Los últimos asesinatos registrados en la Penitenciaría del Litoral vuelven la mirada hacia la Asamblea Nacional sobre su aporte legislativo frente a la crisis carcelaria, que supera las expectativas de un estado de excepción vigente y que fue implementado como un paliativo.

El presidente de la República, Guillermo Lasso, en la última semana, anunció que remitirá varias reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) a la Asamblea Nacional, enfocadas en seguridad, una de ellas es ampliar el grado de autoría a los jefes de organizaciones criminales que operan dentro de las cárceles.

Pero a nivel legislativo, tres comisiones tienen en sus gavetas varios proyectos de Ley, y para desempolvarlos y agilitar su aprobación el Consejo de Administración Legislativa (CAL) calificó de alta prioridad el tratamiento de todas las propuestas referentes a la seguridad del Estado y seguridad ciudadana, y rehabilitación social que se encuentren en las comisiones de Justicia, de Seguridad Integral y de Garantías Constitucionales. Para ello, en siete días los presidentes de las mesas deben presentar un plan de trabajo.

Asamblea Nacional priorizará trámite de leyes sobre seguridad ciudadana y rehabilitación social

En la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional hay al menos 37 proyectos de Ley que se relacionan con reformas al COIP, de los cuales cinco se refieren a legislación sobre prisión preventiva, medidas cautelares, arresto domiciliario, rehabilitación social, derechos y garantías de una persona privada de libertad (PPL), suspensión condicional de la pena y endurecimiento de penas para delincuentes reincidentes.

La característica es que ninguna de esas propuestas ha iniciado su trámite y menos existe un informe para primer debate.

Quien preside la comisión de Justicia, Alejandro Jaramillo (ID), considera que ya hay leyes y que el COIP ha sido reformado varias veces e inclusive en demasía, y que los cambios permiten enfrentar el tema carcelario.

El Ejecutivo, añade, apunta mal anunciando una nueva ley cuando debería enfocarse en tareas de rehabilitación social, capacitación a los guías penitenciarios, infraestructura y tecnología. Y que la Asamblea tiene que enfocarse en la fiscalización al Consejo de la Judicatura, con el que se puede determinar cuántos casos de PPL se encuentran sin sentencia y en las trabas que ponen los operadores de justicia.

Esa tesis de fiscalizar al sector justicia la comparte la legisladora Yajaira Urresta, del movimiento UNES, porque permitirá determinar el grado de responsabilidad en los asesinatos registrados en las cárceles, para lo cual planteará que se convoque a la mesa a la Defensoría del Pueblo, que deberá gestionar la reparación de los familiares de aquellas víctimas que fallecieron en medio de la matanza y que estaban por delitos menores.

Urresta también plantea que se invite a la fiscal general del Estado, Diana Salazar, y a la presidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, para que respondan por qué las prisiones preventivas constituyen una normativa legal de utilización y no una investigación proba.

Cinco proyectos en la mesa de Justicia

En la comisión de Justicia de la legislatura existen cinco proyectos que plantean reformas al COIP, y estos ingresaron hace ocho años y no han sido tramitados. El último que se presentó fue en diciembre del 2020 y se refiere la aplicación de las medidas cautelares.

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En cambio, las comisiones de Seguridad Integral y Garantías Constitucionales comenzaron a trabajar en recopilar la información sobre los proyectos que tienen sobre seguridad y rehabilitación social. La información aún no la tienen lista, sus colaboradores dicen que está en construcción.

El legislador Ronny Aleaga (UNES), proponente de la reforma sobre la aplicación de las medidas cautelares, comenta que su proyecto contribuirá para reducir el hacinamiento en las cárceles, pues una de las problemáticas que se registra en los centros de privación de libertad es el abuso y el exceso en el uso de la prisión preventiva de un investigado por un presunto delito.

