‘El decreto sobre el combate al terrorismo es ambiguo y peligroso al no identificar grupos y especificar hacia quiénes van las acciones’

El decreto presidencial que busca combatir los actos de terrorismo finalmente se suscribió, pero no estableció lo que inicialmente esperaba un sector de la población: la identificación de los grupos de delincuencia organizada (GDO) que operan en el país.

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El Gobierno ha identificado unos ocho GDO que han sido responsables de actos violentos a escala nacional y en el interior de las cárceles, robos, secuestros, además de estar vinculados al narcotráfico. Allí figuran organizaciones conocidas como Los Choneros, Los Tiguerones, Los Chone Killer, Los Lobos, Lagartos, entre otros.

Sin embargo, estos nombres no aparecieron en el Decreto Ejecutivo 730, firmado por el presidente Guillermo Lasso. Más bien, el documento determinó que el combate será contra los actos terroristas a través de acciones conjuntas entre policías y militares.

Horas antes de que se emita el decreto, en la Asamblea Nacional, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Nelson Proaño, especificó el alcance de las acciones. Allí explicó que no han sido declarados terroristas los grupos delincuenciales. Señaló que lo que se combatirá son los actos terroristas.

¿Por qué no se identificó a los grupos delincuenciales en decreto para combatir al terrorismo?

Desde la visión de especialistas, al no especificarse hacia quiénes estarán dirigidas las acciones, el decreto abarca un universo muy amplio de represión de amenazas y se convierte en un instrumento “peligroso y ambiguo”.

“Se deja la puerta abierta a criminalizar y castigar incluso a la protesta social”, dijo Jorge Núñez, cofundador de Kaleidos de la Universidad de Cuenca y profesor visitante de SUM de la Universidad de Oslo en Noruega.

Sobre este tema, de hecho, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) se pronunció y enfatizó que esta es una estrategia para activar el aparato represivo en contra del movimiento. Esto en el marco del juicio político al primer mandatario.

Núñez manifestó que lo conveniente para el Gobierno era enumerar a los grupos, pero eso también los habría obligado a nombrar a otras bandas de crimen organizado que podrían salpicar a élites económicas del país. “Ahí salta la pregunta de ¿cuáles fueron las razones por las que no se identificó a los grupos?, ¿cuáles fueron los intereses?”, enfatizó.

Para el cofundador de Kaleidos, el decreto se convirtió en una suerte de discurso hacia la opinión pública, más que una intervención a la extrema violencia que se vive.

Además, criticó que se haya suscrito el documento y a través de él se hayan reorganizado las funciones de entidades que tienen errores. Citó, por ejemplo, que ahora el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) asume un rol represivo.

La perspectiva del especialista en Seguridad Abraham Correa es que el decreto tiene vacíos. Él también concuerda en que si están identificados los grupos, lo ideal era exponerlos para aplicar acciones concretas.

“Si bien existen las sanciones en el COIP (Código Orgánico Integral Penal) sobre los actos terroristas, no se establece cómo se va a identificar el acto o el blanco en sí y cuál será el proceso para ejecutar una operación militar. Se debe establecer todo para que las acciones estén bien enfocadas y no se reprima a todo el mundo”, dijo Correa.

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El delito de terrorismo está tipificado en el artículo 366 del COIP y sanciona con privación de libertad de diez a trece años a la persona que “individualmente o formando asociaciones armadas, provoque o mantenga en estado de terror a la población o a un sector de ella, mediante actos que pongan en peligro la vida, la integridad física o la libertad de las personas o pongan en peligro las edificaciones, medios de comunicación, transporte, valiéndose de medios capaces de causar estragos (…)”.

Otro punto a considerar, según Correa, es que no se establece un protocolo o se explica cómo serán las garantías para el personal militar y policial que ejecute operaciones antiterroristas. En el decreto se dispone al SNAI “tomar estrictas previsiones de seguridad” para los uniformados.

“El decreto debe ir acompañado de reformas, de reglamento y de garantías, todo eso debe hacerse para evitar un escenario más complejo del que ya se tiene”, puntualizó. (I)