“Mensualmente depositaba $ 200 desde agosto del 2018 hasta febrero de este 2023 con el sueño de tener mi casa propia. Llegaron dos veces unos trabajadores de G Construcciones, hicieron unos huecos en el terreno en donde antes tenía sembrado y ahí dejaron hasta la fecha. Ahora todo está lleno de mala hierba”, dice desilusionada una de varias personas que se sienten perjudicadas por una empresa que oferta la construcción de vivienda popular.

Como ella, muchas otras personas se consideran estafadas no solo en los cantones de la provincia de Tungurahua, como Pelileo, sino de otras partes del país, como Quinindé, en Esmeraldas. Algunas accedieron a dar su testimonio bajo la condición de no ser identificadas ya que señalan que los representantes de la empresa constructora son influyentes.

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Respecto a este primer caso, la mujer cuenta que su hermano le comunicó que había escuchado un anuncio radial en el que la mencionada empresa ofrecía construir casas con cuotas mensuales desde $ 50 hasta $ 200. Y eso la entusiasmó.

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“Me fui a Ambato en octubre del 2018, ahí me explicaron que hay casas de un piso prefabricadas… otras de 98 metros de dos pisos por $ 200 mensuales, pero que tenía que depositar $ 1.500 o $ 1.600 para los planos aprobados y permisos de construcción”, refiere esta cliente.

El total a pagar era entre $ 38.000 y $ 48.000, según el tipo de vivienda, y $ 10.000 por los intereses en los veinte años.

Ella añade que como no contaba con el dinero no firmó contrato, pero le dijeron que aprovechara la promoción que había hasta finalizar el año porque en el 2019 ya no iban a recibir más carpetas pues debían trabajar en la construcción de las casas contratadas en el 2018.

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“Luego nos llamaban a cada rato para que cojamos la promoción. Por tanta insistencia para engancharnos, con mi esposo hicimos un préstamo, y en noviembre firmamos el contrato en una notaría”, refiere la mujer.

Y lamenta que al momento de firmar no se dio cuenta de que los trabajos se iniciarían una vez que haya el permiso de construcción. “Por eso cada vez que les llamaba a reclamar cuándo comienzan a construir la casa ponían como justificación que falta el permiso. Entonces qué reclama”, le decían, según la mujer.

Así transcurrió hasta el 2020, depositando las mensualidades de $ 200 y sin que se haga ningún trabajo. Cuando escuchó rumores de que uno de los representantes de la compañía tenía algunas denuncias, ella buscó a esa persona para exponerle su preocupación y pedirle que le devolviera el dinero.

No obstante, menciona que él justificó que no se hacían las construcciones de los otros clientes porque no estaban al día en las cuotas, pero por ella depositar cumplidamente la iban a poner primera en la lista. “Ahí me dejé lavar el mate”, señala con ironía.

Al llegar la pandemia del COVID-19 la cliente se quedó sin trabajo y llegó a deber $ 1.800 a la constructora. En ese momento, sostiene, la comenzaron a llamar casi a diario diciéndole que le van a cobrar una penalización, ante lo cual reclamó porque no se veía ningún trabajo de su casa, entonces se justificaron que en el Municipio aún no salía el permiso de construcción.

Ella generó un nuevo préstamo para igualarse con el fin de presionar para que se haga la obra, porque incluso logró que se aprobaran los planos y el permiso de construcción en el Municipio. Ahí, en cambio, la justificación de la constructora fue que no tenían las copias de la aprobación.

“Me fui a Ambato a dejarles los planos, me decían en esta semana vamos, en esta semana vamos, nunca llegaron a hacer la construcción. Revisaban el terreno y nada más, porque incluso hice aplanar para que esté listo y a pesar de eso, nada. Ahí ya no fue el pretexto de los planos. Me decían tenemos 300 días calendario para construir su casa. Me dieron un calendario de trabajos, pero tampoco se cumplió”, comenta la mujer con desazón.

Asegura que ante tanta insistencia un día llegaron a botar media volquetada de arena y media de ripio. Luego, en el 2021, llegaron unos maestros (albañiles), clavaron unos palos en la tierra trazando el área de construcción, regresaron a la siguiente semana diciendo que lo que hicieron estaba mal y volvieron a medir otra vez e hicieron unos huecos. “Así está mi terreno hasta la fecha, lleno de huecos”, añade.

Pero relata que los propios trabajadores de la constructora le recomendaron que se retire, que pierda un dedo y no la mano, en alusión a que hasta ese momento tenía dado alrededor de $ 7.000, pero ella no quería perder ese dinero.

