Hay desconcierto en las mentes lúcidas por los Panama Papers. Les debe haber resultado poco digerible la presencia del fiscal general y del expresidente del Banco Central entre las personas ecuatorianas que habían utilizado al estudio jurídico Mossack-Fonseca para realizar operaciones financieras. Considerando la magnitud de lo que podía venirse y antes de que las cosas se salgan de control, comenzó a tomar forma la sabia estrategia del jiu-jitsu, que utiliza el empuje del adversario para desequilibrarlo. Así, en sucesivos tuits el líder clamó porque se revele toda la información que contienen esos documentos y conminó a los periodistas ecuatorianos que participaron en la investigación a entregar toda la información. Como no podía ser de otra manera, el exhorto fue repetido de inmediato por sus fieles seguidores de la Asamblea y del Consejo de Participación Ciudadana, precisamente dos de los organismos que podrían realizar una investigación seria y responsable. En lugar de ello, decidieron poner la pelota en la cancha de los periodistas y quemar tiempo para retrasar el desenlace de un encuentro que lo saben perdido.

La preocupación central se deriva de que en los ya famosos papeles podrían aparecer más nombres de funcionarios públicos o de personas cercanas a estos. En principio, eso no sería un problema, ya que utilizar cuentas offshore o enviar dinero al extranjero no son delitos, como no lo es la compra de bienes (un departamento, por ejemplo) en otro país. Pero, eso chocaría con el discurso patriotero de todos los días y con la afirmación del presidente, frente a este mismo caso, que califica como algo inmoral al envío de dinero al exterior. Por supuesto, la situación se complicaría más si se llegara a descubrir que el estudio jurídico fue utilizado para algo menos transparente que el simple depósito en una cuenta en Panamá.

Por tanto, algo había que hacer, y ese algo era pedir que saliera toda la información en paquete. Ello, por dos razones. Primera, porque se sabe que son miles los clientes del estudio jurídico y, por tanto, unos pocos amigos se pierden fácilmente en el tumulto. Segunda, porque se supone, con perfecta lógica, que la mayor parte deben ser empresarios y en general personas del mundo privado, lo que haría muy fácil dirigir las sospechas hacia ese ámbito y convertir a los amigos en una excepción. Además, al derramar una catarata de nombres no se podría discriminar entre las personas que buscaron algo de seguridad y las que lo hicieron para lavar dinero, ocultar negocios sucios, evadir impuestos o hacer pagos inconfesables. Se trata de dar forma a la masa en la que se pierden las individualidades. Es la vieja argucia de convertir el agua en lodo.

En medio de toda esa trama, el fiscal ocupa destacado lugar. Pero, desafortunadamente su figura se hace visible no por el papel que le corresponde en este caso, sino por los papeles que reposan en Panamá. Como diría su líder, no es ilegal pero sí inmoral que siga en su cargo durante la investigación. (O)