Después de la última masacre carcelaria, que ocasionó 44 fallecidos en la cárcel de Santo Domingo de los Tsáchilas, el lunes 9 de mayo, la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, dirigida por Michelle Bachelet, expresó “su profunda preocupación por la constante violencia en las cárceles del país, donde han fallecido cerca de 400 reos en menos de dos años”.

La portavoz de Bachelet, Liz Throssell, señaló que lo acontecido en el centro de rehabilitación social de Santo Domingo “dista de ser un caso aislado”, y recordó que previamente ocurrieron dos eventos de similares características: uno en la cárcel de El Inca, en Quito, y otro en el centro penitenciario de Esmeraldas.

Throssell destacó que estos “preocupantes incidentes” evidencian de nuevo “la urgente necesidad de una reforma integral del ordenamiento jurídico penal, incluido el sistema penitenciario”.

La Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos apuntó que “la seguridad de todas las personas bajo custodia recae en el Estado y que estas muertes le generan una presunción de responsabilidad”. El organismo reclamó que se realice una investigación completa de los incidentes.

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En cuanto a las acciones que ha emprendido el Gobierno ecuatoriano, la entidad recordó que en febrero se presentó la estrategia de política pública para la rehabilitación social de los presos, que contó con el apoyo del organismo.

En ese sentido, Throssell dijo que desde la Oficina se alienta al Estado “a tomar medidas enérgicas y a proporcionar los recursos adecuados para implementar esta política”.

Agregó que las autoridades nacionales sigan las recomendaciones del informe de 2019 de la Alta Comisionada sobre los derechos humanos en la administración de justicia.

Además, se hizo un llamado al Gobierno para considerar la hoja de ruta propuesta por la Oficina de Derechos Humanos de la ONU y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, para garantizar la seguridad en las prisiones, mejorar las condiciones de privación de libertad y garantizar una mejor gestión de las cárceles.

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Siete hechos violentos en cárceles de Ecuador han causado, al menos, 380 muertos

Amnistía Internacional también mostró su preocupación por los enfrentamientos en los centros de rehabilitación, que hasta el momento han provocado 380 víctimas mortales.

Érika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, expresó que “estar privado de la libertad en Ecuador se ha convertido casi en una sentencia de muerte”.

La funcionaria anotó que las autoridades ecuatorianas han cometido “repetidos errores” en el manejo de la crisis carcelaria y reiteró el pedido de la ONU de investigar a fondo los casos suscitados.

“Las autoridades deben atender, de una vez por todas, las causas estructurales del problema, tal como el hacinamiento, la corrupción y la impunidad, a través de una política penitenciaria integral centrada en los derechos humanos”, reclamó la representante de Amnistía Internacional.

Guevara señaló que el traslado de seis cabecillas de bandas criminales desde la cárcel de Santo Domingo hacia La Roca y a la Penitenciaría son “medidas superficiales” e “insuficientes” para proteger la vida de las personas privadas de la libertad. (I)