En dos semanas, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) emitirá un informe sobre la situación carcelaria en Ecuador. A pesar de que los delegados no tenían planeado entrevistarse con las familias de los reos asesinados, en la reunión mantenida la tarde del jueves en la Defensoría del Pueblo, este organismo les entregó copias de 44 testimonios de los familiares de los presos asesinados en las recientes matanzas registradas en la Penitenciaría del Litoral.

Pero, además, hubo la oportunidad de que los delegados conversaran personalmente con los deudos de varios de los 65 presos asesinados el 12 de noviembre. La familia de John Campusano, el contador detenido por el caso Isspol, estuvo siguiendo a los miembros de la CIDH con la intención de ser escuchada.

Estuvieron con carteles afuera de la cárcel Regional, luego fueron a la Gobernación del Guayas y de ahí los siguieron hasta la Defensoría del Pueblo, donde los delegados se interesaron al ver a la familia y la hicieron pasar a la entidad para escucharla.

Campusano fue asesinado el 12 de noviembre en la más reciente masacre, apenas dos días antes de que le aceptaran el pedido de audiencia para cambiar la prisión preventiva.

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Familiares del fallecido dijeron que no esperan una indemnización, sino que se sancione al juez y al fiscal que mantuvieron al contador en prisión mientras se daba la investigación. Ellos adujeron que los supuestos beneficiarios de los fondos de la Policía huyeron del país antes de que se dieran los allanamientos por pedido de la Fiscalía, y que se apresó al contador, quien, según ellos, era inocente.

El abogado Juan Vizueta, quien representa legalmente a la familia, dijo que la recomendación de los delegados fue poner una denuncia contra el Estado ecuatoriano ante la CIDH, lo que —dijo— harían en los próximos días.

Familiares de Jonh Campusano se entrevistaron con los comisionados del CIDH en la Defensoría del Pueblo. Foto: cortesía

Pero, además de eso, Vizueta explicó que se pondría una denuncia en Ecuador ante el Tribunal Contencioso Administrativo por la actuación de los entes de justicia en este caso.

El abogado de la familia Campusano contó que les hicieron saber a los delegados que en Ecuador supuestamente no se cumplen las recomendaciones sobre el uso de la prisión preventiva, que hay un uso indiscriminado de esta medida y que, en el caso de su cliente, estuvo 72 días esperando a que aceptaran la apelación a la medida, y esto se dio finalmente dos días después de su muerte.

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La comitiva visitó el jueves los principales complejos penitenciarios del país como parte de su agenda para constatar la situación de los derechos humanos en el sistema carcelario. Cuatro delegados y cuatro técnicos internacionales se encuentran en territorio ecuatoriano con ese fin.

Esta delegación se dividió: cuatro personas estuvieron recorriendo cárceles de la Sierra y cuatro, las de la Costa.

Estas visitas de la CIDH se dan luego de las masacres ocurridas en la Penitenciaría del Litoral, que el 28 de septiembre provocaron que 120 reos fueran asesinados y el 12 de noviembre, 65 más. (I)