La escalada de violencia en Ecuador no se detiene. Datos oficiales del Ministerio del Interior, con corte al 31 de octubre de 2025, revelan que el país acumuló 7.553 muertes violentas en solo diez meses.
Esta cifra ya supera el total anual registrado en 2024, que cerró con 7.062 homicidios intencionales.
La comparación con el mismo periodo del año anterior evidencia un alza, pues entre enero y octubre de 2024 se reportaron 5.685 asesinatos.
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El incremento representa un incremento de más del 32 % en la tasa de homicidios intencionales si se comparan los primeros diez meses de 2025 (7.553) con el mismo lapso de 2024 (5.685).
Este repunte se da después de un breve descenso en 2024, el primero en cuatro años. En ese entonces, el Gobierno estableció la declaratoria de conflicto interno armado y declaró como terroristas a una veintena de grupos delictivos.
La tendencia actual confirma la problemática de seguridad que inició con el repunte de la violencia a partir de 2021.
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La tendencia al alza de los homicidios intencionales en Ecuador ha sido paulatina en los recientes años. Hasta el año 2020, el país mantenía una estabilidad relativa con cifras anuales por debajo de los 1.500 casos.
Sin embargo, desde 2021 la violencia se disparó, con 2.495 homicidios, casi el doble que el año anterior. Esta escalada culminó en un pico histórico en 2023 con 8.248 casos, una cifra que triplicó los reportes de dos años antes.
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Expertos aseguran que este año se podría superar esa cifra.
Este salto histórico se refleja en un aumento que superó el 500 % entre 2020 (1.372 casos) y el máximo de 2023 (8.248 casos).
Aunque 2024 cerró con un leve descenso a 7.062 crímenes, este descenso fue temporal. La cifra actual de 7.553 muertes en diez meses de 2025 ya ha superado el total de 2024 y apunta a superar el récord de 2023.
Bandas #ecuatorianas y su influencia criminal de grupos de #Colombia y carteles de #México: expertos hacen advertencias de escalada de violencia https://t.co/4QupewMNdl pic.twitter.com/GvHOHQW9xw
— El Universo (@eluniversocom) October 22, 2025
Concentración geográfica de la violencia
El problema de seguridad se concentra en las provincias de la Costa. Los datos de la Policía Nacional indican que Guayas lidera la lista con 3.422 crímenes hasta octubre de 2025, seguida por Manabí con 1.067 casos y Los Ríos con 1.041. De esta manera, solo estas tres provincias litorales suman 5.530 muertes violentas, concentrando cerca del 73 % del total nacional.
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Las zonas más violentas del país, como la Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón), son focos persistentes de ataques por el crimen organizado.
El aumento de la violencia se explica, según especialistas, principalmente por la disputa territorial entre bandas criminales por el control de la ruta de las drogas y otros delitos como extorsiones.
Expertos y la Policía Nacional coinciden en que la fragmentación de estas organizaciones y la pugna por el liderazgo desatan los casos de sicariatos, extorsiones y enfrentamientos, especialmente en zonas costeras clave para el narcotráfico.
De hecho, se estima que al menos el 90 % de los crímenes en el país están vinculados a esta guerra entre facciones.
Como parte de las acciones, el Gobierno ha intensificado intervenciones con el Bloque de Seguridad, integrado por policías y militares, y además ha establecido continuos estados de excepción para afectar las operaciones de los grupos delictivos.
El centro del conflicto está en la rivalidad entre agrupaciones como Los Choneros y Los Lobos. La ruptura de alianzas y la disputa por el control del tráfico de drogas han generado una escalada constante de enfrentamientos.
Ecuador se ha convertido en un centro logístico clave para el tránsito de cocaína hacia mercados internacionales, debido a su ubicación estratégica entre Colombia y Perú, los mayores productores mundiales de esta droga, de acuerdo con expertos.
Además del narcotráfico, expertos han señalado que el contexto socioeconómico del país juega un papel fundamental en el crecimiento de estas organizaciones.
La pobreza estructural y la falta de oportunidades laborales y educativas empujan a jóvenes a unirse a estos grupos criminales. Por ello han apuntado que las acciones, además de la intensificación de operativos, debe ir encaminado a promover programas sociales y educativos para que estas personas encuentren mejores oportunidades. (I)
