El dirigente indígena y excandidato presidencial Yaku Pérez respondió este jueves al presidente Daniel Noboa, luego que el mandatario lo invitara públicamente a realizar una marcha contra la minería ilegal. Pérez rechazó el señalamiento y afirmó que su lucha contra toda forma de extracción minera es histórica y permanente.
Pérez sostuvo que su posición es clara: “Estamos en contra de toda actividad antrópica que cause daños, degradación o afectaciones al agua, a los territorios, a los manglares, a los bosques; sea esta o que provenga de minería legal, ilegal, formal o informal, pequeña, mediana o grande. Que quede claro”.
Recordó que no solo han organizado marchas, sino que también han presentado denuncias penales en la Fiscalía y amici curiae para evitar la contaminación y proteger las vertientes de agua. “Toda la vida ha sido convicción por sensibilidad social, ecológica y defensa de la vida del planeta”, expresó.
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Además, le recordó a Noboa que el combate a las economías criminales vinculadas a la minería ilegal recae principalmente en el Ejecutivo.
“La responsabilidad no solamente es nuestra; es sobre todo de usted. Porque usted, de acuerdo con los artículos 141 y 146 de la Constitución, es jefe de Estado y jefe de Gobierno; por lo tanto, es la autoridad máxima de la Policía y de los militares. En sus manos está el combate. Si realmente quiere combatir estas economías criminales, accione”, afirmó.
El comentario de Noboa que originó la respuesta
Horas antes, el presidente Daniel Noboa reavivó su pugna con Pérez al cuestionar su papel frente a la minería ilegal y desafiarlo a movilizarse contra estas actividades.
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“Lo invito a Yaku Pérez a que vaya a hacer una marcha en las mineras ilegales. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no tratan de parar ellos la minería ilegal? Los invito a que luchen con el Estado contra la minería ilegal”, dijo en una entrevista con el exalcalde de Quito Jorge Yunda, la noche de este jueves, 27 de noviembre.
Noboa insistió en que la minería ilegal es actualmente “lo más dañino para nuestro medioambiente y para nuestra economía”.
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En ese contexto, resaltó que su Gobierno ha cerrado 700 bocaminas en Buenos Aires, en Imbabura, lo que —según señaló— representa “19 toneladas de plomo en bombardeos en esa zona y en Azuay”, provincias donde afirmó que existe una alta concentración de minería ilegal.
Antecedentes del conflicto
La tensión entre ambos se profundizó por el proyecto minero Loma Larga, en Quimsacocha, Azuay, impulsado por la empresa Dundee Precious Metals. Pérez denunció al mandatario, a su esposa (Lavinia Valbonesi) y a ejecutivos de la empresa por presunto tráfico de influencias y cohecho. La causa fue archivada por la presidenta de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Daniella Camacho.
Tras el archivo, Noboa aseguró mediante una carta que la acusación “carecía de sustento legal y de cualquier prueba”. (I)
