Lo más importante para que la dolarización funcione normalmente es la confianza del público en que quien administra el sistema de pagos –el Banco Central– la va a respetar. Para convencer al público de este compromiso en la llamada Ley Trolebús del 2000, con la que se introdujo la dolarización, se establecieron dos condiciones fundamentales respecto de la institucionalidad para sostener la confianza del público en su mantenimiento: la transparencia sobre la información monetaria, a través de la publicación semanal obligatoria por parte del Banco Central de los cuatro sistemas de balances; y la ratificación de la prohibición existente en la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado desde su expedición en 1992 de que el Banco Central se encontraba prohibido de otorgar crédito al Estado, en forma directa o indirecta, y en cualquier forma (incluyendo garantías y colaterales con sus activos).

El presupuesto detrás de la publicación del balance de los cuatro sistemas de la Reserva Internacional de Libre Disponibilidad (RILD) era mostrar al público que el Banco Central manejaba los activos de la RILD a través de inversiones seguras, líquidas y rentables, lo que garantizaba en cualquier tiempo el libre uso y pago de los pasivos del RILD, fundamentalmente depósitos del público y de las instituciones del sector público.

Esta garantía de transparencia se perdió cuando a partir de octubre de 2008, pese a que la Ley vigente lo ordenaba, el BCE dejó de publicarlos. Sin embargo, los actores económicos y financieros podían reconstruir estos “sistemas del balance” utilizando información oficial pública y pudieron continuar monitoreando el cumplimiento del compromiso. Finalmente con la expedición del Código Orgánico Monetario y Financiero (COMF) en septiembre de 2014 se eliminó la obligación del Banco Central de producir estos balances de los cuatro sistemas.

La primera observación que saltó al respecto fue que justamente a partir del mismo mes en que dejaron de publicar esta información (octubre 2008) el sistema del cuarto balance (otros activos de reserva) y paulatinamente el del tercer balance (depósitos del sector público) comenzaron a “descalzar” puesto que los activos de la RILD eran insuficientes para cubrirlos totalmente. Las alarmas que debieron prenderse respecto al compromiso con la dolarización se mantuvieron apagadas puesto que a través de este monitoreo informal se podía verificar que tales activos de reserva aún eran suficientes para cubrir la totalidad del segundo sistema de balance (los depósitos bancarios y del público) y el primer sistema (contraparte de la moneda fraccionaria en circulación local).

La segunda observación, que sí encendió una alarma entre los analistas económicos, se produjo en mayo de 2014, cuando el BCE invirtió parte del oro monetario, uno de los activos de la RILD, en un SWAP con el banco de inversión norteamericano Goldman Sachs. Gracias a la propia palabra del presidente y las noticias internacionales, no a su transparentación formal, se conoció que este SWAP respaldó paralelamente un crédito otorgado por el mismo banco a favor del Estado ecuatoriano. Sin embargo, los detalles de este crédito han quedado ocultos detrás del velo de confidencialidad discrecional que hoy en día cubre todas las operaciones de deuda pública interna y externa del Ecuador. Esto hizo imposible una adecuada calificación de la calidad de la “inversión” efectuada por el Banco Central con ese oro monetario para conocer su racionalidad como inversión de la RILD, así como la revisión de las condiciones de la deuda contraída simultáneamente.

La expedición del Código Orgánico Monetario y Financiero en 2014, por su parte, eliminó la segunda garantía del compromiso con la dolarización pues la prohibición de crédito del Banco Central al Estado fue levantada.

Esta prohibición de crédito al Gobierno se mantuvo como regla básica e inmutable desde 1992, siguiendo la corriente internacional que preconizó la “independencia de los bancos centrales” como un mecanismo para asegurar la estabilidad monetaria de los países. Así se evitaba que se impactara en la estabilidad de la moneda y se provocara inflación como producto de la emisión inorgánica –el uso de la maquinita de dinero–, justamente por los excesos del crédito de los bancos centrales de sus gobiernos para cubrir el gasto fiscal.

La introducción en la bien conocida Ley AGD (diciembre de 1998) que ordenó al BCE que comprara los Bonos AGD para cubrir los desfases de liquidez de los bancos intervenidos, había sido la excepción a esta prohibición. El impacto que generó esta pérdida de control de la política monetaria y el proceso inflacionario consecuente de finales del año 1999 fue justamente la causa inmediata por la que se renunció a la moneda nacional, el sucre, y se acató la dolarización.

La Constitución de Montecristi destruyó explícita y conscientemente la independencia del Banco Central al convertirlo en un mero ente del Poder Ejecutivo, controlado y dirigido directamente desde la Presidencia de la República a través de cinco representantes –ministros fundamentalmente– nombrados directamente por él en el directorio, transformado con el COMF en una “superjunta” de regulación económica y financiera, prácticamente sin restricciones ni obligación de rendir cuentas.

En esas condiciones es muy difícil esperar que la independencia “técnica” del Banco Central requerida fuera puesta al servicio del país para asegurar tanto la buena calidad de las inversiones de la RILD, como impedir el otorgamiento de crédito sin límites ni controles adecuados al Gobierno. Era imposible esperar que un gobierno agobiado por la caída del precio del petróleo y la falta de fuentes de financiamiento para la continuación de su gasto fiscal dejara de utilizar la mejor herramienta que la institucionalidad creada por la Constitución de Montecristi y el COMF le habían facilitado: el acceso libre y “legal” al uso de reservas líquidas del Banco Central para el gasto fiscal.

Del funcionamiento normal del sistema de pagos depende la continuación de las transacciones comerciales internas y externas, pero también la estabilidad básica para que el sistema financiero cumpla con su relevante rol de intermediario financiero indispensable para el funcionamiento adecuado de la economía. Esto es más relevante en un país donde el mercado de valores, como alternativa de financiamiento, no ha logrado constituirse como una opción práctica para quienes requieren recursos a mediano y largo plazo. El mecanismo fundamental para ello son los bancos como canales fundamentales para trasladar ese ahorro nacional –liquidez– a los proyectos de producción o de consumo que así lo requieren. Sin embargo, el normal funcionamiento de ese sistema de pagos depende, ante todo, de la confianza tanto en la misma dolarización, como sistema monetario que garantice la estabilidad, así como en el acceso oportuno por parte de los bancos a la liquidez necesaria. La falta de transparencia en la información sobre las inversiones y la certeza de que parte de esta liquidez se utiliza justamente como fuente de financiamiento del gasto fiscal ha comenzado a generar gran incertidumbre y desconfianza entre los actores económicos, además de absorber la poca o mucha liquidez del sistema en función de las necesidades fiscales.

La pregunta que hay que hacerse estos días es si es posible mantener la confianza en la estabilidad de la moneda acatada por el país y del mismo sistema de pagos, cuando se destruyeron conscientemente los dos pilares que la sostenían: la transparencia de la información y las restricciones al crédito del Banco Central al Estado.

*Abogada y máster en mercados financieros. (O)

La segunda observación, que sí encendió una alarma entre los analistas económicos, se produjo en mayo de 2014, cuando el BCE invirtió parte del oro monetario, uno de los activos de la RILD, en un SWAP con el banco de inversión norteamericano Goldman Sachs.