Tras la visita de una delegación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CDIH) que recorrió varias cárceles, recibió testimonios de familiares de reos asesinados y se reunió con autoridades, se espera que en los próximas días exista un informe de esta instancia.

La comitiva llegó al país semanas después de una reyerta en la Penitenciaría del Litoral, que elevó a más de 300 los muertos en las prisiones del país en lo que va del año, una cifra muy superior a las 52 ejecuciones registradas en 2020.

La última masacre fue la del 12 de noviembre en la Penitenciaría del Litoral y dejó más de 65 muertos y 25 heridos.

En estas semanas, las autoridades extendieron el estado de excepción en las cárceles y se comenzaron a mover piezas para tratar de solventar la crisis carcelaria que se vive en Ecuador.

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Dentro de la Asamblea Nacional se intenta priorizar el trámite de leyes sobre seguridad ciudadana y rehabilitación social, esto después de que el pleno aprobó el informe sobre la situación carcelaria y de inseguridad.

Mientras se realizan adecuaciones para volver a usar el Centro de Rehabilitación Social número 3, conocido como La Roca, y se debate sobre el uso progresivo de la fuerza para controlar la violencia tras las rejas, expertos en varios frentes, como seguridad, derecho constitucional, activistas por la paz y los derechos humanos, realizan sugerencias sobre lo que el Estado en su conjunto debe tener en cuenta para hacerle frente a este problema.

En el complejo carcelario de Guayaquil hay un guía por cada 193 presos, lejos del estándar internacional de la ONU de 1/10

Las recomendaciones van desde depurar el personal, reforzar los controles, distribuir a los reos de una mejor manera, impulsar reformas integrales y dotar a las cárceles de un mejor equipamiento.

‘Se necesita una depuración del personal y de los edificios carcelarios que tienen falencias severas’, dice César Paz, agente en retiro del FBI

El guayaquileño César Paz, agente en retiro del FBI y especializado en la lucha contra el narcotráfico, dice que Ecuador, sin duda, necesita el apoyo de Gobiernos aliados como se ha referido el presidente Guillermo Lasso a los regímenes de Estado Unidos, Israel, España, Colombia, entre otros.

Además de lo sugerido en otras aristas relacionadas con la rehabilitación social, Paz cree que no solo se necesitan más y mejores equipos, como el anunciado escáner de carga y detectores de metales para evitar el ingreso de armas. “También se necesita una depuración del personal y de los edificios carcelarios que tienen falencias severas”.

El modelo de gestión penitenciaria en Ecuador debe tener un cambio radical, dice este asesor internacional en seguridad, que hace una breve descripción del sistema correccional en Estados Unidos. “Aquí funcionan a dos niveles, el estatal (lo que en Ecuador sería una provincial) y el federal, de ámbito nacional”. Esa administración podría intentarse en Ecuador.

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De hecho, el Municipio de Cuenca quiere administrar la cárcel de Turi, pero bajo dos condiciones: que el Gobierno nacional le dé los recursos para ese centro y que deje de ser un reclusorio nacional como es actualmente, para convertirlo en regional.

Familiares de los reos mostraban su dolor y desesperación por el conflicto entre bandas en el interior de la cárcel en Cuenca. Foto: api

Paz añade que en Estados Unidos el sistema, ya sea estatal o federal, tiene dos divisiones que en Ecuador también se tendría que tener en cuenta para evitar el hacinamiento y la mezcla de personas que no representan mayor peligro con integrantes de bandas criminales.

Pone de ejemplo el estado donde vive, Florida, “aquí hay una cárcel, que es adonde van las personas detenidas, que pueden salir bajo fianza si así lo dicta un juez, y solo cuando son sentenciadas cumplen su condena en una prisión, que tiene diferentes niveles de seguridad.

La estructura en Ecuador no necesariamente tiene que ser similar, dice Paz, pero sí el manejo y la administración. “En Ecuador se hacen las cosas a la criolla y no puede ser así. No hay una estructura para neutralizar a los carteles que operan dentro y fuera de la prisión. Y la corrupción lo hace todo más difícil”.

Volviendo al modelo de gestión, Paz dice que en Estados Unidos hay estados que delegan la administración a empresas especializadas en seguridad carcelaria porque les resulta más simple al no tener que encargarse de nada más que pagar por el servicio que estas brindan. Son las empresas las que capacitan a su propio personal de guías, los entrenan, dotan de equipos y tecnología, se encargan de sus salarios, pero también de depurarlos cuando caen en actos indebidos.

