El Salvador aparece como uno de los principales referentes regionales en materia de seguridad para algunos gobiernos de la región. En Ecuador se mira lo que se ha hecho en ese país para combatir los índices de criminalidad.
En Ecuador se intenta impulsar un proyecto de ley antimafia inspirado en modelos internacionales. En estos días se ha mencionado a Italia y El Salvador como referentes.
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La estructura jurídica en El Salvador para comenzar a combatir al crimen comenzó a consolidarse hace más de dos décadas con normas especiales dirigidas a reducir las pandillas, crimen organizado y asociaciones ilícitas.
Con el paso de los años, esas leyes evolucionaron desde un enfoque centrado en investigación criminal y persecución financiera hacia un esquema de endurecimiento penal extremo, juicios colectivos y confinamiento masivo.
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Las reformas aplicadas entre 2022 y 2026 transformaron por completo el sistema penal salvadoreño y ampliaron las facultades del Estado frente a las estructuras criminales.
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Los antecedentes: las leyes que sentaron las bases contra las pandillas
El primer gran antecedente surgió en 2004 con el Decreto Legislativo 305, denominado Ley para el Combate de las Actividades Delincuenciales de Grupos o Asociaciones Ilícitas Especiales.
La normativa apareció en medio del crecimiento de las maras y la expansión territorial de grupos como la MS-13 y el Barrio 18.
Desde entonces, el Estado salvadoreño empezó a construir un marco legal orientado a criminalizar no solo los delitos cometidos, sino también la pertenencia a las estructuras.
La ley introdujo varios elementos que luego se convertirían en pilares del modelo actual:
- Penalización de la pertenencia a pandillas.
- Restricción de beneficios procesales.
- Procesamiento de menores vinculados a estructuras criminales.
- Facultades especiales para jueces y fiscales.
- Reconocimiento de las pandillas como formas de crimen organizado.
Dos años después, en 2006, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Contra el Crimen Organizado y Delitos de Realización Compleja (Decreto 190).
Esa normativa fortaleció el aparato judicial especializado y permitió el uso de herramientas extraordinarias de investigación.
La ley de 2006 introdujo métodos especiales para enfrentar organizaciones criminales complejas.
Entre las facultades más relevantes destacaron:
- Operaciones encubiertas.
- Entregas vigiladas.
- Interceptación de comunicaciones.
- Inmovilización temporal de cuentas y activos.
- Uso de grabaciones e inteligencia técnica.
Además, la legislación creó tribunales especializados y concentró la competencia judicial en ciudades estratégicas como San Salvador, Santa Ana y San Miguel.
Otro aspecto relevante fue la definición amplia de “crimen organizado”.
Bastaba que dos o más personas actuaran de forma coordinada y sostenida en el tiempo para que la Fiscalía aplicara procedimientos especiales.
Ese modelo jurídico sentó las bases para las reformas posteriores impulsadas durante el gobierno de Bukele.
La ‘mano dura’ y la criminalización de la pertenencia
Con los años, el sistema judicial salvadoreño aplicó reformas y dejó de enfocarse únicamente en delitos concretos para avanzar hacia la criminalización de la pertenencia a estructuras criminales.
El sistema eliminó beneficios procesales considerados habituales en otros modelos penales. La legislación prohibió lo siguiente: libertad condicional, conciliaciones, suspensión condicional de procesos, sustitución de detención provisional y procesos abreviados.
Con ello, el sistema priorizó la permanencia en prisión preventiva mientras avanzaban las investigaciones.
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Los tatuajes y el territorio como evidencia criminal
Uno de los elementos más polémicos del modelo salvadoreño fue la incorporación de criterios estéticos y territoriales para identificar estructuras criminales. Esto se consolidó principalmente a través de un paquete de reformas legales aprobadas el 30 de marzo de 2022.
La ley consideró indicios de pertenencia los tatuajes, cicatrices, símbolos corporales, grafitis y control territorial de barrios o comunidades.
Estas reformas fueron impulsadas por el Gobierno de Nayib Bukele inmediatamente después de la declaración del régimen de excepción.
El Estado también endureció las sanciones contra daños a la propiedad relacionados con símbolos pandilleros. Pintar grafitis o marcas vinculadas a maras pasó a castigarse con penas de hasta 15 años.
