El presidente de la República, Daniel Noboa Azín, envió a la Asamblea el proyecto de Ley Orgánica para desarticular la economía criminal vinculada al conflicto armado interno.
Este proyecto ha sido calificado como urgente en materia económica. En un documento de 31 páginas se recoge la exposición de motivos.
En el desarrollo del proyecto, el presidente expone la situación de seguridad que atraviesa el país con un incremento sostenido de los homicidios intencionales, con una tasa calificada como “una de las cifras más preocupantes”.
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En 2022, la tasa de homicidios se ubicó en 27,58 por cada 100.000 habitantes, al año siguiente escaló a 46,25, mientras que en 2024 cayó a 39,14 y en lo que va de 2025 se ubica en 17,04.
Este año, Esmeraldas se ubica como la provincia más afectada, con 1.548 crímenes en cuatro meses.
Según datos del Ministerio del Interior, entre enero y abril de 2022 a 2025 se evidencia el alza de homicidios, que responden en gran parte a “una violencia de carácter estructural, organizada y letal”.
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En 2022 hubo 4.886 homicidios intencionales y en 2023 aumentaron a 8.248, con un alza del 69 % en solo un año. Mientras, en 2024 se dio una baja a 7.033 casos, “sin que ello implique una mejora estructural del fenómeno”.
En tanto, en 2025, hasta abril pasado, hubo 3.084 casos a nivel nacional.
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De estos casos, en el documento se expone que el 94 % de los homicidios se debe a violencia criminal.
En un análisis territorial se identificaron como zonas críticas a Guayas, Esmeraldas, Los Ríos, Manabí y El Oro, que concentran la mayoría de los homicidios.
Delitos van al alza
En el documento, el primer mandatario expone un análisis con base en información proporcionada por la Policía Nacional sobre delitos de extorsión, secuestro y secuestro extorsivo.
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Se expone que Ecuador ha experimentado un crecimiento exponencial en esos delitos, todos ellos asociados directa o indirectamente a fortalecer a las estructuras armadas organizadas, “lo que constituye un elemento central para caracterizar un contexto de violencia sistemática con rasgos de conflicto armado interno no internacional”.
En ese sentido, el delito de extorsión registró índices variables, en 2022 con 6.651 casos, en 2023 con 17.597, es decir, un alza del 164,6 %, mientras que en 2024 siguió escalando 15,3 % más, con 20.293 casos.
En general, en tres años los casos se triplicaron, con 205,1% de incremento.
En lo que va de 2025 suman 4.569 los casos.
Los grupos armados organizados también han recurrido a la violencia por medio del secuestro y secuestro extorsivo.
Sobre el primero, en 2022 hubo 713 casos, en 2023 subieron a 1.372 y en 2024 siguieron en ascenso con 2.095, acumulando un crecimiento del 193,8 % en dos años. En lo que va del 2025 se han registrado 692 casos.
En el caso de secuestro extorsivo, según estadísticas estatales, se registraron 581 casos en 2022, luego 1.146 en 2023 y al siguiente año se contabilizaron 1.457 denuncias por este delito. Es decir, hubo un alza acumulada del 150,7 %. En 2025 se han contado 417 casos.
Según el Gobierno, el aumento de estos delitos no solo representa un incremento de cifras, sino una transformación cualitativa de la violencia criminal, con patrones organizados, sistemáticos y orientados al control de territorio y de la población.
“La proliferación del secuestro y la extorsión como mecanismos recurrentes para el financiamiento criminal y la imposición de órdenes coercitivas evidencia una afectación directa a derechos fundamentales, especialmente la libertad personal, la integridad, y la seguridad jurídica y económica de la población”, se indicó en el documento del proyecto.
En el proyecto de ley se busca, según el Gobierno, atacar las raíces económicas del poder criminal junto con la acción policial y militar en territorio.
Además busca crear un régimen jurídico especial que contemple medidas de carácter financiero y de seguridad para desarticular las economías criminales asociadas al conflicto armado interno, así como fortalecer la capacidad del Estado y fomentar procesos de recuperación y desarrollo de zonas impactadas por la violencia.
En un comunicado, la Asamblea expuso que este proyecto busca poner “un freno definitivo” a la economía que alimenta a los grupos de delincuencia organizada, incautar sus bienes y usarlos en favor del Estado, la reparación integral a víctimas y reactivar zonas afectadas. (I)
