Esta es la incidencia de las bandas delictivas en provincias y localidades con estado de excepción en Ecuador

A partir de la declaratoria de conflicto armado interno, vigente en Ecuador desde el 9 de enero del 2024, algunas de las bandas delictivas reconocidas por el Gobierno nacional como agrupaciones terroristas fueron caracterizadas como grupos armados organizados (GAO) y por eso esta denominación consta ahora en el reciente Decreto Ejecutivo 410.

“Hay que tomar en cuenta que estos grupos armados organizados, desde la experiencia colombiana, tienen un contexto político, entonces, el riesgo detrás de esa caracterización es que más allá de la declaratoria de conflicto armado, el posible riesgo es que le estás dando un estatus político de acuerdo al derecho internacional humanitario y a los derechos humanos”, comentó Renato Rivera, director del Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado (OECO).

Él considera que emular la caracterización de las bandas en función de la experiencia colombiana constituye un riesgo en la medida en que la realidad de Ecuador es diferente, porque en el país, a su juicio, “en ningún momento una organización criminal ha buscado o tiene una ideología política marcada o que realmente llame la necesidad de llevar en armas la lucha”, lo que sí ocurrió en su momento, por ejemplo, con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Rivera explicó que los GAO tienen una categoría de insurgencia, por tanto, la organización responde más a un fin político y no tanto a un interés del beneficio económico como el caso de los Grupos de Delincuencia Organizada (GDO), como el caso de las cárteles del narcotráfico.

Más allá de aquello, de acuerdo con el Decreto 410, esta caracterización de GAO se sustenta, entre otras cosas, en la actualización y metodología de la que dispone el Centro de Inteligencia Estratégica (CIES).

Con base en dicho decreto, desde el jueves 3 de octubre rige un estado de excepción en seis provincias: Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena y El Oro; en el Distrito Metropolitano de Quito (Pichincha) y en el cantón Camilo Ponce Enríquez (Azuay), por grave conmoción interna en el contexto del conflicto armado interno.

Esta medida, que se mantendrá por 60 días, incluye toque de queda, pero no en todas las localidades. La restricción de movilidad es de 22:00 a 05:00 en los trece cantones de la provincia de Los Ríos: Babahoyo, Buena Fe, Quevedo, Puebloviejo, Vinces, Valencia, Ventanas, Mocache, Urdaneta, Baba, Palenque, Quinsaloma y Montalvo.

Y también en la parroquia Tenguel de Guayaquil y en Durán y Balao, en Guayas. Asimismo, la restricción de movilidad abarca a Camilo Ponce Enríquez (Azuay), La Joya de los Sachas, Puerto Francisco de Orellana y Loreto, los tres cantones pertenecientes a Orellana.

En la lucha contra el crimen organizado, el Gobierno adoptó esta medida, que no es nueva, en virtud de que los GDO han alcanzado una intensidad de violencia que perturba el orden público de forma crítica (alarma social), es decir, afectan el normal desarrollo de las actividades sociales, económicas de la ciudadanía y por ende, a sus derechos constitucionales.

Hay una identificación plena del accionar de estos grupos delictivos en las jurisdicciones en las que rige el estado de excepción y por ello se ejecutan operaciones focalizadas a fin de contrarrestar a las bandas delictivas.

Hay una mayor injerencia de Los Choneros, producto de su vinculación con la minería ilegal y el transporte de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, pero hay un porcentaje menor de Los Lobos que buscan entrar a esta provincia por el mismo interés.

En ambas provincias hay injerencia de todos los GAO y GDO (grupos de delincuencia organizada (GDO) que realizan actividades ilícitas en el país. Las bandas generan más violencia por el control territorial y para manejar las rutas a los puertos ubicados en el golfo de Guayaquil.

Estas actividades ubican a la provincia de Guayas como la mayor conflictividad en el territorio nacional.

En la provincia orense, así como en el cantón azuayo hay prevalencia de Los Lobos, producto de su vinculación con la minería ilegal, el envío de sustancias sujetas a fiscalización a Europa desde el puerto marítimo (Puerto Bolívar) y las extorsiones relacionadas con actividades marítimas, que son disputadas con Los Choneros, que tienen un control territorial especialmente en la parroquia Puerto Bolívar.

Al ser esta provincia utilizada para el acopio de sustancias sujetas a fiscalización antes de su transporte a las provincias costeras, existe una injerencia de Los Lobos y Los Choneros, que además incurren en delitos como la extorsión a los vehículos de carga pesada que circulan por las carreteras de esta jurisdicción.

En esta provincia hay una mayor injerencia de Los Choneros, que históricamente han controlado las actividades relacionadas con el transporte de sustancias sujetas a fiscalización por la vía marítima a Centroamérica. Con la fuga de su principal cabecilla, Adolfo Macías Villamar, alias Fito, del complejo carcelario de Guayaquil en enero de este año, su control ha disminuido.

Eso ha derivado en el ingreso de células de Los Lobos, que han logrado un control territorial en varios sectores rurales del sur de Manabí.

El cantón perteneciente a la provincia de Guayas tiene una dinámica diferente a lo que ocurre en el resto del país, debido a que además de las actividades relacionadas con el transporte de sustancias sujetas a fiscalización, hay un control de las bandas en varias dependencias del Municipio. (I)