Los amotinamientos, explosiones y masacres le pasan factura a las 67 prisiones del país. A un mes de que termine el plazo del actual contrato que cubre eventuales daños carcelarios, aún no arranca el proceso para la selección de una nueva empresa que pueda proteger los bienes penitenciarios valorados en más de $ 260 millones.

Ahí están, por ejemplo, los centros de privación de libertad de Guayas con un avalúo de $ 72 millones; de Latacunga, por $ 70 millones; del Azuay, por $ 42 millones; y de Manabí, por $ 15 millones. También, los centros de atención del SNAI, un centenar de vehículos, maquinarias y otros bienes.

Los apuros que enfrenta el SNAI para asegurar sus propiedades se evidenciaron este mes, luego que esta entidad iniciara los pasos para la contratación de este servicio el pasado 15 de marzo, pero dos días después, el viernes 17, suspendiera este proceso sin explicar los motivos. Este Diario solicitó una entrevista al SNAI (Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y a Adolescentes Infractores), pero hasta el cierre de este reportaje no se obtuvo respuesta de su titular, Guillermo Rodríguez.

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Sin embargo, en varios informes constan los inconvenientes que ha tenido la entidad para conseguir, por ejemplo, proformas de compañías interesadas en asegurar las prisiones. El 7 de marzo el área de Gestión de Adquisiciones hizo pública la necesidad de la contratación y solicitó abiertamente las cotizaciones, pero “no se recibió ninguna oferta”. El mismo día el área de Gestión de Bienes e Inventarios envió correos solicitando proformas a tres compañías, Seguros Latina C. A., Seguros Constitución y AIG Metropolitana Cía. de Seguros y Reaseguros. De estas, solo la primera envió una oferta, mientras que las dos restantes respondieron con una “negativa a participar” en el proceso de contratación. A través del portal del Sercop, tampoco hubo interesados.

La dificultad que tienen es propia del riesgo en particular, si ellos han tenido de forma sucesiva, por falta de control, una situación de pérdida, obviamente, el asegurador lo va a mirar con muy malos ojos, nadie va a hacer un negocio que a toda razón es inconveniente

Pedro Hallón, apoderado de Seguros Latina.

Mientras que Esteban Araujo, gerente de Tecniseguros, agregó que la cantidad de amotinamientos y los consecuentes daños en la infraestructura carcelaria aumentan los costos de los seguros carcelarios. “Antes casi no se daban este tipo de eventos, los precios eran accesibles para asegurar las cárceles, pero ahora, después de todo lo que ha pasado, ninguna aseguradora va a querer asumir ese riesgo”, indicó el representante de Tecniseguros.

En los últimos tres años, desde el 1 de enero de 2021, los centros penitenciarios han enfrentado 36 amotinamientos en el país, la mitad de ellos en Guayas, según los registros del SNAI. Esto sin contar con 41 daños estructurales en ese periodo, además de explosiones, ataques con drones, inundaciones e incendios.

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En enero pasado, por ejemplo, se produjeron disturbios en la cárcel de El Inca, en Quito, que dejó un reo fallecido, mientras que en noviembre, en esa misma prisión, hubo enfrentamientos entre miembros de los grupos delincuenciales Los Lobos y Los Ñetas que dejaron como resultado cinco muertos, dos de las víctimas incineradas, y destrozos de bienes ocasionados por las detonaciones en ese recinto.

El seguro es un negocio que hace un cálculo actuarial de las probabilidades de que ocurra un siniestro y ante un hecho repetitivo como son los amotinamientos, evidentemente, la probabilidad es mayor y la única forma de garantizar que se puedan pagar los daños asegurados es mediante una prima alta

Esteban Araujo, gerente de Tecniseguros.

No obstante, la única empresa que presentó una oferta para proteger los bienes del SNAI este año fue Seguros Latina C. A., compañía que determinó en $ 3,5 millones el monto de la póliza para asegurar hasta el 2024 los bienes carcelarios en Ecuador.

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Este valor supera en más del 200 % el costo de lo contratado con este mismo proveedor, Seguros Latina, para el periodo 2022-2023, que se ubicó en $ 1,1 millones y que tiene vigencia hasta el próximo 5 de mayo.

Documentos internos del SNAI detallan las visitas de sus analistas técnicos para supervisar los trabajos de reconstrucción y reparaciones eléctricas o de infraestructura realizadas por constructores designados por Seguros Latina, luego de amotinamientos en los centros penitenciarios.

