Dos extrabajadoras de la Empresa de Agua Potable de Quito son sentenciadas a 17 años de cárcel por manejo irregular de dinero recaudado

Dos funcionarias de la Empresa de Agua Potable y Saneamiento de Quito (Emaps) fueron sentenciadas por el delito de peculado, por lo que deberán cumplir una pena de 17 años y cuatro meses de prisión. Así lo resolvió el Tribunal de Garantías Penales de Pichincha tras la audiencia de juzgamiento instalada el 2 de octubre pasado.En la audiencia, la fiscal a cargo de la causa expuso detalles del caso y además presentó varios elementos de convicción, como los testimonios del denunciante (el procurador judicial) y de la auditora de la empresa, así como de la funcionaria de la Contraloría que elaboró el informe de indicios de responsabilidad penal; también se añadieron relatos de cajeras y de la coordinadora encargada del cuadre y cierre de las cajas, entre otros testigos. Este caso surgió en mayo de 2018 . El 21 de ese mes, en el edificio del GAD de Calderón , Gladys T. entregó $ 4.117 a Lila M., jefa de recaudaciones, y a Milena V., oficinista. Esta entrega, según la Fiscalía, se dio por pedido de las procesadas y era parte de la recaudación de la empresa pública. Esos valores nunca fueron depositados en la cuenta bancaria de la entidad, indicó la Fiscalía. A su vez, Martha T. entregó $ 5.000 de la recaudación de la agencia matriz. El 22 de ese mismo mes se realizó el arqueo de las cajas recaudadoras en las agencias de la empresa pública y se detectó un faltante de $ 9.117 luego de la auditoria interna. Las procesadas indicaron que fueron víctimas de un asalto a mano armada, pero —según la Fiscalía— no presentaron una denuncia que notificara lo ocurrido. Así se verificó en el Sistema de Atención Integral de la Fiscalía. Dentro de la sentencia del Tribunal de Garantías Penales se dispuso la pena de prisión y además, según la Fiscalía, la Empresa de Agua Potable deberá recibir una reparación de $ 9.117 por parte de las dos sentenciadas. De igual forma, el Tribunal dispuso el pago de una multa de 60 salarios básicos unificados ($ 28.200) para la administración de justicia y que las procesadas ofrezcan disculpas públicas a la ciudadanía. (I)

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