¿Necesita Nueva Prosperina un cuartel intermedio de los anunciados por el Ministerio del Interior?: con más de 240 crímenes es el distrito más violento en Guayaquil

La muerte de la agente Verónica Songor , ocho días después de haber quedado herida de gravedad durante un ataque a balazos contra la Unidad de Policía Comunitaria (UPC) de Socio Vivienda 1, es uno de los casos que reflejan el nivel de violencia que azota al distrito Nueva Prosperina, el de más homicidios en Guayaquil.Esta jurisdicción abarca gran parte del noroeste de la ciudad: Monte Sinaí, Nuevo Guayaquil, Flor de Bastión, Nueva Prosperina, El Fortín, Paraíso de la Flor, Socio Vivienda, entre otros. Y del 1 de enero al 13 de octubre dicho distrito registró 241 asesinatos, 178 más que los que hubo en el mismo lapso del 2021 (63).Hasta el 28 de octubre este distrito tuvo 255 muertes violentas.Songor, de 24 años, era oriunda de Loja y tenía en la institución policial un año siete meses. Cumplía su primera asignación en Nueva Prosperina, sector de la urbe porteña con más crímenes que provincias enteras como El Oro (222), Santo Domingo (120), Cañar (77), Santa Elena (70) y muchos otros, entre el 1 de enero y el 17 de octubre del año en curso.Hace días atrás, Juan Zapata, ministro del Interior , indicó a este Diario que en las zonas calientes se implementará un cambio en el modelo de gestión de las UPC. La idea, dijo, es tener cuarteles intermedios donde haya de 300 a 400 policías que lleven ese régimen para fortalecer también la disciplina.“Este mismo tema de las UPC se vuelve vulnerable, porque a lo mejor pueden tener máximo 18 a 20 policías. Hay que tener cuarteles intermedios en donde estén entre 300 y 400 policías, y que hagan vida de cuartel, eso también fortalece la disciplina. Una UPC no puede ser una oficina, hay que vivir ahí, y su franco es franco, pero su retén y servicio es otra cosa”, refirió el funcionario.Y durante la ceremonia de graduación de 1.564 nuevos policías , en Guayaquil, el presidente de la República, Guillermo Lasso, mencionó que el 70 % de ese grupo sería asignado a Guayaquil y Quito para bajar los altos índices delincuenciales.Pero antes del evento, Zapata explicó que los nuevos uniformados irían a comandos provinciales, a zonas que no son muy conflictivas, hasta que adquieran experiencia en la calle, y que a las jurisdicciones con más problemas, como Guayaquil, irían los agentes más antiguos.Alberto Molina, coronel en servicio pasivo, se mostró de acuerdo con reemplazar las UPC por cuarteles intermedios, pero cree que este es un objetivo a mediano plazo, porque se deben construir los cuarteles y eso demanda inversión, recursos.Mientras se apunta también a metas de largo alcance, sostuvo, el Gobierno debe actuar con miras a soluciones inmediatas, pues las bandas criminales tienen el dinero suficiente para adquirir armamento moderno y “comprar” complicidades.¿Qué acciones inmediatas sugiere? El especialista señaló que en los sitios más calientes del Puerto Principal deben mantenerse operativos de control con una Fuerza de Tarea Conjunta que incluya a policías y militares, más allá de que el estado de excepción decretado en la Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón) para contrarrestar el accionar delictivo culminara la semana pasada.A nivel de país, Molina es partidario de que Fuerzas de Tarea Conjunta se mantengan en las fronteras (para evitar en lo posible el ingreso de drogas y tráfico de armamento), que se militaricen los puertos y se los dote de escáneres (a fin de controlar la contaminación de contenedores) y que la Policía se haga cargo de las cárceles junto con los guías penitenciarios.“Al margen de todo esto el presidente (Guillermo Lasso) debe llamar a la unidad nacional, porque la responsabilidad de seguridad del Estado la tenemos todos: las autoridades de todas las funciones del Estado, gremios, universidades, autoridades de todo orden, municipios y la ciudadanía en general”, comentó.Daniel Pontón, experto en seguridad y decano de la Escuela de Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN), considera que el planteamiento de crear cuarteles intermedios es viable, pero se necesita de una adecuada planificación.Refirió que el modelo de UPC fue diseñado para un contexto distinto al que se vive actualmente en la urbe porteña y en general en todo el país, donde hay incremento del accionar delictivo.No obstante, expresó que a más de la infraestructura, estos sitios requieren de equipamiento y tecnología al igual que los uniformados, de lo contrario el esfuerzo no daría los frutos esperados.“Me parece que hay otro tipo de medidas que pueden ser más adecuadas, sobre todo que combinen trabajo de inteligencia con operativos específicos de prevención: desarme, desarticulación de bandas, identificación de economía ilícita”, opinó el especialista. (I)

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