En un operativo contra la minería ilegal, las Fuerzas Armadas de Ecuador detuvieron a 33 personas en el cantón Camilo Ponce Enríquez, provincia de Azuay.
La operación, realizada en coordinación con la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom), resultó en la aprehensión de 30 ciudadanos extranjeros, de nacionalidades peruana y venezolana, junto con tres ecuatorianos.
Además de los adultos, dos menores de edad fueron encontrados en el sitio. Según el Ejército, también trabajaban en la mina ilegal y fueron aislados para ser entregados a sus familias. Los ciudadanos extranjeros detenidos no contaban con sus documentos de identificación.
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Durante la intervención en el sector de Muyuyacu se decomisó un gran arsenal de materiales peligrosos y equipos utilizados para la extracción ilegal:
- Un arma tipo carabina.
- Artefactos explosivos improvisados y 498 explosivos varios.
- 1.414 cápsulas ordinarias y 2.300 metros de mecha lenta.
- 20 galones de combustible (diésel).
- 138 sacos de material aurífero.
- 17 sacos de nitrato de amonio.
Las evidencias y los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes.
Menores de edad y extranjeros indocumentados en actividades de minería ilegal#Azuay| Las Fuerzas Armadas del Ecuador, en apoyo a la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM), continúa con las operaciones militares en contra de la minería ilegal, en el sector de Muyuyacu,… pic.twitter.com/MMuxNKYtUg
— Fuerzas Armadas del Ecuador (@FFAAECUADOR) September 21, 2025
En el cantón Camilo Ponce Enríquez, la minería ilegal se ha convertido en una problemática recurrente y compleja. La presencia de personas de diversas nacionalidades, así como la participación de menores de edad, subraya la vulnerabilidad de las poblaciones involucradas y la naturaleza transnacional de estas actividades, según autoridades.
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El uso de explosivos y otros materiales peligrosos son indicadores de que estas operaciones se llevan a cabo fuera de cualquier marco legal, lo que representa un grave riesgo para el medioambiente y la seguridad de los trabajadores y la comunidad local, de acuerdo con denuncias que han realizado organizaciones ambientales. (I)
