera vuelta. La denuncia de la ruptura de la cadena de custodia de las actas, que fue el punto central de su extraña intervención en el exterior de un recinto militar, es algo de tanta gravedad que puede poner en duda el resultado.

Lo dicho por el general no es algo nuevo y más bien viene a confirmar lo que se veía como un riesgo desde el inicio del proceso. En esta misma columna (del 30 de enero) se recogió la advertencia hecha por especialistas y organizaciones de vigilancia electoral. Ahí estaba –y aún está– uno de los puntos más débiles y conflictivos del procesamiento de los votos. Lo que suceda con las actas en su trayecto desde las mesas de votación hasta las juntas provinciales y después hasta el Consejo Nacional Electoral es determinante para garantizar la limpieza del sufragio. Si no hay la adecuada vigilancia, vale decir, si no se garantiza la cadena de custodia, en ese camino puede definirse el resultado final.

El debate que se abrió con las declaraciones del militar defenestrado dejó intocado el problema central. Discutir sobre el papel de las Fuerzas Armadas en la democracia o específicamente en el desarrollo de las elecciones es solamente una forma de llevar la atención hacia otro lado. A esa institución únicamente le corresponde garantizar la seguridad de las personas y los recintos electorales, como lo determinan los artículos 16 y 21 del Código de la Democracia. Sus integrantes no pueden ni deben desarrollar funciones de conteo de votos y tampoco de transmisión de estos. Su papel es ofrecer las condiciones apropiadas para que esas actividades se desarrollen adecuadamente. Por supuesto que en esas funciones ellos están obligados a denunciar cualquier irregularidad, pero eso no los convierte en garantes del proceso.

La única garantía en una democracia la ofrecen las autoridades electorales y los partidos políticos. Pero, al estar bajo sospecha por parte de ambas candidaturas, el CNE no puede cumplir su función de principal responsable. Aunque logre hacer un buen trabajo, su actuación será cuestionada, como lo han anunciado de lado y lado. Asimismo, al existir solamente una candidatura que puede colocar a un militante en cada una de las cuarenta y tantas mil mesas, la vigilancia dejaría de ser tal y sería mayor fuente de sospechas. La limpieza solamente se garantizaría si se lograra equilibrio de representantes de ambas opciones en cada mesa y si esas personas estuvieran dispuestas a vigilar que la respectiva acta llegue a su destino final. Sin partidos, eso queda a la buena voluntad de unas cuarenta mil personas dispuestas a sacrificar unas veinte horas de un domingo. (O)