Tras el ataque con explosivos en la Décima y la H, en el sector del Cristo del Consuelo, que provocó 5 muertos y 17 heridos, el Gobierno decidió emitir una nueva declaratoria de estado de excepción en la Zona 8, que incluye a Guayaquil, Samborondón y Daule.

En el decreto, el Gobierno justifica que es por grave conmoción interna y por el incremento de las actividades de grupos de delincuencia organizada, cuya violencia y prácticas se han recrudecido con eventos como el atentado con explosivos suscitado en el sector del Cristo del Consuelo entre la noche del 13 de agosto y madrugada del 14.

Desde Carondelet se justifica la declaratoria para los tres cantones debido a que es el espacio territorial donde tiene lugar una alta presencia del crimen organizado, y en el que el conflicto entre grupos y facciones deriva en actos violentos que atentan contra los derechos del resto de la población.

Ante ello, el Gobierno vuelve a establecer como zona de seguridad a estos cantones para que se supedite a regulaciones especiales de control y seguridad. Además, se dispone a las Fuerzas Armadas la conformación de una Fuerza de Tarea Conjunta para materializar el objetivo de la zona de seguridad. No se establece un toque de queda.

Publicidad

Este es el segundo estado de excepción que se activa este 2022 para Guayas, pues en el primer semestre ya rigió uno y que incluyó toques de queda en ciertas parroquias urbanas.

Heridos por explosión en el Cristo del Consuelo son atendidos en cuatro hospitales; algunos se encuentran estabilizados, otros en estado crítico

La medida establece una serie de acciones para tratar de contener esta ola del crimen, pero también limitación de derechos durante los 30 días que dura el estado de excepción:

Reuniones en el espacio público

Suspende en los cantones Guayaquil, Durán y Samborondón el ejercicio del derecho a la libertad de asociación y reunión, en estricta relación con los motivos del estado de excepción, observándose los principios de proporcionalidad, necesidad e idoneidad, y el estricto apego al respeto de las demás garantías constitucionales.

La suspensión del derecho a la libertad de asociación y reunión de las personas consiste en limitar la propagación de acciones violentas tales como las que dieron lugar a este estado de excepción.

Publicidad

La Fuerza Pública queda facultada para impedir y desarticular reuniones en espacios públicos que atenten contra el orden público.

Guayaquil, Samborondón y Durán serán zona de seguridad para que se supedite a regulaciones especiales de control y seguridad. Foto: API

Inspecciones y requisas

En el estado de excepción se contempla la suspensión del derecho a la inviolabilidad de domicilio en los cantones Guayaquil, Durán y Samborondón. La suspensión del derecho a la inviolabilidad de domicilio consistirá en la posibilidad de realización de inspecciones y requisas por la Fuerza Pública, tendientes al hallazgo de espacios de almacenamiento de sustancias sujetas a fiscalización, armas y explosivos, a fin de desarticular las estructuras con las que operan grupos del crimen organizado en el espacio territorial.

Comensales y conductores de taxis informales, entre los cinco muertos tras atentado con explosivos en el Cristo del Consuelo; una de las víctimas tenía antecedentes penales

Análisis y recopilación de mensajes

Dentro del decreto del estado de excepción se incluye la suspensión del derecho a la inviolabilidad de correspondencia enviada o recibida en los cantones Guayaquil, Durán y Samborondón. La suspensión del derecho a la inviolabilidad de correspondencia estará limitada a la identificación, análisis y recopilación de mensajes que tengan por objeto el cometimiento u ocultamiento de algún ilícito relacionado con grupos de delincuencia organizada que operan en la ciudad, en particular relacionados con posibles atentados que pongan en riesgo la integridad y vida de los ciudadanos.

Requisiciones

Se dispone que las requisiciones estén a cargo del comandante general de la Policía Nacional, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, según sea el caso. Las requisiciones se harán en casos de necesidad y en estricto cumplimiento del ordenamiento jurídico aplicable para esta situación, observando de manera imperiosa los criterios de responsabilidad de la requisición, formalidades y documentación requerida y demás consideraciones sobre materia contenida en reglamentos respectivos. Toda requisición, sea de bienes o servicios, se ejecutará de conformidad con lo establecido en el Reglamento a la Ley de Seguridad Pública y del Estado y el Reglamento de Requisición de Bienes aplicable. (I)