Se reforzó la tipificación del “control territorial” como un elemento definitorio de las pandillas. Bajo estas reformas, el simple hecho de pertenecer o colaborar con una estructura que ejerce dominio sobre un territorio específico se castiga con penas de 20 a 40 años de prisión.
Menores juzgados como adultos
Otro cambio decisivo apareció con la denominada “habilitación de edad”.
En marzo de 2022, inmediatamente después de decretarse el régimen de excepción, la Asamblea Legislativa reformó la Ley Penal Juvenil para que los menores de entre 12 y 16 años pudieran recibir penas de hasta 10 años de cárcel, y los de entre 16 y 18 años hasta 20 años.
En febrero de 2025 se aprobó un decreto para permitir que los menores vinculados a pandillas o crimen organizado fueran trasladados a cárceles de adultos.
Y ya el 26 de marzo de 2026 se aprobó el endurecimiento definitivo que permite la prisión perpetua para menores desde los 12 años en casos de homicidio, violación o terrorismo.
El modelo Bukele y el régimen de excepción
Aunque las bases legales existían desde años atrás, el Gobierno de Nayib Bukele profundizó el sistema tras el inicio del régimen de excepción en marzo de 2022.
La medida surgió después de un repunte de homicidios atribuido a pandillas y permitió suspender garantías constitucionales para facilitar detenciones masivas.
Desde entonces, el régimen se prorrogó mensualmente y se convirtió en el principal motor procesal del modelo salvadoreño.
Entre las principales facultades extraordinarias destacan:
- Detenciones sin orden judicial.
- Ampliación del plazo de detención administrativa.
- Intervención de telecomunicaciones.
- Restricción de garantías procesales.
- Procesamiento colectivo de imputados.
En paralelo, el Gobierno impulsó el plan Control Territorial, estrategia de seguridad basada en militarización, cercos de seguridad y confinamiento masivo.
Las macroaudiencias y los juicios colectivos
Entre 2023 y 2025, El Salvador aprobó reformas judiciales que transformaron la lógica tradicional de los procesos penales.
La Fiscalía quedó habilitada para agrupar cientos de acusados en un mismo expediente bajo criterios de pertenencia a una “clica” o estructura criminal.
Así nacieron las llamadas “macroaudiencias” o “audiencias únicas abiertas”.
En estos procesos se juzga colectivamente a cientos de personas. La acusación se centra en la pertenencia a la estructura y no siempre resulta necesario individualizar delitos específicos.
Las audiencias pueden abrirse y cerrarse varias veces y los casos permanecen activos hasta por dos años.
Tras la entrada en vigor de las reformas, El Salvador realizó audiencias con más de 100 acusados simultáneamente.
El Gobierno comparó parte de esos procesos con modelos de responsabilidad de mando similares a los utilizados en juicios internacionales contra organizaciones criminales y estructuras armadas.
La cadena perpetua y el endurecimiento de 2026
El endurecimiento penal alcanzó su punto más alto en 2026.
La Asamblea Legislativa ratificó reformas constitucionales que habilitaron la cadena perpetua para delitos considerados de extrema gravedad.
Las reformas incluyeron homicidio, violación, feminicidio, terrorismo y delitos vinculados a pandillas.
La normativa también modificó el Código Penal, el Código Procesal Penal, la Ley Penal Juvenil y la Ley Especial Contra Actos de Terrorismo.
Uno de los cambios más relevantes permitió aplicar prisión perpetua a menores de edad vinculados con estructuras criminales.
Además, el sistema eliminó límites máximos para la detención provisional en delitos graves.
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La creación de los Juzgados de lo Criminal
Las reformas de 2026 también crearon los Juzgados de lo Criminal, tribunales especializados con competencia exclusiva para procesar delitos considerados de extrema gravedad.
Estos juzgados concentran juicios por homicidio, casos de terrorismo, feminicidios, violaciones, procesos relacionados con pandillas.
En conclusión, el modelo salvadoreño evolucionó de manera radical en dos décadas.
Las primeras leyes se enfocaban en investigación especializada, operaciones encubiertas y combate financiero contra estructuras criminales.
Sin embargo, las reformas posteriores desplazaron el eje hacia el encarcelamiento masivo, la ampliación de penas y la flexibilización de garantías procesales.
No obstante, organizaciones internacionales y sectores jurídicos cuestionan el impacto de estas medidas sobre derechos fundamentales y garantías judiciales. (I)