La vicepresidenta Verónica Abad pidió a un Tribunal de Garantìas Penales de Quito que ordene al presidente de la República, Daniel Noboa, le asigne nuevas funciones sin su degradación y que se abstenga de cualquier acto ulterior de persecución y hostigamiento.
Este miércoles, 29 de enero, el Tribunal de Garantías Penales de Quito instaló la audiencia pública para tratar la acción de protección planteada por la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, en contra de cinco decretos ejecutivos, entre ellos, los que designaron a Cynthia Gellibert como vicepresidenta en su reemplazo.
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En la audiencia, a través de sus abogados, Abad realizó algunos pedidos:
Como garantías de no repetición pidió que se ordene al presidente Daniel Noboa que proceda con la asignación de nuevas funciones sin su degradación; además que se ordene al primer mandatario que se abstenga de cualquier acto ulterior que reincida en el comportamiento juzgado, así como toda forma de persecución y hostigamiento.
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Como medidas de satisfacción solicitó al tribunal que se ordene al presidente Daniel Noboa Azín, que en un mensaje audiovisual dirigido a la nación, en un horario de alta difusión, de manera personal e intransferible, ofrezca disculpas públicas a Verónica Abad Rojas, vicepresidenta de la República.
Y como medida de compensación pidió que se ordene a Noboa que proceda con el pago de los honorarios profesionales de sus abogados defensores en esta causa.
El abogado de la accionante, Damián Armijos, dijo que Noboa la ha degradado al nombrarla embajadora y luego encargada de negocios.
Por su parte, la Presidencia de la República, representada por la abogada Mercedes Mediavilla, sostuvo que Verónica Abad lo que está haciendo es judicializando la política. Que no cabe la acción de protección, que esto ya se ha tratado en otras instancias y que no hay degradación por designarla embajadora en Turquía.
Mediavilla pidió al Tribunal que declare improcedente la acción de protección, incluso porque los decretos que son el eje de la controversia, han sido derogados.
“No hubo vulneración de derechos políticos”, anotó la funcionaria gubernamental y criticó a Abad porque pretende insinuar que como no le gusta la función que se le ha asignado, entonces alega discriminación.
Defendió la potestad del presidente Daniel Noboa para suscribir decretos y asignarle funciones a quien ejerza la Vicepresidencia de la República porque es un mandato constitucional; y, advirtió que la segunda mandataria podría incurrir en delitos penales porque no usó los pasajes de avión que se adquirieron desde la Vicepresidencia para que emprenda su viaje hacia el Medio Oriente.
En respuesta, el abogado de Abad, Damián Armijos, aclaró que los pasajes se compraron el 18 de enero para que viaje el domingo, 19 de enero, tratándola como una “encomienda” y aun más, cuando no se había previsto a dónde llegaría.
Armijos reiteró el pedido para que se disponga al primer mandatario para que asigne las funciones a Abad de acuerdo con la Constitución, porque no se puede en el ejercicio de sus funciones, desconocer a la Vicepresidenta como sujeto de derechos.
La Presidencia insistió a los jueces que desestimes la acción, que se la archive y que se declare en contra de Abad la causal de abuso del derecho, porque ha impulsado otras acciones jurisdiccionales. (I)