Sin embargo, no cree que sea posible en Ecuador delegar la administración de una cárcel a una empresa privada local. Si el Gobierno fuera por esa línea, debe observar quién entrena a los guías, cómo y de dónde viene la capacitación, advierte.

“Si el Gobierno quiere realmente resolver este problema, necesita abrir los ojos y escuchar a quienes tienen experiencia en los asuntos que tienen que ver con el sistema de rehabilitación”.

‘Lo urgente: tomar el control de las cárceles..., y a largo plazo, analizar reforma integral a leyes’, sostiene Héctor Yépez, constitucionalista

Tomar el control físico de las cárceles e implementar acciones concretas, que no necesitan esperar reformas a leyes, son dos de las urgencias que debe atender el Estado ecuatoriano cuanto antes, dice Héctor Yépez Martínez, docente de Derecho, Constitucionalista y director de la Escuela de Gobierno y del Centro de Arbitraje y Mediación de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo (UEES).

Para él, el problema más allá de las leyes -que algunas sí deben reformarse, opina- está en la falta de acciones y de seguridad incluso en temas sencillos que todavía no se resuelven en las prisiones como el inhibir una señal de celular tal como ocurre, pone de ejemplo, en cualquier agencia bancaria.

Parte de los celulares y armas blancas que les encontraron a los internos en uno de los operativos policiales realizados meses atrás. Foto: Cortesía de la Policía Nacional.

Otro inconveniente por solucionar es la “desconexión” que ve de parte de la Corte Constitucional (CC) “con la gravedad del tema que estamos enfrentando”, una vez que este último órgano limitó la acción de los militares, obligándolos a estar en los perímetros externos o fuera de las prisiones y no en el interior como se esperaba con el estado de excepción dictado por el presidente de la República.

“La Constitución dice que si hay un estado de excepción, la Corte Constitucional debe validarlo a través de un dictamen, pero ojo, la Constitución dice que esto se debe de hacer cuando se piensa restringir un derecho (como en los meses críticos de la pandemia del COVID-19 que se limitó la movilidad)... En este caso (…), los estados de excepción en las cárceles ni siquiera plantean restringir ningún derecho, simplemente es para permitir (agilizar) que se movilicen recursos y la Fuerza Pública para atender una emergencia”, explica Yépez.

Y aun con este limitante hay soluciones, agrega.

“La Policía que tiene armas y está capacitada para actuar tiene vía libre para utilizar la fuerza en este caso y poder actuar sin ningún problema”, cuenta y sostiene que el presidente de la República (Guillermo Lasso) debe ratificar la oferta que hizo, en su momento, de indultar a los policías que mañana sean acusados judicialmente por usar la fuerza en el marco de la ley.

“No se puede pretender que mientras los delincuentes anden con dinamita, los otros (policías) les lancen pétalos de rosas. La Constitución en ese sentido permite actuar. Con el estado de excepción, la Policía Nacional tiene toda la potestad para intervenir”, expone.

Para Yépez, es urgente que las fuerzas del Estado retomen el control físico de las cárceles y no esperen primero las reformas a las leyes, ya que estas demoran por lo menos seis meses, en un tiempo considerado récord, y si es que todas las bancadas de la Asamblea están de acuerdo en que el presidente lo vete. Y en ese tiempo se pueden generar nuevas crisis carcelarias, manifiesta Yépez, quien también fue asambleísta provincial en el periodo anterior.

Cuenta que en El Salvador, país más violento que Ecuador, el presidente Nayid Bukele tomó también acciones contundentes (como mezclar a los internos de diferentes bandas, ponerles tareas como ayudar en construcciones y otras obras) para hacer frente a la crisis carcelaria.

Unos 500 efectivos de las Fuerzas Armadas fueron desplegados a la Penitenciaría. Cortesía

‘Debe impulsarse una depuración del personal, no se trata solo de tener buena infraestructura’, dice Alexandra Zumárraga, exdirectora de Rehabilitación Social

El Gobierno ha barajado la alternativa de trasladar a reos de alta peligrosidad a nuevos espacios fuera de la Penitenciaría del Litoral. El director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI), Fausto Cobo, ha mencionado como opción La Roca, un centro carcelario que fue concebido como de alta seguridad, pero que está inoperativo varios años tras la fuga de reclusos.

Alexandra Zumárraga, exdirectora de Rehabilitación Social, cree que el traslado de internos a La Roca puede servir como una primera medida para paliar en algo la situación de la Penitenciaría, pero estima que si no se toman medidas para reforzar los controles no ayudará de mucho.

