Hay quienes dicen que la soberanía tiene precio y que en el caso ecuatoriano llegaría a unos catorce mil millones de dólares. Es la cifra aproximada de lo que debería pagar el Estado si pierde las demandas presentadas por compañías extranjeras en tribunales arbitrales. La mayor parte, si no todas, tienen relación con reclamos por incumplimiento de los contratos. El acusado es, por supuesto, el Estado, pero dado que este es una abstracción quien debe responder es el Gobierno. Sin embargo, debido a que el Gobierno no es un ente productivo y a que no guardó algo para estas situaciones, el único dinero del que dispone es el que recaba de los ciudadanos. Por tanto, el pago final tiene que salir de nuestros bolsillos.

Por el momento, todos los habitantes de esta tierra tendremos que hacer un pago de alrededor de mil quinientos millones de dólares. Pero, según las sabias palabras del líder, debemos alegrarnos porque en esta primera sanción se nos hizo una rebaja del 40% (¿no habría sido mejor que no tuviéramos que pagar nada?). Con el mismo optimismo nos dicen que la finalización del contrato con la Oxy fue un excelente negocio para el país, ya que así pudo recibir la totalidad de lo recaudado por la venta del petróleo de los campos que estaban a su cargo y no solo el magro porcentaje que preveía el contrato. Efectivamente eso es así, pero precisamente de ese monto –que alcanzaría más de veinte mil millones– debió reservarse la parte necesaria para enfrentar estas situaciones. Sabían que este momento llegaría y que el fallo sería adverso (como lo anticipaban con sus declaraciones sobre la parcialización de las instancias arbitrales), pero no guardaron un solo centavo para enfrentarlo.

La palabra mágica que justifica todo esto es soberanía. En su nombre se anularon contratos, se desconoció a tribunales y se desaprovechó el derecho a nombrar árbitro como lo establecen esas instancias. Somos soberanos y nadie nos puede decir lo que debemos hacer. Actuamos exclusivamente en función de nuestro interés y no tenemos por qué reconocer jueces o tribunales más allá de nuestras fronteras. Si el mundo quiere gozar de nuestra compañía, que se someta a nuestras reglas, si no, que le vaya bonito.

La soberanía fue un planteamiento surgido al final de la Edad Media, cuando tomó cuerpo el debate sobre los derechos y las libertades. Inicialmente hacía referencia al poder o, con mayor precisión, al lugar, persona o cuerpo colectivo en que debía residir el poder. De ahí viene la atribución del término soberano a los reyes, con el que hasta ahora se los denomina y que algunos, sin serlo, anhelan exhibir. Más adelante se lo utilizó para asignar las atribuciones de un Estado en el contexto internacional. Este es el que han enarbolado con tanto orgullo diversos gobiernos ecuatorianos para romper contratos y desconocer tribunales. Desafortunadamente, también esa connotación del concepto cambió y ahora sabemos que la soberanía es más limitada que aquella que estaba en los sueños de los monarcas renacentistas. (O)