Portoviejo
Luego de casi cuatro años, Brenda (nombre protegido), una joven radióloga que denunció ser víctima de violación por tres servidores públicos de salud, en Manabí, aún espera justicia para su caso. El hecho se produjo en agosto del 2018, cuando aún era estudiante.
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La audiencia de casación se cumplió este miércoles en la Corte Nacional de Justicia, por lo que este jueves se espera conocer la resolución del caso. Este recurso fue solicitado por los representantes legales de la mujer. No obstante, hasta la tarde de hoy no se conocía el veredicto.
Los hechos se remontan al 30 de agosto de 2018. Brenda cumplía con el internado de seis meses en el hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) en Portoviejo, en el lapso de abril a septiembre de ese año. Ese día, según la denuncia pública hecha a través del portal web #Justiciapara Brenda, ella recibió un mensaje de Darwin C. S. -uno de los acusados- para que la acompañara a una cirugía; él había sido su profesor de segundo a séptimo semestre.
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Pero la cirugía, consta en la denuncia pública, no se realizó porque según quien invitó a Brenda, la habían cambiado de fecha. Tras la suspensión, Darwin C. la invitó a comer y luego a una clínica en la que tomaron contacto con el segundo acusado por el delito sexual, Rolando Z. T., a quien presuntamente visitarían, pues este les debía entregar un material radiodiagnóstico.
Como en ese lugar no se encontraba el supuesto material los dos hombres la convencieron para ir a la casa de Rolando Z. T. pese a que ella quería retirarse, pues había cumplido recientemente con una guardia en el hospital del IESS de Portoviejo.
Al llegar a la vivienda, según la denuncia, apareció una tercera persona, Ronald R. D., también señalada en este proceso por delito sexual. Los tres hombres le habrían dado una bebida que presuntamente estaba contaminada con algún producto que generó que Brenda perdiera la conciencia.
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Al día siguiente, ella despertó a las 06:00, desnuda, con hematomas, quemaduras y mordeduras en el cuerpo. Pese a que trató de ponerse de pie, no lo pudo hacer porque le temblaban las piernas, relató en la denuncia.
Ante sus gritos y desesperación, Rolando Z. le habría contactado un vehículo que la llevara a su casa. Tras llegar a su vivienda durmió dos horas, pero despertó sollozando y buscando angustiosa sus pertenencias.
Le faltaban los dos teléfonos que llevaba en el instante en que se produjo la agresión sexual denunciada. Ella se contactó con Darwin C., quien horas después le devolvió los celulares.
Lo que la mujer halló en esos dispositivos la horrorizó, porque había fotografías y videos que le habían hecho quienes son acusados de violación. Todo aquello forma parte del proceso investigativo. Los resultados de primera instancia fueron apelados en un tribunal provincial de Manabí.
Los tres procesados fueron sentenciados a 29 años y cuatro meses de prisión por el delito de violación con agravantes, pero en un tribunal provincial de Manabí, los acusados tras la apelación, dos de ellos, Darwin C., y Rolando Z., recibieron la sentencia de inocencia, hecho que también fue apelado por la parte defensora de Brenda. A Fabricio Z., también en la apelación en la Corte provincial se ratificó la sentencia realizada en primera instancia.
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Pese a este conflicto judicial en contra de tres servidores de la salud, ellos no perdieron su condición laboral en algunas casas de salud de Manabí. En cambio, Brenda, según sus representantes legales, no ha podido conseguir trabajo debido a las secuelas que dejó en ella este hecho.
La audiencia de casación se realizó durante este miércoles 2 de marzo vía Zoom, pero la resolución por parte de los jueces de la Corte Nacional de Justicia se conocerá este jueves.
Conocer la fecha en que los jueces de la Corte decidirán si ratifican la condena o no en contra de los tres acusados por el delito de violación en contra de Brenda duraría algunos días, según reconoció Mary Poveda del colectivo Justicia para Brenda.
Poveda es colega de Brenda, y desde el inicio del proceso en contra de los tres acusados dio su apoyo para que los tres profesionales de la salud involucrados sean sancionados.
“A los dos que resultaron en segunda instancia declarados inocentes, se lo hizo porque supuestamente faltaban pruebas, sin embargo, Fabricio Z., quien sí está condenado sigue laborando y ahora estamos peleando el tema de la casación porque ya había sido suspendida (audiencia), dos veces”, declaró Poveda.
La vida de la mujer cambió luego de ese agosto del 2018. A más de no poder laborar porque no se siente en condiciones emocionales aptas para cumplir con su labor de radióloga, ella ha sufrido amenazas, según Poveda, por parte de Fabricio Z., quien le ha dicho supuestamente que tiene influencias.
Es tanta la presión psicológica y problemas internos que ella tuvo que dejar su natal Portoviejo y residir actualmente en Quito.
“Ella no ha podido ejercer porque no se siente bien, si ejerce puede encontrarse a estas personas, porque ellos trabajan en hospitales y clínicas privadas de Manabí, y siente ese temor que los pueda encontrar a ellos”, señaló Poveda. (I)