Solamente el tiempo y la significación con posterioridad dirán si la así llamada por sus adeptos “revolución ciudadana” (o “correísmo” a secas según los otros) produjo algún cambio profundo en el Ecuador. Al margen de la euforia conmemorativa en los medios oficiales, y del retaceo crítico opositor para aludir al aniversario, intentaré un resumen que jamás podría ser “objetivo, veraz, oportuno y contrastado”.

Lo bueno. Hay mucho de lo bueno: las grandes realizaciones físicas en primer lugar. Las carreteras que nuestros vecinos envidian, la multiplicación de escuelas, colegios, hospitales, centros de salud y edificaciones funcionales para el poder judicial, aunque la fiscalización imposible y la contraloría intermitente impiden saber si hay sobreprecio en algunas obras públicas. Tenemos grandes proyectos hidroeléctricos y trasvases. La depuración de las universidades ecuatorianas y la concesión de becas para cursos de posgrado en universidades extranjeras a miles de jóvenes ecuatorianos beneficiarán al país tarde o temprano. La agilización de muchos procesos y trámites para la atención al público funciona. La inversión social en los más necesitados es indudable. La crítica que sugiere que ha sido muy fácil hacerlo con un precio elevado del petróleo es injusta con aquella gestión del gobierno de Rafael Correa que sí constituye inversión.

Lo malo. Al final, el manejo de la economía ha sido el borde más inconsistente de la administración Correa: resulta que ha estado sostenido en la bonanza petrolera más que en el desarrollo suficiente de la productividad, la exportación y la inversión extranjera. Las decisiones económicas importantes han sido postergadas frente al cálculo reelectoral. Ante la crisis, la mayoría de los ecuatorianos se ha portado como algunas mujeres maltratadas o traicionadas: aguantar todo o hacerse de la vista gorda mientras había plata, y protestar cuando ella empieza a faltar. Las lecciones sabatinas de macroeconomía “para dummies” son penosas justificaciones de sus desaciertos y paradójicamente rebajan su autoridad como economista. El desatino público reciente sobre las tarjetas de crédito sugiere que su concepción de la microeconomía imita su desesperada solución macroeconómica: sobrevivir pidiendo fiado. El crecimiento desmedido de la burocracia gubernamental es puro gasto y política clientelar. La llamada Secretaría del Buen Vivir quedará como “el monumento a la chatarra” del gobierno de Rafael Correa.

Y lo perverso. El esfuerzo del Gobierno por captar el control de todas las funciones del Estado, de la información y medios de comunicación, y de los espacios importantes y determinantes de la sociedad ecuatoriana, lo ha llevado a bordear y en algunos casos a incursionar francamente en lo perverso. El episodio más reciente es el procaz manoseo –travestido de tecnicismo legalista– de la Universidad Andina Simón Bolívar, mediante interpuestos funcionarios que cumplen consignas. Lo que nos lleva al hecho de que la violencia como “quinto poder” ya no se usa. El gobierno de Correa nos ha demostrado que más efectiva es “la ley”: construir una apariencia de legalidad para controlarlo todo y reprimir la oposición a través de un aparato que incluye la creación de entidades para ese propósito, la multiplicación de leyes y reglamentos ad hoc, y la manipulación del poder judicial. No hay perversión más impune, eficiente y repulsiva que aquella impostura que somete a un pueblo “en el nombre de la ley”. (O)