Parientes de contraventores de tránsito alertan sobre riesgos que sufren detenidos derivados al Centro de Detención Provisional

Defensores y familias de personas detenidas por contravenciones de tránsito se muestran preocupados por los riesgos que suponen los traslados al Centro de Detención Provisional (CDP), ubicado junto a la Penitenciaría.La queja se deriva de casos recientes en los que las personas aprehendidas por pasar los límites de alcohol u otras contravenciones han sido recluidas en la sede carcelaria habilitada en el norte de la ciudad.En los últimos días trascendió que un conductor luego de haber sido detenido en Samborondón, durante un operativo realizado por la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) para detectar estado de embriaguez, fue llevado al CDP, donde permaneció tres días. Durante el tiempo de reclusión, el individuo habría sido intimidado por parte de miembros de grupos delictivos que operan dentro del centro carcelario.En Twitter, en estos días también usuarios de esa red mostraron su rechazo a que los contraventores de tránsito sean trasladados al CDP en donde, aseguran, corren peligro por las masacres que se han registrado en los centros carcelarios, así como las extorsiones por parte de bandas para estadía y seguridad.El doctor en leyes Roberto Gómez mostró su preocupación en esta red social porque “irresponsablemente” se ha eliminado el centro de detención de contraventores de tránsito y se estaba derivando a los retenidos a la Penitenciaría.El abogado especialista en temas de tránsito Gustavo Mora explicó que esta no es una disposición nueva. De hecho, se mantiene vigente desde hace varios años.Una de las sedes en donde los infractores eran retenidos y cumplían sus penas era en una de las instalaciones de la CTE en Durán. Ahora, en los alrededores de la unidad ubicada en El Recreo, vecinos indicaron que se dejó de ver movimiento desde inicios de año.“Antes se veía a la gente que venía a visitar a las personas que estaban recluidas, ahora ya casi nada. Me imagino que ya no han de tener gente ahí y por eso ya no se ve mucho movimiento”, dijo una de las personas que viven cerca de las instalaciones.La Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) dijo que durante los operativos de estado de embriaguez u otro proceso de tránsito, los uniformados cumplen con el procedimiento de poner al infractor a órdenes de la autoridad competente en la Fiscalía de turno, como establece la ley.Mora añadió que, al quedar a órdenes de un juez, este será el que determine, luego de la audiencia de calificación de flagrancia y de contravención, si la persona cumplirá una pena privativa que puede ir de 3 a 30 días (de acuerdo con el grado de alcohol detectado) o trabajo comunitario según faculte la ley.Por su parte, la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM), que tiene jurisdicción en Guayaquil, indicó que se opera de la misma manera y que es el perito quien realiza la prueba de alcoholemia correspondiente. En ese sentido, la persona queda a disposición de la autoridad competente.La CTE dijo que solo en el caso de no existir espacio en las celdas transitorias de las unidades de la Fiscalía, los procesados son llevados momentáneamente a las celdas de la Unidad de Control de Tránsito de Durán hasta que se cumpla la audiencia de flagrancia, que rige por 24 horas.La entidad explicó que con esta medida se busca aportar en la disminución del hacinamiento en los centros de detención estatales.El gobernador encargado del Guayas, Lorenzo Calvas, dijo esta semana en la radio i99 que cuando existía la Comisión de Tránsito del Guayas había calabozos y los contraventores estaban allí hasta que el juez competente resolviera.“En todo caso, no puede cualquier ciudadano por una infracción de tránsito irse a contaminar allí adentro y sufrir humillaciones y vejámenes como muchos lo están sufriendo en estos momentos”, indicó Calvas al ser consultado sobre este tema. (I)

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