Ante un sistema penitenciario ‘deficiente’, con infraestructura, equipamiento y tecnología “insuficiente, obsoleta e inadecuada” para la rehabilitación de los reclusos, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) inició, en noviembre de 2021, un plan para reestructurarlo en un lapso de cuatro años, hasta diciembre de 2025, y con un presupuesto de $ 125,5 millones. Han pasado 16 meses y el avance del programa llega al 12 % e incluye obras concluidas y pagadas y otras contratadas y en ejecución.

En 2021 se proyectó invertir $ 5,5 millones, pero se destinó menos de un millón; en 2022 se asignaron $ 30 millones, pero se adjudicaron $ 3,6 millones; y en 2023, cuyo presupuesto es de $ 30 millones, no se ha devengado nada hasta febrero, según los informes del SNAI. Los siguientes dos años se tiene previsto sumar $ 60 millones.

La mayor parte de los recursos, $ 87,3 millones, será para fortalecer las capacidades de seguridad y vigilancia. Se comprarán cámaras, 9.000 dispositivos de geoposicionamiento electrónico (grilletes) y otros equipos tecnológicos.

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En este último rubro se incluye la adquisición de cinco escáneres de vehículo, 41 rayos X de maleta y 46 arcos detectores de metales por $ 17 millones, que el SNAI intentó comprar sin éxito en octubre y noviembre de 2022. Ambos procesos fueron cancelados por la necesidad de hacer una ‘reforma’ que cambie el objeto de contratación.

Actualmente, los equipos instalados en las cárceles tienen -según el proceso- más de diez años de uso, no han recibido mantenimiento, están ‘descontinuados tecnológicamente’ y, además, han sufrido ‘vandalismo’ en los enfrentamientos y motines registrados en los recintos penitenciarios, que entre 2021 y abril de 2022 dejaron 340 internos asesinados.

Los restantes $ 38,1 millones del proyecto contemplan la rehabilitación de las cárceles. Algunas obras ya se hicieron, como adecuaciones en tres centros (Azuay, Guayas, Cotopaxi), que costaron $ 842.950; y otras están en construcción, como los cerramientos perimetrales de siete cárceles (en Guayas, Esmeraldas, Manabí, Santo Domingo, Azuay) por $ 2,5 millones y que tienen un avance de entre el 35 % y 100 %.

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Una de las últimas obras adjudicadas es la reparación de dos pabellones de la Penitenciaría del Litoral (CLP Guayas 1), deshabitados desde noviembre, por $ 829.841. Estos trabajos se culminarían en abril.

El SNAI, según el plan, repotenciará 25 centros. Quince de ellos tienen edificaciones e instalaciones eléctricas e hidrosanitarias en mal estado, como en Guayas, Esmeraldas, Los Ríos, y diez tienen proyección de crecimiento, como en Manabí, Esmeraldas y Cañar.

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No se contempla la construcción de nuevos recintos, aunque en el proyecto se considera importante la edificación de centros con máximo 500 plazas, ya que -según el SNAI- “la administración de megacárceles no ha dado las respuestas esperadas para la rehabilitación y reinserción” de los internos. Con esto se busca mejorar sus condiciones de vida y disminuir el hacinamiento, que a nivel nacional llega al 13 %. También, se prevé que los CRS (centros de rehabilitación social) se dividan en unidades de máxima, mediana y mínima seguridad. (I)