Dos hechos violentos se dieron en los últimos días en urbanizaciones de la vía a la costa. Hace una semana, un hombre conocido como Dimitri fue secuestrado luego de que entraran al conjunto residencial del kilómetro 11 al menos doce sujetos armados y sometieran a los guardias de la garita.
Cuatro días después se dio el asesinato de alias Samir, el jefe de la banda Mafia18, quien fue baleado cuando descansaba en una casa que alquilaba, unos 500 metros más adelante, en una de las urbanizaciones más exclusivas de esa zona de Guayaquil.
Publicidad
Los guardias no sabían quiénes vivían en esas casas, dice el coronel Christian Meléndez, jefe del distrito Ceibos, quien agrega que ni los empleados de las viviendas en cuestión conocían los nombres completos de las víctimas y que los contratos de arrendamiento al parecer estaban a nombre de terceras personas.
Estos casos, que no son nuevos, han puesto en alerta a los residentes de la zona, quienes se reunieron el viernes 13 de octubre con la Policía para analizar los protocolos de seguridad.
Publicidad
En la cita estuvieron administradores y representantes de las 69 urbanizaciones. Se habló de hacer un censo para confirmar los datos de quienes viven en cada una de las casas, e incluso se propuso crear un comité para analizar los perfiles de posibles compradores o inquilinos que quieran mudarse a la vía a la costa.
Eso dijo Marcos Mata, un médico que tiene más de diez años en la zona. Él propone copiar el modelo que se aplica en el estado de Florida (Estados Unidos), donde nadie puede comprar una propiedad en una urbanización hasta que el comité no se haya reunido y analizado el perfil.
¿Quién era alias ‘Samir’, el hombre asesinado en una urbanización de vía a la costa?
Varios propietarios de la zona coinciden en que es la única forma de controlar a quienes llegan a los conjuntos privados y blindarse de las bandas.
Pero los administradores aseguran que no pueden ejercer ese control.
Guillermo Ayala, quien durante años estuvo al frente de la Federación de Urbanizaciones de la Vía a la Costa, indica que en este sentido solo se puede pedir a los dueños de las casas tener cuidado, pero no es posible poner restricciones.
“En mi urbanización llegó a alquilar un tipo sospechoso con su mujer y dos niños. Tiene carros de alta gama sin placas y dos guardaespaldas en la puerta todo el tiempo. Llamamos a la dueña para preguntarle quién era él, y solo respondió: ‘Yo sabré a quién alquilo’. Y claro es que les pagan bien o, a veces, hasta pagan todo el año por adelantado”, revela muy preocupada la residente, que participó en el encuentro y pide aclarar si quien firmó el contrato de arrendamiento vive en la casa.
Dos abogados consultados por EL UNIVERSO coinciden en que no es posible prohibir a una persona con antecedentes o sentenciado por un delito comprar o alquilar una casa, ya que eso podría incurrir en discriminación y es inconstitucional.
El abogado Julio César Cueva sostiene que tampoco se puede prohibir a un propietario vender su casa.
“Eso sería una interferencia ilícita en el ejercicio del derecho de uno de los atributos de la propiedad, que es la libre disposición”, explica el jurista.
El constitucionalista Kléber Siguencia menciona que, mientras la transacción se haga con dinero lícito, no hay delito.
Por eso, cada uno de los trámites de compraventa que se hacen en las notarías se llena de informes que son enviados a la Unidad de Análisis Financiero (UAFE) de la Fiscalía para analizar el origen del dinero.
El notario Humberto Moya cuenta que ha visto casos en los que llega una persona con un ingreso de $ 700, que vive en una zona popular, a tratar de comprar en efectivo una casa de $ 200.000 en una urbanización.
Eso es una alerta e inmediatamente se les hace llenar un formulario y se notifica a la UAFE para que los investiguen, expresa.
También comenta que en algunos casos los vendedores son cómplices silenciosos, porque una casa avaluada en $ 100.000 es comprada en $ 150.000. Luego, el vendedor le devuelve al comprador los $ 50.000. “Ahí ya están lavando dinero”, dice el notario, que cada mes manda un informe a la UAFE de transacciones mayores de $ 10.000.
“Las administraciones deben analizar a quienes compran casas y alertar si alguien llega y adquiere una vivienda de $ 200.000 de contado, para que la UAFE investigue de dónde sacaron los fondos”, agrega Jorge, un residente de la zona que en la reunión contó que hay inquilinos en su urbanización que solo llegan en la noche a las casas, circulan en carros sin placas y con vidrios polarizados.
Por eso, pide controles por parte de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) en las vías de acceso.
Los residentes también piden reforzar la seguridad en las garitas, pues comentan que, cuando ingresan visitantes, en casi todas las urbanizaciones solo se le solicita identificación al chofer y revisan el carro, pero del resto de los ocupantes del carro no se comprueba su identidad. (I)