Propuesta de ley antimafia: ‘Se necesita cercar la economía de los criminales’, dicen analistas

En Ecuador se impulsa un proyecto de ley antimafia. Por ahora ya está lista la propuesta que presentará el Ejecutivo a la Asamblea.

La propuesta de ley busca encaminar acciones para desarticular estructuras de economías criminales que amenazan la soberanía, la seguridad interna y el funcionamiento de la economía nacional.

Mishel Mancheno, primera vicepresidenta de la Asamblea e integrante de la bancada de Acción Democrática Nacional (ADN), que además será la encargada de ingresar el documento en el Legislativo, reveló las líneas del proyecto antimafia en un foro realizado semanas atrás.

Este, según ella, no se limita a aumentar penas, ya que incluiría la reorganización del marco jurídico del Estado para afectar y manejar con mayor rapidez los activos de las mafias.

El proyecto de ley antimafia tomaría como referencia los modelos de Italia, basándose en su experiencia tratando la asociación de tipo mafioso.

Principios clave del proyecto antimafia

Tiene tres principios fundamentales: las finanzas criminales para su combate, con el fin de debilitar la base económica; establecer principios para la actuación estatal frente a los grupos criminales; y una reestructuración integral de la política criminal y la coordinación institucional de seguridad, justicia e inteligencia, así como que economía y gestión de bienes funcionen de manera articulada como un solo sistema.

Sobre esta propuesta de ley, de la cual aún no se conocen detalles a fondo, Kléber Siguencia Suárez, docente universitario y especialista en derecho penal, adelantó que la creación de una ley de este tipo va a tener una repercusión positiva dentro del manejo de seguridad del Estado ecuatoriano.

Explicó que la ley es necesaria, sobre todo tomando en consideración que el crimen organizado ha ido “evolucionando” con movimientos irregulares de miles de millones de dólares. Ahora, incluso se evidencia que son grupos de delincuencia organizada con una estructura financiera ‘fuerte’, como si se tratara de una institución financiera.

“Ellos tienen lugares donde encaletan el dinero, tienen personas que lo custodian y administran, y es prácticamente una estructura. Por eso es que la gran mayoría de estos casos se juzgan bajo la figura de delincuencia organizada, que es la antesala de muchos delitos, como narcotráfico, lavado de activos, terrorismo, sicariato...”, explicó el académico.

Explicó que poner el foco en las economías criminales mermaría el accionar de los grupos. “Atacando de raíz la fuente principal, que es el dinero y los bienes, la criminalidad no va a tener las herramientas para seguir creciendo”, dijo.

Impacto y simplificación de procedimientos

Desde 2021 está en vigencia la Ley de Extinción de Dominio de los bienes de origen ilícito o injustificado o destino ilícito a favor del Estado. Sin embargo, Siguencia apuntó que en esta propuesta de ley antimafia ahora se podrían simplificar los procedimientos para recuperar los dineros mal habidos y destinarlos a asuntos con fines sociales.

Por medio del decomiso penal o técnicas procesales, el abogado dijo que se podría recuperar dinero y, a la vez, destinarlo a fortalecer temas de seguridad, mantenimiento de predios judiciales, así como dar seguridad a los encargados de esos organismos.

Decomiso de bienes

Como sugerencia, Siguencia apuntó a la activación de mecanismos jurídicos que deben aplicarse para atacar las finanzas criminales que sean “debidamente comprobadas”.

“Que, producto de una investigación, se determine que esos fondos o bienes sean producto de una actividad ilícita y que sean realmente esos los que sean objeto de un comiso penal y no por equivocaciones”, dijo.

A su vez, explicó que esta medida durante la indagación puede causar perjuicios a una persona a la que luego se le ratifica su estado de inocencia. En su lugar, en el transcurso del proceso, sugirió que se aplique la prohibición de enajenar bienes (transferir el dominio) y así se evita que ese bien sea dispuesto hasta que haya una sentencia condenatoria.

Siguencia dijo que el modelo italiano podría servir de referencia con su experiencia sobre el juzgamiento de personas con esa nueva ley.

Recomendaciones de expertos

Daniel Pontón, analista en temas de seguridad, adelantó que la ley debería evitar burocracias.

Como una necesidad histórica calificó este proyecto. Dijo que este tipo de leyes se ha venido pidiendo ante la dinámica del crimen organizado, que se torna más compleja, y justamente por eso llega el aporte de Italia, que ya tiene experiencia en leyes antimafias.

“Necesitamos generar estos marcos jurídicos e irnos hacia ese campo de trabajo mucho más refinado y no dejar cabos sueltos”, apuntó.

También señaló que se debería aplicar un diálogo fluido para que se determine una respuesta de la banca y qué procedimientos podrían aplicarse ante la problemática de incursión de dinero irregular incluso en el sistema financiero, tomando en cuenta que suelen moverse cantidades altas para adquirir bienes sin la debida justificación.

Apuntó que la propuesta se debería enmarcar dentro del marco normativo y así evitar transgredir límites que podrían ser observados por la Corte Constitucional.

La propuesta de ley tendrá valor en caso de contemplarse una integración institucional entre los diversos entes involucrados en los controles, persecución patrimonial efectiva y, una vez que se dé el comiso de bienes, que se aplique una administración transparente de estos, refirió René Betancourt, analista con experiencia en crimen organizado, terrorismo y seguridad internacional.

“Ahí vamos a hablar de leyes que pueden tener valor y van a sumar a lo que ya se está haciendo en Ecuador”, apuntó.

De no incluirse estas acciones, apuntó que esta ley podría caer en “populismo penal” con “mucho discurso de mano dura” y “poca capacidad para investigar, decomisar y romper las redes económicas del crimen organizado”.

Actualmente, el analista expuso que hay personas que tienen dinero no declarado, propiedades de valor exorbitante, por lo que se deben intensificar controles en el núcleo financiero-patrimonial, aduanero-comercial y fronterizo; con vínculos entre ambos para verificar adquisiciones irregulares; además de otros núcleos, penitenciario y judicial.

“La prueba no va a estar en el nombre, sino en si logra o no desmontar las economías que sostienen al crimen organizado”, apuntó el analista.

Sobre esta ley, el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, y el ministro del Interior, John Reimberg, consideraron fundamental seguir la lucha contra los grupos de delincuencia organizada.

El ministro del Interior afirmó que esta propuesta de ley resulta fantástica.

“Ojalá que no salga alguien, en algún momento, a oponerse cuando saquemos estas leyes que a los únicos que favorece es a los ecuatorianos”, dijo él en un evento reciente.

Dijo que en el actual contexto es una propuesta que se necesita para empujar el trabajo de las fuerzas del orden, más aún tomando en cuenta casos en los que jueces dan medidas alternativas a antisociales que han sido detenidos. (I)