Cárcel de Turi, un terreno tenso en el que reclusos retienen a funcionarios y protagonizan masacres

Cuenca

Noticias relacionadas

Dos explosiones causaron preocupación en sectores de Cuenca

Por segundo día la cárcel de Turi sigue tomada por presos: policías y guías están retenidos en el interior

Incendio forestal en Azuay consume 300 hectáreas de bosque

La cárcel de Turi es una zona hostil y la crisis que se vive actualmente no es un hecho aislado. Desde el año 2020 los amotinamientos y los asesinatos se han vuelto constantes. En la masacre del 2021 fueron asesinados 24 internos y en la del 2022, otros 20.

El reclusorio ha sido el centro de la noticia en esta semana. El martes 29 de agosto los presos se tomaron los pabellones y el área administrativa y tienen retenidos a funcionarios policiales y guías penitenciarios.

Por ahora no hay una versión oficial del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), entidad que maneja las cárceles, pero extraoficialmente se habla de 57 retenidos. tanto en Turi como en otras cárceles del país, entre ellas en una de Machala, provincia de El Oro.

Tampoco se ha informado oficialmente cuántos funcionarios han sido liberados hasta el momento. Comunicadores del SNAI han comunicado a través del chat institucional “estamos trabajando para proporcionar datos oficiales”, pues “estamos constatando información desde territorio”.

Uno de los guías que estuvieron retenidos y fue liberado se comunicó con este Diario y contó que aún hay funcionarios retenidos.

Sobre esta última situación la gobernadora del Azuay, Consuelo Orellana, dijo a los medios que no puede pronunciarse, porque eso les corresponde a las autoridades del SNAI.

Un aspecto que se notó es que los reos que aparentemente dominan Turi pertenecen al grupo delictivo conocido como Los Lobos. El martes, desde los techos desafiaban a los policías a que les dispararan y públicamente decían que no tenían miedo porque eran de Los Lobos.

La cárcel de Turi abrió sus puertas en el año 2014 y uno de sus objetivos era volverlo un auténtico centro de rehabilitación social y dejar atrás a la vieja cárcel ubicada en el centro histórico de Cuenca.

En un video de archivo subido en la cuenta del Ministerio del Interior y que aún está disponible, el titular de la época, José Serrano, declaró: A partir de este momento “garantizamos la rehabilitación y la seguridad ciudadana de nuestros coterráneos”.

Pero con el paso de los años los problemas se empezaron a dar y desde el 2019 la situación se agudizó.

En el amotinamiento registrado el 1 de septiembre del 2019 no hubo muertos, pero los presos acabaron con 125 cámaras de seguridad, destruyeron el policlínico e hirieron a un policía, según lo que declaró esa noche el entonces gobernador del Azuay, Xavier Martínez.

En cárcel de Turi, en Cuenca, queman monigote de lagarto por disputas de bandas

El 28 de febrero del 2020 volvieron a mostrar su poder y dominio total sobre Turi cuando difundieron un video en el que se los observaba nadando en el patio de uno de los pabellones que lo convirtieron en piscina. Se lanzaban clavados desde los aros de básquet disfrutando así, a su manera, un feriado de carnaval.

Ese mismo año, pero en agosto, se difundió otra filmación en la que se observaba a un grupo de presos quemando un monigote en forma de lagarto, que hacía alusión a una banda delictiva del mismo nombre.

Del tema, el entonces gobernador Martínez declaró a EL UNIVERSO que eso respondía a “pleitos o disputas entre (las bandas de) Los Lagartos y Los Lobos”.

Los años venideros serían los peores en la historia de Turi. El primer gran suceso ocurrió el martes 23 de febrero del 2021, cuando en Ecuador explotó la primera crisis carcelaria nacional que causó 79 muertos y solo en Turi 24.

De este caso, la Fiscalía logró procesar a dos ciudadanos como posibles autores, pero sigue la investigación.

Amotinamientos en cárceles de Ecuador: 3 claves que explican qué hay detrás de la peor masacre carcelaria de la historia del país

Un año y un mes después, el 3 de abril de 2022, se dio otra masacre en el rebautizado Centro de Privación de Libertad, aquí el resultado final fueron 20 reclusos asesinados, 10 heridos y el pabellón de máxima seguridad destruido.

Relacionado con este caso, el 19 de abril la Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte de Justicia del Guayas aceptó parcialmente un habeas corpus para Alexander Q., uno de los cinco prisioneros trasladados a La Roca (Guayaquil) por esta matanza.

También fueron trasladados Marvin C., Juan M. y Eduardo M., identificados como miembros de Los Lobos, así como Marcelo A., considerado uno de los cabecillas de la banda R7.

Pero en esta incertidumbre también hubo intentos de calmar las cosas y el 2 de agosto de 2022, los internos autoidentificados como Los Lobos y las autoridades del SNAI y la Policía Nacional firmaron un acuerdo de paz, como un acto previo al censo penitenciario que se desarrolló el 31 de agosto.

Pero en este 2023 siguieron los problemas y en marzo el entonces director, Omar León, renunció tras la difusión de unas volantes en las que los internos exigían su salida por supuestas irregularidades. Botaron los papeles en los bajos del Complejo Judicial, y en una declaración pública no tuvo problema en decir que quienes mandan ahí son los delincuentes.

La cifra por la masacre en la cárcel de Turi sigue subiendo

Luego, el 4 de abril retuvieron a 56 guías penitenciarios, 10 mujeres y 46 hombres, que fueron liberados sanos y salvos a las pocas horas. Se conoció que eso fue una reacción “solidaria” por los asesinatos ocurridos el día anterior en la cárcel La Roca.

El 4 de julio de este mismo año, un grupo de aproximadamente 50 reos se tomó el patio exterior de Turi para reclamar una deficiente atención del Ministerio de Salud Pública, en esa jornada la situación no pasó a mayores. 20 días después se volvió a encender la alerta por la retención de 35 guías que fueron liberados sanos y salvos.

Y esta semana, Turi volvió a ser noticia por una nueva retención de funcionarios. Esto se ha dado en medio de un estado de excepción que rige en el sistema penitenciario desde julio pasado por 60 días. (I)