Las obras urgentes

30 de Enero, 2017
30 Ene 2017
30 de Enero, 2017 - 00h07
30 Ene 2017

La visión aldeana que tienen los ecuatorianos del Estado y la política los lleva a calificar la calidad de una administración gubernamental según la cantidad de ladrillo apilado. Es bueno el presidente que hace “obra”, que me hizo el puentecito o que me tendió el alambrito... aunque robe, ¡y esto lo dicen olímpicamente! La gestión del Estado, del Gobierno central es otra cosa. Esto se verá claramente en el próximo Gobierno que ya no podrá distraer la atención con mampostería y varillas, y tendrá que dedicarse a gobernar, es decir, a hacer que el Estado se enfoque la principal razón para la cual fue creado: seguridad. Esto, por supuesto, comprende la seguridad ciudadana, es vergonzoso vivir en un país en el que fuera de ciertos cotos privados, las personas no pueden considerar a salvo su vida, su integridad ni sus bienes. Esto implicará derogar un montón de idioteces que dificultan el control del delito. Muchas de estas surgieron en la catástrofe de Montecristi, pero no pocas venían de antes y el Congreso las ha aumentado en los últimos tiempos. Damos por descontado que la persecución del crimen implica ninguna tolerancia a la corrupción y el consiguiente castigo a quienes la han practicado durante este siglo y el anterior.

De todas maneras, con el término seguridad intento abarcar más. La seguridad es un entorno en el que los habitantes de un país saben que sus principales derechos, vida y libertad, más los que se derivan de ellos, sobre todo la propiedad y la libertad de expresión, van a estar garantizados. No hay seguridad si exacciones tributarias cercenan ilegítimamente la propiedad. Tampoco la hay donde funcionarios pueden multar y aun apresar a quien hace uso de su libertad de expresión y prensa. Englobo en este concepto a la que corrientemente se ha comenzado a llamar seguridad jurídica, con lo que se busca decir que, sobre todo para emprendedores e inversionistas, las reglas del juego deben mantenerse por un periodo significativo y no cambiarse al vaivén de la demagogia y el despilfarro.

Hablamos entonces de reconstruir y fortalecer dos de las estructuras básicas sin las cuales un Estado no puede considerarse una república: el Estado de derecho y el imperio de la ley. Últimamente he visto que estos dos conceptos son manipulados, diciendo que significan esta o tal otra cosa, siempre con el propósito de escamotearlos. Pues el Estado de derecho debe entenderse en el sentido de que todos los actos jurisdiccionales y administrativos, y las leyes mismas deben respetar los derechos naturales básicos, anteriores y superiores al Estado. El imperio de la ley es la condición de que todo acción del poder estatal debe estar basada en una norma previa legítimamente establecida. Como es fácil deducir de lo propuesto, la labor será fundamentalmente de demolición, hay que derribar todos los muros, ergástulas, chiqueros, cárceles y laberintos legales creados en esta sí larga noche populista. Es una pena que junto con esta maraña no se puedan derribar también algunas de las obras materiales de este sombrío periodo, que afean ciudades y campos. (O)

Las obras urgentes
La visión aldeana que tienen los ecuatorianos del Estado y la política los lleva a calificar la calidad de una administración gubernamental según la cantidad de ladrillo apilado.
2017-01-30T00:07:22-05:00
El Universo

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