El proyecto de Ley de Seguridad del Gobierno establece dos diferencias frente a la legislación vigente respecto al uso progresivo de la fuerza: incluye a los militares en esta regulación y establece que, en los procesos judiciales, los administradores de justicia deberán partir del “principio de inocencia” para los uniformados, por lo que el acusador deberá demostrar lo contrario.