En 2022, el SNAI reportó daños en sus bienes muebles e inmuebles por $ 1′264.114 debido a las revueltas de los privados de libertad. Esta cantidad representó ese año el 114 % de siniestralidad, un porcentaje que ha crecido exponencialmente. En 2020, la siniestralidad o eventos que ocasionan daños, se ubicó en el 3,92 % y en 2021 subió al 82 %. El SNAI lo atribuye a las revueltas y motines.

En los periodos 2021-2022-2023 se registraron amotinamientos en varios centros penitenciarios, que ocasionaron varios daños a la infraestructura, así como a los bienes muebles que estaban a la mano de las personas privadas de libertad y que fueron destruidos en su totalidad, ocasionando que la siniestralidad vaya en aumento

Documento del SNAI.

Un informe de esta institución, a febrero de este año, detalla varias acciones que dice haber realizado el SNAI para disminuir la siniestralidad y controlar la seguridad en las prisiones, entre ellas, la reducción del hacinamiento, la contratación de personal de vigilancia, la construcción de cerramientos para evitar fugas y desorden y la inversión en tecnología y equipos. (I)

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‘Eliminar el hacinamiento y la corrupción’, dicen analistas sobre manejo de seguridad carcelaria

Lograr el control en las cárceles del país depende de la voluntad política del Gobierno para ejecutar un plan que contenga, principalmente, cuatro frentes: la eliminación del hacinamiento de privados de libertad, la creación de programas de rehabilitación, la lucha contra la corrupción y la asignación de recursos para dotar a las prisiones de una infraestructura segura, personal capacitado, tecnología y equipamiento.

Así coinciden dos analistas de seguridad consultados por este Diario: Daniel Pontón, decano de la Escuela de Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales, y Luis Barrios, catedrático de la John Jay College de Ajusticiamiento Criminal de la Universidad de Nueva York.

Lo primero es eliminar el hacinamiento; todavía están haciendo un censo penitenciario, es una falta de respeto que no sepamos cuántos presos tenemos, por qué están ahí. Hay gente que no debería estar ahí, porque ya cumplió el 100 %, 75 % de su condena, eso disminuye la población carcelaria

Luis Barrios, psicólogo forense y miembro del Observatorio de Prisiones 593.

En las cárceles, agrega, no hay garantías ni comida, ni acceso a la educación, no hay seguridad. “Esas cárceles no rehabilitan a nadie, son almacenes, hay una economía subterránea de droga. Hay que ser más serios con estos análisis, hay una corrupción, hay policías que pasan las armas adentro, la gente sale peor de lo que entró”.

El SNAI inauguró un sistema de control y monitoreo para 36 cárceles del país, en noviembre pasado. Foto: Cortesía del SNAI.

“Lo segundo es tener programas de rehabilitación, hay presos que no tienen una cama para dormir, la violación a los derechos humanos es increíble, empezando por comida, por servicios médicos, poder trabajar, le dejan como opción solo la venta de droga”, comenta el catedrático.

Daniel Pontón agrega la necesidad de luchar contra la corrupción y dotar de la tecnología y el recurso humano. “Dudo que se haya invertido lo suficiente en las cárceles para decir que es relevante, debe haber una rendición de cuentas”, indica el experto y cuestiona la contratación de personal. “Hay que ver si esta gente hizo capacitación, si se han hecho las inversiones, se habló de un pabellón, lo que ha habido es un arreglo de movimientos de grupos de bandas desde octubre y al parecer eso ha traído una tensa calma, un cierto nivel de pacificación, Se requiere una política de estado”, dice Pontón. (I)

SNAI tiene obligaciones que cumplir en prisiones

El SNAI tiene que cumplir algunas acciones durante la vigencia de la póliza del seguro para proteger sus propiedades, como el monitoreo permanente a través de al menos dos salas dinámicas para mantener la vigilancia de los reclusos durante las 24 horas. Una de ellas, conectadas a 36 prisiones, se inauguró en noviembre.

También se requiere el uso de equipos tecnológicos para la detección de armas, explosivos, sustancias prohibidas; radios de comunicación integrados a la red del ECU911; y continuar con los operativos de control. Entre el 2021 y abril de 2022 se incautaron 130 armas de fuego, 11.400 municiones, 9.337 armas blancas, 150 explosivos, 3.444 celulares, drogas y otras sustancias y objetos. (I)