Considera que se deberían tener habilitados, por ejemplo, inhibidores de señal celular para poder aislar a los reclusos. La crisis carcelaria ha demostrado que los reos no solo tienen acceso a teléfonos, sino que poseen la capacidad hasta para realizar transmisiones en vivo.

Zumárraga estima que se debe armar una lista y depurarla para determinar quiénes merecen ser enviados a ese centro. “No se puede llevar allí a quienquiera. Se pueden generar conflictos”, sostiene.

A más de ello, dice, se debería tener un personal importante que permita que el Estado pueda tener el control. “Si hay permiso para que las FF. AA. entren junto con la Policía, pues poner a un numérico alto para que sientan el control. No puede ser que ellos mismos (internos) se cuenten a sí mismos, que se pongan la seguridad, que tengan control de las puertas de los pabellones”, indica.

Además, plantea una depuración de guías y policías para un mejor manejo y erradicar las redes de corrupción. “Se necesita gente probada, a la que se le hagan pruebas de polígrafo, pruebas de antidopaje, que haya una rotación de personal”, dice.

Zumárraga sostiene que se puede tener una buena infraestructura, pero se requiere que esté acompañada de una eficiente administración, con personal calificado. “Se puede construir la mejor cárcel, pero ¿quién la administra?”, cuestiona.

‘Los reos deben recibir educación, capacitación y métodos para cambiar su conducta’, sostiene José Luis Sampietro, docente investigador

La problemática inherente a los conflictos suscitados en las cárceles del país es el resultado de la crisis socioeconómica del Ecuador, en donde el desempleo, la desigualdad social y la falta de oportunidades son la causa principal de los hechos de violencia que se han dado en la actualidad.

Así lo afirma José Luis Sampietro, docente investigador que considera que junto con esta crisis existe un problema de cultura del ecuatoriano, en donde la falta de valores morales y la influencia del dinero ilegal han ahondado la precaria situación del núcleo familiar del país, normalizando hasta cierto punto la violencia y la corrupción en el actuar de los ecuatorianos.

“La solución definitiva al problema carcelario es una reforma integral al sistema judicial y penitenciario, desde el momento mismo de la captura del delincuente hasta que culmine su condena”, sostiene.

Y agrega que, por ejemplo, se puede facilitar la denuncia en línea que alimente una base de datos, la que luego de ser verificada por las autoridades pertinentes tenga un sistema inteligente que en primera instancia pueda notificar patrones de comportamiento de un delincuente y de diversas bandas; y que a su vez permita georreferenciar ubicaciones e inclusive sugerir en dónde se debe empezar la búsqueda del criminal.

Menciona que se debe reformar el sistema penal, para no sobrepoblar las cárceles del país, aplicando los métodos de seguimiento electrónico como los grilletes, para personas que no implican mayor peligrosidad, no para corruptos que evaden sus penas, recalca.

Esto, sugiere, en paralelo al proceso de excarcelar a quienes no sean delincuentes de alta peligrosidad y puedan pagar su condena mediante otros métodos.

“Se deben reformar las sentencias para permitir que los presos puedan ocupar su estancia en la cárcel, para trabajar por la comunidad realizando obras y servicios que les permitan aprender un oficio y generar recursos para sus familias inclusive”, expresa Sampietro.

Refiere que el Gobierno se podría apoyar en la academia y programas internacionales de ONG que estimulan este tipo de iniciativas.

“Los reos deben recibir educación, capacitación y métodos para cambiar su conducta, pues aunque existen algunos que solo quieren delinquir, existen otros que sí desean reformarse”, expone él.

Sostiene que aunque esta y muchas otras ideas pueden ser aplicadas a la par de generar empleo y cambiar la mentalidad mediante la educación, actualmente la solución debe ser más radical e instantánea.

Por ejemplo y pese al coste, cita, cada tres meses se debe rotar aleatoriamente a los presos de mayor peligrosidad en las distintas cárceles del país (las más seguras). De esta manera, añade, no se les permite tener una base operativa desde la que puedan gestionar la delincuencia organizada.

Se deben blindar por completo las comunicaciones mediante inhibidores de señal efectivos y que sean verificados por organismos externos, ajenos al propio Ministerio que regular el sistema carcelario, dice.

“La Policía y Ejército deben hacer controles con sensores que permitan la detección de metales dentro de paredes, para de esta manera verificar la existencia de armamento y demás sustancias. Colocar escáneres avanzados en la entrada y salida de las prisiones para las visitas y aumentar el número de guías penitenciarios. Incluso, se podrían suspender de manera temporal, basados en el estado de excepción, las visitas de los criminales que estén siendo investigados por liderar las revueltas”, manifiesta. (I)