La seguridad en Guayaquil fue uno de los asuntos que más confrontó al Gobierno nacional con la administración municipal de Cynthia Viteri, quien será sucedida en la Alcaldía por Aquiles Álvarez el próximo domingo 14 de mayo, luego de cuatro años de gestión que significaron el último periodo de 31 años de hegemonía del Partido Social Cristiano (PSC) en la urbe porteña.

Algunos expertos consideran que en gran parte se trató de una pugna discursiva innecesaria que terminó afectando lo que pudo ser un accionar coordinado en contra de la delincuencia en el Puerto Principal del Ecuador.

Y es que si bien, en reiteradas ocasiones, la alcaldesa saliente remarcó que la seguridad no es un tema de competencia municipal, en la práctica destinó recursos económicos en una suma considerable bajo la premisa de colaborar con la Policía.

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De su parte, el régimen actual insistió a través de diferentes funcionarios que el cabildo porteño al igual que el resto de municipios del país tienen, por ley, responsabilidades que cumplir respecto a la seguridad. En Guayaquil, la situación ha sido compleja por el recrudecimiento de la violencia criminal impuesta por bandas delictivas señaladas de tener vínculos con el narcotráfico internacional: los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, ambas de México, por citar solo dos.

Extorsiones o cobro de ‘vacunas’, secuestros, asesinatos a plena luz del día y ataques a pequeños y medianos negocios con explosivos han sido la tónica de estos años. Incluso los mismos uniformados y sedes policiales han sido blanco de ataques de los grupos delincuenciales.

Más allá de la inversión municipal en materia de seguridad los resultados no se reflejaron, al menos no en la medida de lo esperado, pues la violencia criminal nunca se frenó y en esa ‘guerra entre bandas’ que se desató en las calles por la pugna, entre otras cosas, por el territorio para expendio de droga, según el Gobierno central, empezó a morir gente inocente como víctimas colaterales de un conflicto del cual eran totalmente ajenos.

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Niños, padres de familia y adultos mayores se contabilizan entre los caídos en los diferentes sectores de Guayaquil que tiene en el distrito Nueva Prosperina, en el noroeste de la ciudad, el punto más conflictivo en cuanto a seguridad se refiere.

En el que sería su último enlace radial, la propia Cynthia Viteri reconoció esa falta de resultados pese a la inversión hecha por el cabildo administrado por ella. Lo hizo insistiendo en que intervino en temas que no le correspondían.

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“Ejemplo: invertimos decenas de millones en la Policía Nacional. Ahora, ¿dígame usted, los resultados los ve la gente?, no. Entonces, tal vez, lo que hubiera hecho yo es decirle al Gobierno usted hágase cargo de los suyos como yo me hago cargo de los míos. Y ese dinero que invertimos en la Policía Nacional en equipos, vehículos, sistemas de comunicación, el 911 yo se lo dejo a Guayaquil para sus obras y servicios, y usted pague lo que debe pagar”, expresó ella.

En enero de este año una de las muertes violentas se registró en las calles 17 y la O, suburbio de Guayaquil. Foto: Captura de video

Competencia de los municipios en seguridad, según el Cootad

El Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad) establece las competencias de los municipios en materia de seguridad en dos artículos: el 54 y el 60.

En el primero se establece que son funciones de los cabildos: “Crear y coordinar los consejos de seguridad ciudadana municipal, con la participación de la Policía Nacional, la comunidad y otros organismos relacionados con la materia de seguridad, los cuales formularán y ejecutarán políticas locales, planes y evaluación de resultados sobre prevención, protección, seguridad y convivencia ciudadana”.

Mientras que el segundo artículo señala como atribución de alcaldes o alcaldesas: “Coordinar con la Policía Nacional, la comunidad y otros organismos relacionados con la materia de seguridad, la formulación y ejecución de políticas locales, planes y evaluación de resultados sobre prevención, protección, seguridad y convivencia ciudadana”.

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Más de $ 300 millones destinados a seguridad

Desde el 2019 hasta noviembre del 2022, la administración de Cynthia Viteri dio cuenta de una inversión de $ 306′650.780 a través de la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil (CSCG), la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM), el Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano, otras direcciones y entidades involucradas en acciones de orden y control, seguridad y prevención del delito.

Así consta en la página web del cabildo porteño, y se desprenden de ese monto $ 134′130,000 invertidos por la CSCG en la adquisición de la central de llamadas 911 Guayaquil; el proyecto Perla Élite con 63 camionetas negras, su respectivo equipamiento y accesorios, más carga de combustible; la aplicación de seguridad AlertApp Guayaquil con 100 alarmas comunitarias en Miraflores, Urdesa, Los Ceibos, Garzota, entre otros sectores.

Se incluyen también los 20 vehículos de intervención rápida (VIR-paramédicos motorizados) con su respectivo mantenimiento y servicio de transmisión de GPS; 2.600 cámaras operativas en el sistema Ojos de Águila y 15.000 cámaras con inteligencia artificial; seguridad privada en puntos estratégicos de la ciudad, 600 botones de auxilio para mujeres víctimas de violencia, 60 chalecos antibalas y 60 cascos antibalas, para los conductores de 60 camionetas asignadas al patrullaje preventivo.