Comenta que ante los incumplimientos, en marzo del 2022 fue a exigir al representante de la compañía que construya. Él, según ella, le habría contestado que no tiene que darle explicaciones y la trató mal.

Ya con todo este antecedente, en mayo del 2022 puso la demanda, pero en la mediación en el Consejo de la Judicatura llegó a un acuerdo para que se construya en seis meses la casa. Llegó enero de este 2023 y nada. Por esa razón el último pago lo hizo en febrero del año en curso.

Proceso legal

“Hay casos (denuncias) que llegan hasta ver si tienen bienes y ahí se quedan. Ya han estafado a cuánta gente, entonces, le debían poner alguna restricción, pero no se hace nada”, refiere la mujer cuyo caso es de Pelileo.

Ella señala que va a seguir con el caso porque quiere recuperar el dinero que pagó, mientras tanto, continúa pagando arriendo para vivir con su familia.

Otra de las personas perjudicadas es de Quinindé, en la provincia de Esmeraldas. Comenta que en el 2019, con la ilusión de construir la casa en el terreno del que dispone, con su esposo comenzaron a ver información en las redes sociales.

“Apareció G Construcciones, que brindaba crédito con facilidades de pago a largo plazo, modelos para escoger y con el ofrecimiento de que en 300 días nos entregaban”, manifiesta.

Con tristeza recalca que todo ha sido una mentira, pues no le cumplieron a pesar de tener todos los requisitos y estar al día en las cuotas de $ 200 mensuales desde agosto del 2019, cuyo plazo era 20 años.

La mujer dice haber pagado alrededor de $ 6.000 hasta que se cansó de esperar que iniciaran la construcción, pero siempre recibía justificación de que ya iban a empezar los trabajos, que los obreros ya se trasladaban a la ciudad donde debían construir, pero nada se ha concretado.

Estima que los ofrecimientos eran solo para que siga pagando las mensualidades, por esa razón reclama la devolución de lo que depositó, sin tomar en cuenta lo que gastó para los planos y otros requisitos.

Con pesar señala que luego de aquello puso la denuncia. “Estamos a la espera de que el proceso de juicio avance, porque incluso hubo una mediación, pero no se cumplió nada del acuerdo. Primero confío en la justicia de Dios, porque nadie se va a salvar de su justicia. A la vez aspiro a que haya la justicia terrenal y que los jueces vean por que este señor (representante de la constructora) ya no siga haciendo de las suyas, porque tiene un montón de casos a nivel nacional”, asegura la cliente.

Y añade que por la falta de recursos económicos algunas personas habrían desistido de entablar una denuncia.

No hay celeridad

Mario Robayo, representante de alrededor de diez personas que han sido supuestamente perjudicadas, dice que la estafa está contemplada en el artículo 186, segundo inciso, del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Y estima que la cifra es mayor a los $ 500.000 por el presunto perjuicio.

Comenta que las personas que caen en situaciones como esta se dejan llevar por figuras como la contratación de la adquisición de una casa o la construcción de una vivienda, pero que al final hay engaño porque se recauda el dinero, pero no se cumple con la contraoferta.

“Esta forma de estafa no solo se la hacía aquí en Ambato, sino en Guayaquil, La Maná, Quinindé, Pelileo, Latacunga, Pujilí. Se inició la denuncia penal y se encuentra en etapa de investigación. Todavía no hay formulación de cargos”, asevera el jurista.

Y añade que la demora preocupa a las personas que han puesto denuncias desde el 2018. Por esa razón algunos en el camino se cansan y dejan los casos.

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“El presunto estafador es una persona que transita tranquilamente por la ciudad, por la provincia, aduciendo que es un empresario de la construcción, y no responde todavía porque la Fiscalía no ha actuado en contra de él”, comenta el abogado.

Remarca que hay casos en que los fiscales se confunden de función, creen que son jueces y que pueden determinar quién es o no responsable, y en ese momento se está haciendo un doble juzgamiento a los procesados.

Con el fin de obtener la versión de la constructora, el jueves 21 de septiembre este Diario envió un correo electrónico a la dirección que aparece en las facturas que han recibido algunas de las personas que accedieron al programa. Allí se solicitó una entrevista con algún representante de la empresa.

También se hizo contacto a través del Messenger de la página de Facebook donde se informa de las construcciones, pero hasta la publicación de esta nota periodística no hubo respuesta. (I)