En Ecuador se prepara la presentación de una propuesta de ley antimafia para atacar a las economías criminales que amenazan la soberanía, la seguridad interna y el funcionamiento de la economía nacional.
Países de la región, como Argentina y El Salvador, en recientes años han encaminado proyectos de ley y reformas a sus normativas justamente para debilitar la evolución del crimen organizado que ahora operan con estructuras tipo ‘empresas’.
El documento de proyecto de ley local incluiría la reorganización del marco jurídico nacional para afectar y manejar con mayor rapidez los activos de las mafias.
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Para ello se tomaría como referencia los modelos de Italia, considerando su experiencia tratando la asociación de tipo mafioso desde hace décadas.
El cuerpo legal local tendría tres principios fundamentales: las finanzas criminales para su combate, con el fin de debilitar la base económica; establecer principios para la actuación estatal frente a los grupos criminales; y una reestructuración integral de la política criminal y la coordinación institucional de seguridad, justicia e inteligencia, así como la economía y gestión de bienes funcionen de manera articulada como un solo sistema.
Entre sus puntos más relevantes, la legislación italiana, integrada por el Código Antimafia y otras actualizaciones, tomada como línea de referencia plantea el comiso de bienes de manera preventiva y, una vez demostrada la culpabilidad, se define un plan de reutilización con fines sociales o públicos.
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En la ley 109-96, justamente, se estableció la relevancia de volver esos bienes a la sociedad, y no solo que queden en un tema económico, sino que sirvan a las comunidades.
Gestión y reutilización de bienes confiscados
Una de las fases más importantes consiste en encaminar alternativas para reusar los bienes confiscados. Luego del debido proceso, estos luego pueden ser administrados por la sociedad civil por medio de asociaciones o pasar a municipios para fines institucionales, sociales o económicos.
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Actualmente, la Agencia Nacional para la Administración y el Destino de los Bienes Incautados y decomisados a la Delincuencia Organizada (ANBSC por sus siglas en italiano), en coordinación con la autoridad judicial, se encarga de gestionar el proceso dirigido al destino de los bienes inmuebles y muebles decomisados.
Según autoridades, al controlar los bienes y economías se intenta reducir la violencia, ya que se bloquea el poder territorial de los grupos criminales.
La agencia administra los bienes desde la incautación hasta su decomiso definitivo.
En una primera fase de incautación, esta agencia apoya al juez y al administrador judicial para posibilitar la cesión provisional de inmuebles y empresas para fines institucionales; además, administra los bienes decomisados autorizando los actos de gestión tras obtener la autorización del juez y luego llega una etapa final que comprende el decomiso definitivo para administrar los bienes con vistas a su uso público y tras su asignación, se supervisa la correcta utilización con arreglo a los fines previstos por la ley.
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Según el artículo 48 del Código Antimafia, por intermedio de la agencia, los bienes inmuebles pueden tener varios destinos, como ser conservados por el Estado para ser usados para fines de justicia, orden público y protección civil o para otras administraciones públicas; además, ser conservados como propiedad estatal con fines económicos; así como ser cedidos a entidades o asociaciones a través de un convenio; y como último recurso, destinarse a la venta.
La venta se considera como una opción residual, siendo la prioridad otros destinos como la devolución del bien a la comunidad perjudicada por la presencia del grupo de delincuencia organizada.
A su vez, los bienes muebles, así como títulos y participaciones sociales, en la mayoría de los casos se encaminan a la venta y el producto se abona al Fondo Único de Justicia, una vez deducidos los gastos y las cantidades destinadas a a indemnizar a las víctimas.
Para determinados tipos de bienes muebles, como camiones, operadoras, carretillas elevadores o cualquier de tipo especial, funcional a las necesidades del salvamento público, la ley establece el destino de uso para los bomberos.
Para los activos improductivos, que se consideran inutilizables, no asignables se prevé su destrucción o demolición. Entre los retos, la agencia mantiene el factor tiempo para la utilidad social e institucional inmediata de los activos.
A la par, la legislación italiana también incluye la inhabilitación para ejercer cargos públicos o contratar con la administración pública, además de promover la continuidad operativa de empresas intervenidas y salvaguardar los empleos, así como fortalecer la protección de denunciantes y colaboradores de la justicia.
En ese sentido, se ofrecen beneficios como reducción de penas para quienes participen como colaboradores en un caso judicial. (I)