Parte de esta inversión abarca, además, las 24.000 cámaras para 6.000 vehículos (4 instaladas por cada automotor), botones de auxilio (dos por carro), el Centro de Control Integrado de Tránsito y Transporte (CCITT) y el servicio de vigilancia y Seguridad Privada con arma no letal en el sistema Metrovía.

Otro rubro que se contabiliza en los más de $ 300 millones es el de $ 8 millones de enero a octubre de 2022 en el financiamiento de herramientas para la Policía Nacional.

Sin embargo, desde el 2019 hubo aportes como 55 motocicletas, 117 balizas (camionetas y motos), 1.800 baterías, 200 radios portátiles, 10 vehículos para investigaciones, alquiler de 65 camionetas blancas manejadas por policías, cámaras de videovigilancia portátil, 100 celulares, 4 drones. Además, 100 cascos, alimentación y combustible.

El pasado jueves 27 de abril este Diario solicitó al Municipio información actualizada sobre la inversión del cabildo porteño en materia de seguridad durante la administración saliente, pero hasta la publicación de esta nota no hubo respuesta.

En 25 de abril hubo un asesinato al estilo sicariato en la avenida Domingo Comín, por la estación de la Metrovía del sector conocido como Tulipanes. Foto: El Universo

Trabajo debe enfocarse en la prevención

Fernando Carrión, docente universitario y especialista en temas de seguridad, sostiene que si bien la época que vive Guayaquil en cuanto a la violencia criminal no ha sido fácil, considera que Cynthia Viteri tornó más complicado el escenario, en la medida en que su postura dio origen a un conflicto con el Gobierno nacional a nivel discursivo que entorperció, hasta cierto punto, un accionar coordinado.

“Y esto con una cosa absolutamente paradójica. Señalando que no es competencia de la Municipalidad el tema de la seguridad, sin embargo, haciendo inversiones considerables en el ámbito de la seguridad. No es competencia de la Municipalidad, pues, la Contraloría debería intervenir, pero efectivamente lo es”, refiere el académico.

¿Faltó seguimiento municipal a los recursos destinados a la Policía? Carrión considera que sí, aunque cree que a nivel nacional ningún cabildo debería financiar a la institución del orden público ya que esta es una tarea del Gobierno central, a través del Ministerio de Finanzas.

El especialista sugiere que en la nueva administración municipal para evitar esta colaboración infructífera la primera acción sería establecer de forma conjunta, con el régimen actual, una coordinación explícita en materia de seguridad ciudadana.

“Y en esa perspectiva yo lo que creo es que el Gobierno nacional como tiene justicia, tiene cárcel (manejo) y tiene policía, y los gobiernos locales no lo tienen, lo lógico es que a nivel nacional se haga todo lo que significa represión y a nivel local que se haga todo lo que significa prevención”, menciona.

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Fernando Carrión explica que tiene dos ámbitos específicos. Uno es la prevención situacional, que tiene que ver con el manejo del espacio público, iluminación, dotación de tecnología, mobiliario, nomenclatura, entre otros componentes.

El segundo nivel, dice, es la prevención comunitaria que se refiere a establecer vínculos entre el Municipio y la comunidad, implementar una política de proximidad en términos de asignación de recursos. “Y la Policía en ese escenario también debería acompañar ese proceso, para que haya una policía comunitaria. Entonces, en esa perspectiva, el Gobierno local en el caso de Guayaquil con el Gobierno nacional, pues, coordinen para tener una política mucho más eficiente”, expresa él.

Carlos Sevillano, experto en seguridad nacional, sostiene que el tema en esta administración fue tratado empíricamente sin tener un plan estructurado para la ciudad.

“En Guayaquil se usaron los mecanismos realmente convencionales, no, el poner más guardias, el poner más personal de seguridad en las calles, se contrató a empresas privadas para el manejo de seguridad en los espacios de transporte público, adicional se incrementó, sí, un apoyo a la Policía Nacional con vehículos, con cámaras, pero no fue basado en un real plan de seguridad, con una metodología aplicada a un proceso dinámico de acción: prevención y reacción ante los eventos de inseguridad”, analiza el especialista.

¿Qué debe hacer la nueva administración?

Para Sevillano lo primordial es elaborar un plan integral e interinstitucional de seguridad, que permita ejecutar acciones coordinadas con las instancias gubernamentales y en el que conste la competencia de cada nivel.

“El nuevo alcalde debería enfocarse en hacer un levantamiento de información integral de la situación social, económica, de salud y parámetros limitantes que tiene Guayaquil en ciertos sectores donde la accesibilidad de servicios básicos y otros son escasos”, manifiesta y añade que una vez con esa especie de radiografía se debería definir el trabajo articulado.

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La desocupación de los jóvenes los lleva a delinquir

Carlos Sevillano plantea que la desocupación en la que se encuentran actualmente muchos jóvenes, principalmente en las sitios marginados sumado a la desatención en cuanto a servicios e infraestructura urbana los lleva a relacionarse con las bandas delictivas.

Para combatir aquello el Gobierno local y el central tienen que hacer presencia en esos sitios para generar confianza en la ciudadanía.

“Sí necesitamos una articulación interinstitucional tanto desde los entes de salud, de seguridad, de educación, de formación continua en los sectores de alto riesgo para generar presencia del Estado, generar un mecanismo de acercamiento a la ciudadanía y, sobre todo que permita buscar mecanismos de asegurar y dar seguridad a las áreas y a los ciudadanos de Guayaquil”, concluyó. (I)