Violencia de bandas criminales se recrudece a través del uso de explosivos; expertos en seguridad advierten que se requieren medidas más eficaces para combatir a la delincuencia organizada

Los atentados con explosivos son cada vez más frecuentes en Guayaquil y se están extendiendo a otras zonas como ocurrió este miércoles en Esmeraldas. La violencia desatada por las organizaciones criminales, en medio de la disputa de territorios para sus negocios ilícitos, ha escalado a niveles preocupantes.En los últimos meses se han producido varios eventos que involucran la detonación de vehículos, amenazas en instituciones públicas, ataques a inmuebles.El 20 de abril se detectaron seis tacos de pentolita en dos cajas de cartón en el parqueadero del centro comercial Albán Borja. Allí se encuentra una unidad judicial, en donde se iba a realizar la audiencia de habeas corpus para Júnior Roldán, alias Júnior o JR, uno de los cabecillas de Los Choneros.Apenas cinco días después, el 25 de abril, explotó un coche bomba en los exteriores de la cárcel Regional de Guayaquil. El vehículo fue abandonado por un grupo de cuatro personas, que después escaparon en motos. Esto ocurrió días después de la detención de integrantes de las bandas de los Chone Killers y Los Tiguerones, el 22 de abril, que incluyó el arresto de policías activos y un jugador de fútbol.En ese centro de detención están recluidos los líderes de Los Choneros, alias Júnior, y José Adolfo Macías Villamar, alias Fito. Además, en la zona del recinto carcelario sucedió otro atentado el 20 de marzo de este año. Una granada fue arrojada por desconocidos a bordo de una moto.La madrugada del 30 de abril, el mismo día que se inició el estado de excepción en Guayas, Esmeraldas y Manabí, debido a los altos índices de violencia, se registró un atentado en la isla Trinitaria, al sur de Guayaquil. Delincuentes que se movilizaban en motos arrojaron tacos de dinamita a una vivienda, producto de aquello un vehículo resultó afectado y se prendió en llamas.En este caso hubo un detalle en particular: se encontró un ramo de flores con una cruz. Se presume que se trató de un mensaje para la persona a la que estaba dirigido el ataque.A semana seguida, la noche del 3 de mayo, en el sector de Mi Lote, en el noroeste del Puerto Principal, un automóvil y la fachada de una casa de dos plantas fueron blanco de otro atentado con granadas.El 8 de mayo un inmueble sufrió daños a causa de la detonación de un artefacto. El hecho ocurrió en el distrito Pascuales, una de las dos parroquias de Guayaquil donde rige un toque de queda, como parte del estado de excepción.Los eventos más recientes que involucran el uso de explosivos en Guayaquil se registraron la madrugada del 17 de mayo. El primero fue en el sector de Los Esteros, sujetos en moto arrojaron un artefacto de fabricación nacional contra una licorería, donde cuatro días antes el propietario sufrió un intento de asesinato a bala que lo dejó herido.El segundo atentado en este mes sucedió en Sauces 8, cuando un desconocido lanzó un explosivo a una vivienda. Parte del inmueble quedó destruido por la detonación. No hubo heridos.Y lo más reciente ha sido en Esmeraldas, donde la noche de este miércoles, dos carros detonaron en barrios de esa ciudad.Según datos de la Policía, hasta finales de abril en la Zona 8 -que comprende a Guayaquil, Samborondón y Durán- se reportaron 44 atentados con artefactos explosivos. Si bien estos acontecimientos, que vienen ocurriendo desde el año pasado, hasta el momento no han dejado víctimas mortales, las cifras oficiales sobre muertes violentas ocurridas por otros actos ilícitos ascienden a 519 en la Zona 8 en lo que va del 2022.Los números retratan la grave situación que se vive en Guayas, aunque las autoridades dicen que el estado de excepción ha bajado el número de muertes violentas por día. Las autoridades insisten en que se trata de una pugna entre grupos delictivos. La especialista en temas de seguridad Carolina Andrade analiza que los atentados que están implementando las bandas criminales son “una acción de respuesta hacia el Estado y un intento de amedrentar a la fuerza pública”.Los coches bomba y los asesinatos de miembros de la policía, por ejemplo, son muestra de aquello, sostiene la especialista. Señala, además, que la situación actual es resultado de una serie de falencias como la reducción de las capacidades del Estado, así como la falta de previsión de las consecuencias que traería al país la firma de la paz en Colombia.Frente a este escenario, Andrade anota como aciertos del Gobierno dos decisiones: retomar el Ministerio del Interior y focalizar el actual estado de excepción, con especial énfasis en tres parroquias que son sitios importantes para la logística de las organizaciones criminales.No obstante, la experta cuestiona que el estado de excepción es una estrategia de contención que no puede sostenerse en el tiempo, sino que para revertir la problemática y evitar un repunte de la violencia se requiere de la intervención de varias instituciones del Estado, para recuperar los espacios que hoy son territorio de la delincuencia organizada.Daniel Pontón, decano de la Escuela de Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN), añade que la violencia en las calles está estrictamente relacionada con las masacres en las cárceles.“La característica de este tipo de violencia es que es creciente y cualitativamente distinta. Es más sádica, más histriónica”, describe Pontón y pone como ejemplo a México, donde los grupos criminales “entienden que la violencia produce una serie de efectos psicosociales, que son muy ventajosos a su accionar, porque desmoraliza al Estado, genera amedrentamiento a las organizaciones rivales, y atemoriza a la población”.Más allá de medidas para dotar de recursos y equipamiento a las fuerzas públicas, las soluciones al problema que enfrenta el país parten de la estructuración de políticas públicas integrales, planificación, inversión pública, y un verdadero imperio de la ley, precisa Pontón.El experto en seguridad internacional, Freddy Rivera, suma la deficiencia de los cuerpos de inteligencia de la fuerza pública. Además, dice, existe un “Estado cautivo” con alta penetración de la delincuencia internacional, en distintas instituciones y niveles.“El Estado cautivo en el que se encuentra Ecuador presenta niveles de indefensión frente al crimen organizado, porque no tenemos radares, porque los que ejercen control no lo hacen, porque la UAFE no alerta sobre movimientos grandes, entre otros aspectos”, observa Rivera.Andrade, Pontón y Rivera concuerdan en dos temas adicionales como herramientas para encarar la problemática: articular estrategias con Colombia y Perú, y emprender una depuración interna en las instituciones de la fuerza pública.De lo contrario, dicen los expertos, las acciones que surjan del Gobierno serán ineficientes y no detendrán el aumento de la violencia. (I)

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