¿Por qué el Estado no logra tener el control en las cárceles y frenar incidentes de las bandas que llevan dos años?

Con nueve episodios sangrientos en las cárceles de Ecuador, que han dejado casi 400 reos muertos en los últimos dos años, la crisis carcelaria parece no tener fin.

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Las dos jornadas violentas en Latacunga del lunes 3 y martes 4 dejaron 16 muertos y 43 heridos. Los enfrentamientos de este miércoles 5 en la Penitenciaría del Litoral generaron cinco muertos y 23 heridos (18 reos y 5 policías), un escenario que evidencia más la falta de control gubernamental en las cárceles del país.

Las autoridades han reconocido la fuerza de las bandas narcodelictivas en los pabellones y los hechos ponen al descubierto la falta de procesos internos de rehabilitación e inserción.

Mauricio Vásquez, quien fue director de la Cárcel 4 en Quito y de la Cárcel de Varones en Cuenca (antes del traslado a Turi), y hasta hace un año se desempeñó como coordinador zonal de la Defensoría Pública, cree que la actual crisis carcelaria no es responsabilidad de una sola persona, sino de todo un sistema que poco a poco se fue deformando hasta el punto en que los reos han llegado a controlar las prisiones.

Está convencido de que en la actualidad no existe un proceso de rehabilitación y menos aún de reinserción que se ha generado por varios factores, primero por un deficiente modelo de gestión que debe ser urgentemente revisado y apoyado por los recursos económicos necesarios para los diferentes procesos.

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Pero a estos aspectos hay otros que considera esenciales y que también sumaron a la pérdida de poder de las autoridades sobre los presos.

Uno de ellos es el cierre de la Escuela de Formación de Agentes de Tratamiento Penitenciario ubicada en el cantón Pasaje, provincia de El Oro. El sitio funcionó dos años, entre 2015 y 2017.

Esto, a criterio de Vásquez, frenó la profesionalización de una carrera inexistente en Ecuador y que podía servir de mucho para tratar a los presos.

Pero también considera un error que quienes dirijan el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) sean policías, pues su perfil está para otras situaciones como el control de la seguridad ciudadana, que tiene otras connotaciones. Y aunque en el país no está disponible una carrera técnica superior para formar a los guías, cree que esto debe estar en manos de civiles.

El CPL de Turi no ha estado lejos de las matanzas y el último crimen masivo registrado ocurrió en abril pasado. Esa jornada dejó 20 asesinados y varias instalaciones destrozadas. El 31 de agosto pasado se realizó aquí el Censo Penitenciario en donde a nombre de sus compañeros un privado de la libertad dio un testimonio de la realidad tras los barrotes.

Ese día ante los medios de comunicación este hombre detenido en el pabellón de mínima seguridad dijo que “ya no se están dando talleres para varones (…) desde el motín de la última vez donde quedaron destruidos”.

En el año 2021 el Centro de Etnografía interdisciplinaria Kaleidos publicó un estudio denominado Diagnóstico del Sistema Penitenciario del Ecuador donde se exhibe una tabla del crecimiento anual de las muertes violentas en las cárceles del país reportadas por el SNAI entre los años 2018 y 2020, en donde las muertes naturales, violentas y suicidios pasaron del 0,07 al 1,17 por ciento.

Esto se afianza aún más en un reporte publicado en mayo pasado en el portal web de las Naciones Unidas, en donde se ratifica esta tendencia con los siguientes números: desde diciembre de 2020 hasta mayo de 2022 se han producido al menos 390 asesinatos.

En este estudio también se aclara las masacres carcelarias del 2021 ocurrieron cuando se falló en una reforma penitenciaria, la ampliación del inventario de delitos en el COIP y la desaparición del Ministerio de Justicia.

Aquí se describe que “la autoridad penitenciaria perdió el control de los centros penitenciarios porque la reforma desmovilizó los comités de internos (…) y al desmantelamiento de regímenes de visitas flexibles”.

Además, que el Sistema de Gestión Penitenciaria no funciona porque la infraestructura de datos del Estado no tiene la información adecuada de la población penitenciaria.

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Por estos aspectos, Vásquez considera que la salida a esta crisis penitenciaria debe darse con pasos firmes para hacer cumplir el artículo 673 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), donde manda que la responsabilidad del Estado de garantizar los derechos de las personas privadas de libertad.

Esto incluye el deber de proteger también su integridad física, de los miembros de la Policía Nacional y trabajadores del sistema penitenciario se debe empezar con tres aspectos básicos: modificar o mejorar el modelo de gestión, clasificar adecuadamente a los reos según su peligrosidad y actuar con mano firme, pero apegados a derecho.

Claro, todo esto acompañado de recursos económicos y erradicar la corrupción existente, más cuando desde su perspectiva bandas narcodelictivas internacionales se han tomado los centros.

Paúl Serrano, quien fue coordinador zonal 6 del extinto Ministerio de Justicia, concuerda que uno de los factores de la crisis carcelaria es que se dejaron de lado los procesos de rehabilitación y con el paso del tiempo todo se transformó en un lugar de hacinamiento y perfeccionamiento del delito.

Por ejemplo, en Turi menciona que al inicio se destinó un área para rehabilitar adicciones, pero que luego pasó a ser un pabellón más.

Él es partidario de que para retomar el control y frenar en algo la crisis, desde el sector público se debe crear un auténtico modelo de gestión para que los detenidos que quieran se rehabiliten.

Pero también apela a una real participación de las empresas privadas, porque cuando un reo sale y busca una oportunidad laboral, le cierran las puertas por su pasado judicial. Situación que le empuja a dos cosas: a recaer en las adicciones o retomar el camino del hampa generando una puerta giratoria donde los ciudadanos pasan de las cárceles a las calles y viceversa, cayendo en un círculo vicioso.(I)