La Alianza por los Derechos Humanos de Ecuador denunció este jueves el traslado de 12 personas indígenas detenidas en Otavalo, provincia de Imbabura, hacia los centros penitenciarios de Esmeraldas y Portoviejo, calificándolo de “ilegal” y de alto riesgo para su vida e integridad. Los denominados “12 de Otavalo” son investigados por presunto terrorismo en el contexto del reciente paro nacional.

Esta organización advirtió sobre el “uso abusivo de leyes antiterroristas contra personas indígenas manifestantes” y pidió a la comunidad internacional acciones urgentes para garantizar su seguridad y el respeto al debido proceso.

La denuncia se produjo mientras el sistema penitenciario ecuatoriano enfrenta una nueva ola de violencia. La madrugada del jueves, una disputa entre bandas de narcotráfico en el Centro de Privación de Libertad de Esmeraldas dejó al menos 17 reclusos muertos. Con este hecho, suman 30 los presos asesinados en disturbios carcelarios en los últimos tres días, además de un guardia penitenciario fallecido.

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Más de 80 detenidos en protestas

Las protestas en Ecuador por la eliminación del subsidio a los combustibles han dejado hasta este jueves un total de 85 personas detenidas, informó el Ministerio del Interior.

Según el reporte oficial, 79 de los detenidos son hombres y 6 mujeres, con 75 mayores de edad y 10 menores. La mayor parte de las detenciones se ha registrado en las provincias de Imbabura y Pichincha, donde los manifestantes han bloqueado vías y generado enfrentamientos con la fuerza pública.

La Fiscalía General del Estado ha iniciado el procesamiento penal de los detenidos, con énfasis en trece personas acusadas del presunto delito de terrorismo.

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Los primeros procesados están vinculados al ataque contra las instalaciones del Comando de la Policía Judicial en Otavalo, donde según las investigaciones irrumpieron en las oficinas, rompieron el portón de ingreso, causaron daños materiales, sustrajeron documentos e indicios, e incendiaron más de diez vehículos, tanto institucionales como particulares, así como maquinaria.

Durante la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos, la jueza de la Unidad de Garantías Penales especializada en delitos de corrupción y crimen organizado acogió el pedido fiscal, dictando prisión preventiva para doce de los implicados y medidas alternativas para una mujer.

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Las protestas comenzaron el lunes y se han extendido progresivamente a nuevos puntos del país, generando tensión entre manifestantes y autoridades en diversas regiones. (I)