¿La ley de rehabilitación deberá ser reformada para las prisiones flotantes que propone Daniel Noboa?

Poco antes de ganar las elecciones presidenciales, Daniel Noboa anunció en televisión que dentro de su plan de seguridad para hacer frente a la crisis carcelaria estaba la implementación de prisiones flotantes. Dijo que estarían ubicadas a 80 millas náuticas (casi 150 km) mar adentro y que ahí se recluirían los reos de alta peligrosidad.“Esto puede ayudar al aislamiento de los criminales más violentos, a la segmentación de las cárceles; de esa manera protegemos la integridad de los no violentos y tenemos aislados a los violentos que muchos de ellos cometen y ordenan crímenes desde las prisiones”, dijo el entonces candidato durante entrevistas.El abogado y exfundador de la Unidad Antisecuestro y Extorsión (Unase), Klever Carrión, dijo estar de acuerdo con la segmentación que propone el nuevo presidente y aunque le parece una buena idea implementar las cárceles flotantes, aclara que la ley de rehabilitación deberá ser reformada para esto.“Tendríamos que estar sentándonos a debatir cómo se modificará el sistema de rehabilitación para que permita la existencia de las cárceles barcazas. El concepto de la segmentación es bueno”, indicó Carrión.Pero, el expolicía y experto en tácticas de inteligencia, sostuvo que aunque idea le resulta fabulosa, no se puede usar a los mismos agentes de seguridad penitenciaria o proveedores para este proyecto porque muchos de ellos ya han sido corrompidos.“Hay que hacer un trabajo complementario en ese sentido, sino de nada servirá porque igual los jefes de las bandas van a obtener lo que deseen”, señaló Carrión, quien desde ya advierte que los Derechos Humanos serán opositores y dirán que se está discriminando a los reos en el sistema de rehabilitación.Billy Navarrete, director del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), consideró que esta modalidad carcelaria representaría un retroceso que, en su opinión, ni siquiera proporcionaría un alivio a corto plazo.Él cree que las redes criminales se adaptarán porque la criminalidad que ahora se expande es un fenómeno mutante. Por eso, Navarrete cuestiona la efectividad de la propuesta.“Desde la época feudal se ha experimentado con cárceles en islas como medida de aislamiento y, la más reciente y cuestionada, la cárcel de Guantánamo en Cuba, poco o nada ha devuelto la seguridad porque este negocio va a buscar otras vías para seguir desarrollándose”, estimó el activista que ha seguido de cerca la crisis carcelaria de los últimos años.Además, Navarrete apunta que esta medida violaría las normas del tratamiento de reclusos estipulada por las Naciones Unidas, y que han firmado los Estados, entre ellos, el ecuatoriano. “No se puede obviar porque hay obligaciones que cumplir como el régimen especial que establece el derecho a visitas, actividades recreativas, el acceso a la luz del día, el tratamiento de rehabilitación”, dijoPero, ¿cómo funcionan estas cárceles barcazas? La idea no es nueva, desde hace veinte años la CIA usa barcos habilitados como prisiones para mantener ahí a los presos considerados terroristas peligrosos.Según medios internacionales, estas prisiones flotantes no tienen autonomía, no cuentan con motores, así en el caso de algún amotinamiento los reos no podrán tomar el control. Tienen que ser trasladados hasta el punto donde se quedan anclados por un remolcador. Normalmente una vez a la semana les llevan provisiones y se hace el cambio de guardias.Aunque hubo quejas de los organismos de Derechos Humanos, este tipo de estructuras se fueron mejorado y en varios países se habilitaron en los últimos años. En Reino Unido hace pocos meses incluso se adecuó una de las barcazas para hospedar ahí a unos 500 migrantes que están pidiendo asilo.Esto trajo reclamos de algunas organizaciones promigrantes, pero el gobierno inglés indicó que estaban pagando 55 millones de dólares en hoteles para mantener a los solicitantes, por eso se decidió rehabilitar la exprisión flotante, que de acuerdo a Daniel Noboa cuesta anualmente unos 8 millones mantener.John Garaycoa, experto en seguridad y presidente de Mac Security, también se cuestiona en cuánto tiempo estaría habilitada esta prisión flotante. Cree que no hay disponibilidad en el país y que el proceso de contratación tomaría mucho tiempo.Por eso consideró que sería mejor replicar el ejemplo de El Salvador, país que construyó una gran cárcel con tecnología moderna.“Posiblemente tome el mismo tiempo y la cárcel durará al menos 50 y 60 años”, comentó Garaycoa, quien agrega que sería mejor renovar las cárceles existentes. Dijo que por ejemplo la Penitenciaría no se la construyó como un reclusorio de alta peligrosidad, cree que había otro concepto de rehabilitación es esa época. Fue inaugurada hace 65 años.Garaycoa destacó también que deben construirse cárceles que garanticen la seguridad de policías y guías. Dijo que el modelo de grandes calabozos debe cambiarse por pequeñas habitaciones ocupadas por menos reos.El experto también menciona que las cámaras en la cárceles no son monitoreadas las 24 horas y por eso son destruidas por los privados de libertad para actuar desde la clandestinidad.“Si alguien estuviera monitoreando las 24 horas vería que llega un preso con una escalera o que está escalando para alcanzar las cámaras y se podría reaccionar rápidamente, pero esto no se hace, expresó.Durante los últimos tres años se han presentado otros proyectos para rehabilitar el sistema carcelario, pero ninguno tuvo resultados esperados ni se pudo aplicar en su totalidad.En diciembre de 2020, a pedido de la Corte Constitucional, el gobierno del expresidente Lenín Moreno presentó un plan para rehabilitar el sistema carcelario. El proyecto valorado 206,8 millones debía ejecutarse en cuatro años, es decir, $ 51 millones por año. Sin embargo, nunca se puso en marcha. En ese proyecto se planteaba la construcción de 10 nuevas prisiones, comprar 9.000 grilletes y contratar 300 nuevos guías cada año.Ocho meses después, en agosto de 2021, con Guillermo Lasso en el poder el Gobierno presentó un nuevo proyecto para cuatro años. Costaba $ 75 millones, unos $18,8 millones por año. Se planeaba solucionar el hacinamiento con la ampliación de pabellones y la reducción de la población carcelaria a través de la concesión de beneficios penitenciarios.Finalmente, el tercer plan carcelario, presentado en 2023 implicaba una inversión inicial de 27,4 millones para el primer año y tenía un enfoque diferente. Se centraba más en la rehabilitación de los presos, con ejes como la educación, la salud, el deporte y la cultura. (I)

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