Explica que cuando planteó su proyecto, en diciembre del 2020, había un hacinamiento del 42 %, donde se registraban casos de personas detenidas por falta de pago de las pensiones alimenticias. El uso de un grillete puede ser la alternativa, pero el problema es que el Estado no tiene los grilletes, sostiene, pero también hay medidas como presentaciones periódicas ante la fiscalía.

El planteamiento es que la medida de la prisión preventiva se aplique como último recurso, pues en la matanza de la Penitenciaría del Litoral, señala Aleaga, hubo casos de personas que estaban detenidas por alimentos, pero fueron asesinadas.

Lo que se plantea en la reforma es que para delitos menores no se aplique la prisión preventiva, en casos como un accidente de tránsito donde no hay víctimas, personas por pensiones alimenticias, personas por temas financieros. La excepción estaría en la reincidencia.

Medidas cautelares

Iniciativa: Asambleísta Ronny Aleaga (UNES), presentado el 02-12-2020, calificada por el CAL el 10 de marzo de 2021.

Propone introducir cambios a cinco artículos del COIP, respecto a contradicciones que existen en el código sobre la aplicación de las medidas cautelares, pues en el artículo 522 dispone que el juzgador podrá imponer detención como medida cautelar para asegurar la presencia de la persona procesada, mientras que el artículo 530 contrariamente manda que la figura de la detención podrá ser ordenada por el juzgador con fines investigativos.

Prisión preventiva

Iniciativa: Exasambleísta Fabricio Villamar (AHORA), 12-03-2020, calificada por el CAL el 8 de abril de 2020.

Plantea reformar el artículo 537 del COIP, donde se determine que la prisión preventiva podrá ser sustituida por el arresto domiciliario y el uso del dispositivo de vigilancia electrónica cuando la persona es una mujer que tenga a su cuidado hijos o hijas menores de 12 años de edad o personas con discapacidades. En el proyecto se señala que siempre debe entenderse a la prisión preventiva desde la excepcionalidad y desde el principio esencial de la presunción de inocencia.

Sistema de rehabilitación

Iniciativa: Exasambleísta Ana Belén Marín (PAIS), 24-04-2019, calificada por el CAL el 8 de julio de 2019.

Encaminada a recuperar las condiciones de vida digna y el proceso de rehabilitación social y reinserción a la sociedad ecuatoriana de las personas privadas de libertad, para lo cual se proponen 26 reformas al COIP, que prohíben toda acción, tratamiento o sanción que implique tortura, desaparición forzada, castigos corporales y cualquier forma de trato cruel, inhumano o degradante.

Determina la responsabilidad del Estado de garantizar que las personas privadas de libertad tengan una vida digna, así como también su protección y servicios dentro de los centros de rehabilitación. También obliga al Estado a dotar con dos centros a nivel nacional de formación y capacitación penitenciaria, en Quito y Guayaquil; además se propone un registro de las personas privadas de la libertad.

Suspensión condicional de la pena

Iniciativa: Exasambleísta Noralma Zambrano (PAIS), 30-01-2019, aprobada por el CAL el 8 de julio de 2019.

Propone reformas a los artículos 444, 536, 630 y 642 del COIP, relacionados con la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad impuesta en sentencia de primera instancia en los casos de delitos de acción pública. Pero con la propuesta se pretende hacer extensivo ese derecho a los delitos de acción privada, contravenciones penales y de tránsito. A excepción de los casos de delitos contra la integridad sexual y reproductiva, en los casos de delitos o contravenciones de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar.

Sanción a delincuentes

Iniciativa: Exasambleísta Andrés Páez (antes de CREO), 17-05-2013, calificada por el CAL el 29 de mayo de 2013.

Este proyecto fue presentado antes de la aprobación del COIP, pues está dirigido a reformar varios artículos del Código Penal y Código de Procedimiento Penal. Puntualmente, plantea el incremento de sanciones penales a los delincuentes reincidentes o habituales como medio e instrumento de defensa social y ante todo, como un medio de respuesta punitiva para aquellos que han decidido quebrantar las normas de convivencia y transitar por caminos delictivos de manera recurrente y peligrosa. (I)