Los reclusos en estado terminal y con enfermedades catastróficas comenzaron a quedar en libertad. Luis M., interno de la cárcel de Loja, se convirtió en el primer recluso en recibir el indulto presidencial a nivel nacional a través del Decreto Ejecutivo 265.

El Gobierno dispuso indultos para un determinado grupo de la población carcelaria con el objetivo de reducir el hacinamiento, en medio de la crisis carcelaria.

Luis M. tiene una enfermedad coronaria y tenía una sentencia de 10 años, pero en los últimos meses había presentado varias recaídas y el mismo director de la cárcel de Loja hizo el pedido para liberarlo.

En los exteriores de la Penitenciaría del Litoral había ayer familias que buscaban sacar a sus presos. María Eugenia, madre de Augusto, estuvo ayer afuera de la Penitenciaría. Dijo no tener el dinero para pagar por el indulto y contó que su hijo ya cumplió el 60 % de la pena en julio pasado y que aún no le conceden la prelibertad, como dice la ley.

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“Capaz que se demoran dando la prelibertad para obligarnos a pagar para obtener el indulto. Me dijeron que el médico debe recibir al menos 300 dólares”, comentó la mujer, quien explicó que a su hijo lo detuvieron hace 18 meses con droga.

Pero no solo María Eugenia llegó este lunes a la Penitenciaría. Ahí también estaba Olimpia B. con una serie de documentos que probarían que Grabriel G., su hijo mayor, está gravemente enfermo con tuberculosis.

Olimpia pide el indulto para su hijo que padece tuberculosis. Fue este lunes 29 a la cárcel para pedir que sea ingresado al listado de beneficiarios. Foto: El Universo

“Él tiene un hueco en el pulmón derecho. Ayer lo han llevado al hospital del Guasmo, pero ya lo regresaron a la cárcel. Ya cumplió el 60 % por robo y podría acogerse al régimen semiabierto, pero quiero que le den el indulto”, dijo la adulta mayor.

En el Decreto 265 se especifica que el perdón de la pena se concederá a quienes padezcan enfermedades catastróficas, enfermedades terminales, tuberculosis multidrogorresistentes y coinfección TB-VIH. Mientras, en el Decreto 264 se incluye a los condenados por infracciones de tránsito previstas en los artículos 383 o 386 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que no impliquen muertes ni lesiones.

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La tuberculosis es una enfermedad considerada común en la prisión, lo que ha generado un debate, pues opinan que los internos hasta podrían contagiarse a propósito para acogerse al beneficio dado por el presidente Guillermo Lasso.

Incluso varios abogados, como Julio César Cueva y Kléver Siguenza Suárez, consideran importante la evaluación médica y que esos certificados no sean obtenidos de forma fraudulenta.

Dentro de los reos beneficiados con el indulto podrían entrar detenidos por robo y tráfico de drogas.

El psiquiatra Juan Montenegro, perito de la Judicatura, este lunes acudió a la cárcel de Guayaquil para evaluar a un reo y comentó que falsificar un certificado médico es complejo.

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Dijo que el juez escucha a los peritos especializados que deben corroborar que la enfermedad indicada en los certificados de la cárcel sea real. Explicó que se puede cotejar con el historial médico de la casa de salud donde el privado de libertad ha sido atendido en los últimos años, pues indica que una enfermedad catastrófica no se desarrolla de un día para el otro.

El profesional de la salud está de acuerdo con descongestionar las cárceles, pero agregó que sería importante crear en la prisión un pabellón para reos con enfermedades mentales, pues indicó que hay algunos pacientes que son atendidos de forma ambulatoria. Allí hay un policlínico adonde acude un psiquitra del Ministerio de Salud, sostuvo Montenegro.

Una fuente de la Penitenciaría indicó que en el interior de la prisión, hasta la tarde de este lunes, se analizaban las carpetas y se estarían depurando las listas. Aún no hay un listado de quiénes se van a beneficiar, ni se sabe cuántos serán los indultados.

A la par de este trabajo, el presidente Guillermo Lasso renovó este lunes por 30 días más el estado de excepción por grave conmoción interna en todos los centros de privación de libertad que integran el sistema de rehabilitación social del país, según el Decreto Ejecutivo 276.

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Este lunes venció ese régimen dispuesto anteriormente y por ello se da la renovación. Esto permite, entre otras cosas, que las Fuerzas Armadas colaboren en el control de los centros penitenciarios, bajo los parámetros de la Corte Constitucional.

Cuatro mujeres pasaron la noche en la cárcel Regional. Les encontraron $15.000 en una camioneta. Foto: cortesía

En ese contexto, la mañana de este lunes, un grupo de militares descubrió que cuatro mujeres habrían pasado la noche dentro del Centro de Privación de Libertad Zonal 8, conocido como la cárcel Regional, donde están los líderes de las bandas.

En un reporte, los militares indicaron que las mujeres salieron de la cárcel y se dirigían a una camioneta negra, pero notaron que a ellas en ese turno no las habían visto ingresar al centro carcelario.

Al revisar la bitácora, los militares descubrieron que las cuatro sospechosas entraron a la cárcel el domingo.

Tras inspeccionar el vehículo donde se pretendían ir las mujeres, los uniformados hallaron $ 15.000 en efectivo.

Por este tipo de novedades, Ramiro García, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, mencionó que es importante la renovación del estado de excepción, aunque el legista consideró que no hay una solución única ni definitiva.

“Para una verdadera mejora del sistema carcelario es necesario un nuevo modelo de administración y nuevas leyes. Creo que los indultos sí van a aliviar el hacinamiento y eso va a ayudar”, expresó García. (I)